La Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil en Salta convoca a una marcha este miércoles 8 de febrero, a partir de las 17, en la plaza 9 de Julio, al cumplirse tres años de la muerte del joven Jorge "Guri" Farfán Vera, en circunstancias en que había sido detenido por policías de la comisaría del barrio Santa Ana.
Jorge Farfán, padre de "Guri" Farfán Vera y miembro fundador de la Comisión de Familiares, responsabiliza por esta muerte a cuatro efectivos de la policía salteña y a miembros de una familia que lo golpearon antes, ninguno está imputado.
“Hacemos la actividades el tercer año ya. La causa judicial no avanzó nada. El Ministerio Público Fiscal mandó a realizar pruebas toxicológicas. No llegó ningún resultado todavía. No mandaron las fotografías y videos (de la autopsia)", dijo Farfán a Salta/12.
Con su abogado, Ramón Molina, Farfán se opuso al envío de esas muestras porque según le indicó su perito de parte, el médico Benito Mena, ya están vencidas. Este perito había cuestionado que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) concluyera que la muerte del Guri había sido provocada por un edema pulmonar atribuido al consumo de drogas. Mena dijo que no se habían realizado análisis cuantitativos de sangre para determinar qué sustancias habría consumido y cuánto.
En una ampliación de la junta médica en 2019 el perito de parte opinó que debía realizarse otra autopsia, e indicó que el cuerpo presentaba un traumatismo de cráneo leve que, de acuerdo al 1% de la estadística, podría haber ocasionado la muerte, y también pidió "que se vean los antecedentes". Los otros especialistas que participaron de esa junta coincidieron en que el cuerpo presentaba traumatismo de cráneo y lesiones.
"(Guri) Tenía golpes, hematomas y escoriaciones en el cuello, en el pecho. Tenía morado en la zona pectoral, eso se nota en la fotografía del CIF, golpe en la cabeza, sangre en la nariz, eso también fue agregado a la junta médica, (pero) para la Fiscalía no tenía relevancia porque los golpes no eran de una envergadura tal para causarle la muerte a una persona", dijo a Salta/12 el abogado Farfán. Otro perito de parte, Marcos Cabezas, había señalado que el cuerpo tenía traumatismo cerrado de cráneo, tórax o de abdomen.
Ante esa duda que generó el pedido de Mena para que se hiciera una ampliación de la junta médica convocada por la fiscala Verónica Simesen de Bielke durante su intervención en la causa, el último fiscal, Leandro Flores, luego de más de dos años, decidió enviar muestras biológicas para su análisis al laboratorio de la morgue judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los resultados de esas pruebas aún se desconocen.
Farfán indicó que no ha recibido ninguna notificación de la Fiscalía hasta el momento y tampoco sabe si Flores sigue interviniendo. "¿Cuántos fiscales han pasado por la causa de Guri?, perdí la cuenta. Todos los fiscales que pasaron siguen en la Ciudad Judicial. No existe ningún policía detenido ni imputado, por la tortura seguida de muerte", cuestionó.
Según pudo establecer su familia, la noche del 8 de febrero Guri estuvo reunido con otras personas, entre ellas unos jóvenes de apellido Contreras, en algún momento fue despojado de su vestimenta y fue visto corriendo en ropa interior, pidiendo ayuda, más tarde fue visto cuando era golpeado frente a una casa supuestamente porque unos vecinos creyeron que quiso robarles. En esas circunstancias fue detenido por policías de Santa Ana. Según el relato oficial, falleció cuando era ingresado a la Comisaría.
Farfán enumeró los apellidos de los efectivos que intervinieron en el operativo de traslado de su hijo a la comisaría: Fadel, Guitián, Gómez y Morales. Recordó que esa noche a su hijo le robaron una riñonera con $8.000 que tenía para pagar albañiles de la casa que estaba construyendo, y también le sustrajeron un celular.
"Primero dijeron que había venido cometiendo tres ilícitos", y luego la fiscalía descartó que el joven estuviera robando. "Lo mismo hicieron con Cristian Gallardo (otro joven que murió en un operativo policial), dijeron ( los policías) que se había robado un celular y se les cayeron los testigos", destacó el padre.
Desde hace tres años Farfán viene luchando por el esclarecimiento de la muerte de su hijo. En 2019 hubo otras 4 muertes de varones en operativos de la policía salteña, Cristian Gallardo, David Neri Ovejero Alfonzo, Martín Carreras y Ramón Matías Zárate. Las coincidencias de las circunstancias de estas muertes en las que aparecen como responsables efectivos policiales, llevó a sus familiares a encontrarse, a transitar los duelos, los pasillos de la Ciudad Judicial y las calles de Salta en búsqueda de justicia. También vienen enfrentando lo que Farfán nombra como "intentos de direccionar las causas" de la propias fiscalías intervinientes que deben investigar y esclarecer cada muerte. En 2021 se sumaron las muertes de Estéfano Barrios en Salvador Mazza y en enero de 2022 la del paciente oncológico Franco Centurión, cuyo padre denuncia que fue a consecuencia de los golpes que le dieron en la comisaría de Tartagal.
En la marcha de este martes, estarán familiares de las víctimas de gatillo fácil de Salta y también de otras provincias. "Mañana (martes) van a venir familiares de víctimas de Santiago del Estero, de Tucumán. Ya está en Salta la representante del colectivo contra el gatillo fácil de La Plata, Sandra Gómez, madre de Omar Zigarán, de 17 años, asesinado de un tiro en el pecho hace 9 años por un policía que está libre. Va a haber organizaciones de pueblos originarios. La lucha contra el gatillo fácil es una lucha contra el racismo porque nosotros para estos oligarcas somos negros de mierda, y la vida de los negros de mierda no tiene ningún valor. Por eso nos asesinaron a más de 7.900 personas en los años de democracia, es a nivel país que tenemos los familiares, por eso sostenemos que es un genocidio en democracia", expresó Farfán.
Además, recordó que el año pasado hicieron una manifestación en Buenos Aires, y dijo que tuvo una reunión con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que le dijeron que "saben cómo funciona (el sistema de justicia ante las denuncias de gatillo fácil) y que no pueden hacer nada. Y que saben que toman represalias con hijos y familiares. Saben de todo el genocidio y no pueden hacer nada. Todos los organismos públicos que deberían estar del lado de las víctimas, no lo están", afirmó.
