“Lo cierto es que estuve en Santa Victoria Este (SVE, municipio del departamento Rivadavia) y hablé con distintos caciques y no quieren vacunarse. Entienden que no es bueno vacunarse y les dije que científicamente estaba comprobado que era bueno”. La afirmación fue el esbozo de respuesta que dio ayer a los medios el gobernador Gustavo Sáenz, ante las consultas por las muertes de niños y niñas de las poblaciones indígenas en el norte provincial. 

“Nos oponemos porque anteriormente pedimos información concreta y como corresponde de las vacunas y no nos dieron”, explicó por su parte el presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza. “Ninguna generalización es buena”, señaló por su parte la médica wichí Tujuayliya Gea Zamora. En las posturas de quienes fueron aquí consultados subyace la siempre ausente visión de la interculturalidad necesaria en el sistema sanitario.

La última resolución judicial en torno a este tema fue emitida por el vocal del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, quien el 19 de enero pasado, y en el marco de un amparo con medida cautelar presentados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ordenó al gobierno de Salta que garantice albergues para las personas, y sus parientes, que deban ser trasladadas por razones de salud a la ciudad de Salta y a otros centros urbanos de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, comprendidos en la declaración de la emergencia socio sanitaria. 

El juez también ordenó que se incorporen facilitadores interculturales en los hospitales públicos salteños. Sin embargo, la Fiscalía de Estado de la provincia apeló la resolución, informó a Salta/12 el delegado de ACIJ en Salta, el abogado Martín Plaza. Si bien la apelación no afectaría la orden judicial con “efecto devolutivo”, Plaza entendió que hasta ahora no hay garantía alguna de que la decisión judicial se esté cumpliendo. Afirmó que si bien en el nuevo Centro de Recuperación Nutricional de SVE se nombraron tres facilitadores del Pueblo Wichí, pero los que se desempeñan en el hospital local pertenecen al Pueblo Chorote, cuando “la población originaria mayoritaria es wichí”.

Con esta apelación a una decisión que hace al fondo de la problemática sanitaria en la zona, no solo por las vacunas, sino también por la débil atención del sistema sanitario en las comunidades originarias, la provincia entraría en una contradicción con el discurso público y las acciones recientemente desplegadas para, supuestamente, mejorar la condición de las comunidades originarias.

La interculturalidad borrada de la estructura

Ya en enero de 2020 Salta/12 daba cuenta de que el programa de Relaciones Interculturales (que venía con personal insuficiente, pero al menos funcionando) había desaparecido de la estructura del Ministerio de Salud. En cambio, en ese momento el gobierno decidió incluir el área de Bienestar Animal dentro de la estructura de la cartera sanitaria. La salud animal fue uno de los puntales de la gestión municipal de Sáenz para su campaña como gobernador.

En una entrevista que cedió la semana pasada a Salta/12, el ministro de Salud, Juan José Esteban, afirmó que se iniciará un trabajo conjunto y complejo para abordar las adicciones en las comunidades indígenas, uno de los flagelos sobre los que viene llamándose la atención desde hace años ya, pero sin respuestas efectivas hasta ahora. El ministro mencionó a Elfi Joker, que estaba al frente del programa de Relaciones Interculturales, como una de las profesionales a tomar en cuenta para desplegar el trabajo en territorio. La intención de dar la base de interculturalidad al sistema sanitario también fue manifestada por funcionarios de Salud ante Martín Plaza en el marco de la cautelar ordenada por Barrionuevo. Eso fue antes de conocerse la apelación.

El lunes, en tanto, el Ministerio de Seguridad y Justicia convocó a una mesa interministerial en la que solamente estuvo sentada la mujer wichí Octorina Zamora. El objetivo del encuentro era poner en común las acciones que se realizan en las comunidades originarias según sus problemáticas. En comunicación con Radio Nacional la directora del programa de Asistencia a Víctimas de Delitos Graves e la Secretaría de Justicia, Carla Tiano, explicó que si no había otros referentes era porque no estaban invitados al menos a este primer encuentro.

Las recurrentes reacciones de las gestiones gubernamentales (sin distinciones de color político) suelen tener siempre como disparador los efectos más desgraciados de las vulnerabilidades que abundan en los pueblos originarios. Esta vez fue la muerte de dos niños en La Puntana (en SVE), y de una chica de 18 años (todos wichí), por causas evitables, además del femicidio de la niña de 12 años, Pamela Julia Flores, de Kilómetro 2 (en Rivadavia Banda Norte), en el cual subyace además el problema de las adicciones.

Ahora, la resolución no solo de este amparo, sino también el presentado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), liderada por Marisa Graham, está en manos de la Corte de Justicia de Salta, que hasta ahora, por lo que se pudo saber, solo pidió conocer los expedientes.

Rivadavia con el menor nivel de vacunación

“Acá en La Puntana el otro día todos los caciques hemos rechazado la vacuna del covid porque viene uno y dice una cosa, y otro dice otra. La gente dice que le hace mal la vacuna… si hubiera médicos que expliquen en medio de la gente no habría problema”, dijo a Salta/12 Abel Santillán, uno de los caciques del paraje ubicado en la frontera argentino-boliviana, dentro del municipio victoreño.

“Vemos que la vacuna no es favorable porque todos se están contagiando y sufren lo físico”, manifestó a su turno el líder de la UACOP. Afirmó que son las comunidades las que afirman que no van a vacunarse y desde la organización hay una oposición porque “anteriormente pedimos información concreta y como corresponde de las vacunas porque los vacunados aún sufren decaimientos y dolores físicos”. 

Si bien por ahora en el país no rige la obligatoriedad de la inmunización contra la covid, Abel Mendoza dio a entender que en las comunidades se impone la vacunación. “Entonces hemos elevado una nota al titular de la Cámara de Diputados (de la Nación), Sergio Massa, para reclamar que no sea una obligación”, dijo. Aclaró que no están "en contra de todas las vacunas porque hay algunas que se pueden aplicar, pero la de la covid no”.

“En las comunidades hubo quienes no quisieron dejarnos ingresar cuando se hizo el (Programa) Detectar y lo mismo pasó con la vacuna”, contó Gea Zamora, aunque aclaró que de todas maneras, no es la totalidad de las comunidades la que se resiste a la vacunación. Añadió que en aquel momento vio que algunos funcionarios quisieron hacer cambiar de opinión ofreciendo mercaderías a cambio. “Es una discusión interesante saber cómo se aplica la política sanitaria desde lo intercultural. La discusión tiene muchas deudas por la falta de participación indígena en los procesos”, opinó la médica, que es del Pueblo Wichí, al entender que los espacios de discusión se debe abrir con quienes tienen una representación legítima y legitimada por las comunidades.

Mientras, según números publicados por el director de la consultora Ambientalgis, Juan José Correa, al 13 de enero pasado Rivadavia tenía 19.232 personas vacunadas con al menos una dosis, de las 35.109 que se estima hay en ese departamento, según las proyecciones estadísticas 2020-2021. Esto representa el 54.7 por ciento de la población de ese departamento que se erige como la jurisdicción con menor porcentaje de personas vacunadas.