El empresario Marcos Jacobo Levín está más cerca de llegar a un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, acusado de instigador de las detenciones ilegales, y en algunos casos torturas, a 16 trabajadores de La Veloz del Norte. Estos hechos se cometieron cuando imperaba la última dictadura cívico militar, entre diciembre de 1976 y enero de 1977, años en que la transportista le pertenecía.  

La posibilidad de que se realice el debate oral en tiempo prudencial se abrió luego de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de la defensa del empresario y de sus otros "consortes" de causa, los policías Víctor Hugo Almirón, acusado como coautor de las privaciones ilegítimas y tormentos, y Enrique Víctor Cardozo, acusado en calidad de coautor, y el ex jefe de personal de La Veloz, José Antonio Grueso. 

En el caso de Grueso la acusación es por delitos cometidos en perjuicio de 17 personas, porque se suman los hechos de los que fue víctima Víctor Manuel Cobos, que era delegado de la UTA en la empresa y por cuya detención ya fueron juzgados y condenados Levín, Cardozo y el también policía Víctor Hugo Bocos. Esta sentencia no está firme, porque desde 2017 espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la dictadura Levín acusó a varios trabajadores por una supuesta estafa. Esa denuncia dio pie a las detenciones y vejámenes cometidos en la Comisaría 4° de la ciudad de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención y torturas durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Para la fiscalía, se trató de "maniobras destinadas a disciplinar a los empleados" y a eliminar la organización y reinvindicación de derechos laborales.

Estos hechos se vienen tramitando en dos causas distintas, porque en su momento la Justicia Federal de Salta admitió avanzar solo en lo relativo a Víctor Cobos, entendiendo que solo los actos cometidos en su perjuicio constituían delitos de lesa humanidad. Este proceso avanzó, llegó a sentencia en 2016 y ahora espera una decisión de la Corte Suprema. 

Por otro lado, les otres trabajadores apelaron la decisión de cerrar la investigación sobre sus detenciones y lograron que en 2018 la Corte Suprema ordenara que continuara abierta la causa y en 2020 el juez federal Julio Bavio procesó a Levin, Almirón, Cardozo y Grueso. 

Esta decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelación de Salta, una resolución que fue recurrida por las defensas y así se llegó a Casación. 

En una resolución de finales de diciembre pasado, pero que se conoció ahora, Casación Penal declaró "inadmisibles" los recursos de casación interpuestos por las defensas y posibilitó así que la causa regrese al Juzgado Federal N° 1 de Salta, donde ahora la Fiscalía prepara el requerimiento de elevación a juicio. 

En una decisión unánime, los camaristas Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos coincidieron en que la resolución de Apelaciones de Salta no reune los requisitos para ser objeto de un recurso casatorio, porque no es una sentencia definitiva. "El ordenamiento procesal establece una delimitación objetiva para la procedencia del recurso casatorio que, en lo sustancial, exige que se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o equivalente, entre las que no se encuentran, por vía de principio, la cuestionada en autos", sostuvo Riggi, el primero en votar. 

Tanto este camarista como Hornos destacaron también que la decisión cuestionada por las defensas pasó el filtro de la Cámara Federal de Apelaciones, "garantizando de ese modo la 'doble conformidad judicial', 'derecho al recurso' o 'doble conforme'", añadió Hornos.