La expresidenta de facto boliviana, Jeanine Áñez, se declaró en huelga de hambre un día antes de que empìece el juicio en su contra por el golpe de Estado que la llevó al poder tras el derrocamiento de Evo Morales. En el caso denominado "Golpe II", Áñez es acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que se consumara el golpe contra Morales. La Fiscalía solicitó la pena máxima de diez años para la exsenadora.
Huelga de hambre y dardos al gobierno
"Bolivianos: hoy desde mi celda en (la cárcel de) Miraflores, La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley", dijo Áñez en una carta leída a los medios de comunicación por su hija, Carolina Ribera.
"Veo que mi acción podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que la justicia es de Evo Morales y de Luis Arce", afirmó la exgobernante de facto, sobre quien pesan varias denuncias que van de las irregularidades para su investidura presidencial a su responsabilidad en distintas masacres de manifestantes contrarios al golpe de 2019. "Estoy enferma, pero mis últimas fuerzas las dedicaré para mostrar al país y al mundo que estos machos del poder no podrán borrar de la historia que cometieron fraude, fueron encontrados y renunciaron escapando del país", agregó en el texto.
Áñez, detenida desde marzo de 2021, denuncia de forma constante que se violaron "todos sus derechos y garantías" durante el proceso. Sin embargo, en octubre del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó una solicitud de medidas cautelares a favor de la detenida expresidenta interina. La defensa de Áñez había solicitado las medidas a fines de agosto pasado señalando "amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de la vida e integridad personal de la exmandataria".
Las observaciones de la defensa
La defensa de Áñez se prepara para el inicio del juicio de este jueves, donde citaron a 45 testigos y presentarán seis observaciones respecto a la entrada de esa etapa. El abogado de la exsenadora, Alain de Canedo Ostria, acusó a la Fiscalía de realizar "una investigación apresurada, con solo los elementos de cargo a favor del gobierno".
En la misma línea, sostiene que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue quien anunció el ingreso a la etapa de juicio oral, mientras que el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó en enero que Áñez podría ser sentenciada a doce años de prisión. "Obviamente, se demuestra una injerencia del órgano ejecutivo en el órgano judicial. Sea por protagonismo o por torpeza, estos ministros están dando las directrices de cómo va a ser el juicio", acusó Ostria en declaraciones al diario Página Siete.
Los apoyos a Áñez
El expresidente boliviano y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se solidarizó con Áñez "ante la decisión de sacrificio personal para enfrentar la autocracia y la brutalidad masista, que vulnera todos sus derechos, la mantiene en un encierro vergonzoso y quiere someterla a un juicio espurio". La exmandataria interina recibió también el respaldo de 21 expresidentes de derecha que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).
En una carta pública, manifestaron que Áñez "tiene derecho a gozar de un juicio en libertad, del debido proceso y de una tutela judicial efectiva". Entre los expresidentes firmantes están el boliviano Mesa, el mexicano Felipe Calderón, el paraguayo Federico Franco, el uruguayo Luis Alberto Lacalle, el colombiano Álvaro Uribe y el argentino Mauricio Macri.
La causa Golpe de Estado II
El 10 de noviembre de 2019 el entonces presidente Evo Morales se vio forzado a renunciar a su cargo en medio de una serie de protestas por denuncias de presunto fraude electoral, un motín policial y una "sugerencia" de las fuerzas armadas para que dimitiera. Dos días después asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, mediante un cuestionado proceso de transición en el que presuntamente no se respetaron los reglamentos legislativos.
"En términos simples, lo que hizo la exsenadora fue autoproclamarse en presencia de medios de comunicación y representantes diplomáticos, sin cumplir con las formalidades establecidas en la Constitución y la Ley", señaló el ministerio de Gobierno de Bolivia en un comunicado publicado a mediados de enero al referirse al caso denominado Golpe de Estado II.
Entre las anomalías mencionadas por la Fiscalía boliviana, se destaca el hecho de que Áñez se colocó la banda presidencial en una sesión del Senado que no contaba con el quórum necesario para validar la ceremonia. Además, ante la forzada renuncia de Morales, la presidencia interina debía recaer en un legislador o legisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), ya que tenían mayoría de escaños, y no en el bloque opositor del que Áñez formaba parte.
Junto con Áñez, fueron implicados en la causa el excomandante de las Fuerzas Armadas, Palmiro Jarjury, exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce, excomandante del Ejército, Pastor Mendieta y el excomandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros Lara. Este último fue el que envió una carta a la embajada argentina en La Paz para agradecer la cooperación del gobierno de Macri por el envío de material represivo.
A su vez Williams Kaliman, excomandante de la Armada, y Yuri Calderón, exgeneral de la Policía Boliviana, también fueron convocados por la justicia pero se encuentran prófugos. La estimación de las autoridades políticas y judiciales es que el proceso se extienda durante semanas.
Otras acusaciones judiciales
Un segundo juicio por el golpe de 2019 se encuentra en proceso de preparación. En el caso "Golpe I", a Áñez se les imputan los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Por separado, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo esperan que el Parlamento autorice varios juicios de responsabilidades por delitos ocurridos durante el gobierno de facto, incluyendo masacres de opositores.
Cuando ya era presidenta de facto, Áñez emitió un decreto en el que disponía que el personal militar que participara en la represión de las protestas estaría "exento de responsabilidad penal". En los días posteriores más de 30 personas que protestaban contra el golpe de Estado murieron en lo que se conoce como las masacres de Sacaba y Senkata. Una investigación reciente de la CIDH concluyó que durante esas y otras protestas "la policía y las fuerzas armadas usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado".
