En la nueva audiencia por el juicio de la obra pública en Santa Cruz, realizada este martes, se repitió el naufragio de la acusación, pero incluyendo algunos puntos que tuvieron un tono hasta humorístico. El testimonio de Aníbal Fernández, uno de los exjefes de Gabinete, resultó demoledor y hasta se exhibieron asombrosas contradicciones. El abogado de Lázaro Báez, Juan Villanueva, le mostró a Fernández una reasignación de partidas en la que le sacaron fondos a Santa Cruz y, por lo tanto, también a obras adjudicadas a Lázaro Báez, porque el invierno fue muy crudo, los trabajos no se pudieron hacer y entonces se enviaron partidas a obras de otras provincias. Es decir que el refuerzo de partidas no era siempre hacia la provincia sureña, sino que -según se vio en las planillas- benefició a muchísimos otros distritos. El defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, exhibió un DNU en el que también se redistribuyeron partidas. Tenía la firma de varios ministros, entre ellos Graciela Ocaña. “¿Ella objetó la asignación de esos fondos?”-, preguntó Beraldi. “No, no, no sólo no cuestionó nada, sino que puso la firma”, remató Fernández.

A la salida de Comodoro Py, donde el ministro de Seguridad estuvo declarando en forma presencial pese a que podía haberlo hecho por escrito, Fernández dijo: “Este juicio es un manoseo hacia la vicepresidenta. La ponen para el manoseo político, porque no van a encontrar nada de nada”.

Ante los jueces del Tribunal Oral, Fernández estuvo igual de categórico. “Cuando se elabora el presupuesto de cada año, en la oficina de presupuesto del Ministerio de Economía y luego en el Congreso, no se saben las empresas adjudicatarias de las obras. Además, se hacen licitaciones y participan varias empresas. Una licitación se puede impugnar, pero no ocurrió. Luego puede ocurrir que la empresa no cumplió con tal o cual cosa, pero eso tampoco es lo que se plantea en este juicio”.

Aníbal Fernández insistió también en el concepto de que no hubo desproporción en las obras asignadas a Santa Cruz, pero explicó que eso no significa que las cantidades fueran iguales para cada distrito, sino que se dispone la construcción de rutas con criterio de desarrollo, de estrategias de crecimiento y sociales. El ministro explicó que una desproporción plantea un conflicto con otros gobernadores, de manera que eso deriva luego en problemas para aprobar el presupuesto en Diputados y Senadores. “Un presidente o presidenta ni siquiera firma la Ley de Presupuesto y los presidentes con los que yo trabajé -Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Alberto Fernández-, todos, tuvieron una mirada honesta sobre la distribución del presupuesto”.

Como los otros exjefes de Gabinete que declararon, Fernández coincidió en que un presupuesto es un trabajo complejo en el que interviene una enorme cantidad de ministerios y oficinas del estado, se vota en el Congreso Nacional y luego es controlado por el Congreso Nacional, mediante el dictamen de la Auditoría General de la Nación y el voto de las dos cámaras en lo que se llama Cuenta de Inversión, que es la aprobación de todo lo que ingresó y lo que se gastó. O sea, que desde el punto de vista legal, hasta podría decirse que todo el peso de la responsabilidad es de quien convierte el presupuesto en ley y quien después lo controla: el Congreso. 

La semana próxima, le tocará el turno al presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien irá personalmente a Comodoro Py. El mandatario está facultado para declarar por escrito, pero aseguró que lo hará en forma presencial. El último en declarar de los exjefes de Gabinete será Sergio Massa, el día 21 de febrero. Por ahora, su intención es hacerlo por Zoom.