Se siguen conociendo testimonios de los integrantes de la Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, en la que detallan las amenazas que sufrieron por parte de la patota del magnate Joe Lewis.
"Nos amenazaron con hundirnos en el lago, con comerse a la parrilla a los que integraban la columna y con visitarnos a la noche para que no nos olvidáramos que no había que volver". Esto es parte del relato que compartió Sergio Cuestas, abogado de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), al denunciar el accionar de la patota que responde al empresario británico Joe Lewis durante la sexta marcha "por la soberanía" del Lago Escondido.
Desde FIPCA denunciaron pública y judicialmente el accionar de unas 50 personas armadas contra la columna que caminaba hacia el lago Escondido por el sendero de montaña habilitado, de unos 30 kilómetros.
"Cuando llegamos a la cabecera oeste del lago Soberanía, un grupo de 50 personas nos impidieron acceder a la costa, nos amenazaron, pincharon uno de los kayak y tuvimos que retroceder. La Policía nos dejó solos toda la noche y no conseguimos ningún medio para volver y comunicar lo que estaba sucediendo", explicó el abogado en el video difundido por la fundación.
Entre los atacantes, de los cuales 20 iban a caballo, los manifestantes pudieron identificar a Nicolás Van Ditmar, administrador de Hidden Lake."Es el dueño del establecimiento Arsoindo, que bloquea el acceso al Río Foyel, y es el administrador de Hidden Lake, la empresa de Joe Lewis. Muchos de esta patota son empleados de Hidden Lake, los pudimos reconocer”, precisó el abogado.
Asimismo, Cuestas detalló que los agresores "bloquearon el acceso sobre la servidumbre pública que la propia empresa Hidden Lake construyó para intentar impedir que se habilitara el camino Tacuifí" y que "lo hicieron en territorio provincial, no en sus tierras", momento en que recibieron una serie de amenazas.
La comitiva de manifestantes participaba de la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía del Lago Escondido y se encontraba en un camino autorizado por la Justicia cuando fue agredida el domingo pasado.
En el plano judicial, la justicia federal desestimó dos pedidos de hábeas corpus en favor de los manifestantes, pero también emitió una orden para que el Gobierno nacional y la provincia de Río Negro “rescaten a quienes necesiten ser rescatados”.
