El Gobierno declaró de interés público la construcción del “Gasoducto Presidente Néstor Kirchner” como proyecto estratégico para el desarrollo del gas natural. La obra permitirá transportar gas natural desde la zona de Vaca Muerta, en Neuquén, hacia los centros de consumo y es considerada clave para el sector, dada la congestión actual de los caños que conectan los principales yacimientos no convencionales, que son los que más vienen creciendo en producción.
De todas formas, todavía no hay precisiones sobre cuándo podría comenzar el proceso licitatorio. Mientras tanto, el precio del gas natural licuado vuela en el mercado internacional, lo cual afectará la balanza comercial a partir de las importaciones de GNL y combustibles líquidos para afrontar los meses de mayor consumo este año.
La principal obra es el nuevo gasoducto Néstor Kirchner, que unirá Tratayén con el sur de Santa Fe pasando por Salíqueló, provincia de Buenos Aires. Además, está en carpeta la potenciación del Gasoducto Centro Oeste entre Tratayén y La Mora, la construcción del gasoducto entre las ciudades de Mercedes y Cardales en la provincia de Buenos Aires, la ampliación del Gasoducto San Martín, la finalización del gasoducto del Noreste Argentino y la repotenciación de la red hasta Uruguaiana.
Razones
En los considerandos de la norma, la Secretaría de Energía justifica que "en función de la menor disponibilidad prevista de gas natural producido en la cuenca noroeste y de gas natural importado proveniente de Bolivia, resulta imperioso implementar una solución a largo plazo como representa la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, cuya adopción no admite demoras y cuyo retraso podría poner en riesgo el abastecimiento interno de nuestro país".
La cartera a cargo de Darío Martínez también justifica que "la capacidad de transporte de los tres gasoductos que unen la cuenca Neuquina con los grandes centros de consumo se encuentra prácticamente saturada, implicando que los productores de gas de dicha cuenca no puedan incrementar su producción más allá de unos cinco a seis millones de metros cúbicos diarios adicionales".
Asimismo, el Gobierno considera que "el ahorro para el Estado Nacional derivado de la sustitución de importaciones, tanto de gas desde Bolivia como de GNL y de combustibles alternativos para la generación eléctrica podría alcanzar los mil millones de dólares por año, mientras que el efecto neto sobre la balanza comercial energética del desarrollo de dicha infraestructura sería de alrededor de 2500 millones de dólares por año, considerando también el incremento en los volúmenes exportados".
Pasos
Más allá de la urgencia con la cual el Gobierno caracteriza a este proyecto, lo cierto es que la idea del gasoducto viene de hace rato. En 2019, el gobierno de Mauricio Macri dio los primeros para licitar la obra, pero la crisis económica postergó el proceso y la nueva administración anuló el llamado.
El gobierno de Alberto Fernández primero esbozó la idea de priorizar la repotenciación del actual gasoducto Centro-Oeste junto a la construcción de un nuevo tramo entre La Mora (en Mendoza) y Tío Pujio (en Córdoba). Sin embargo, cambiaron los planes y se retomó la propuesta de 2019 del nuevo gasoducto, cuyo costo total se estima en unos 1200 millones de dólares.
En mayo del año pasado, la Secretaría de Energía firmó un memorándum de entendimiento con las empresas chinas Powerchina y Shanghai Electric Power Construction, para avanzar en la obtención del financiamiento asiático. Al mismo tiempo, a lo largo del año se reasignaron una serie de partidas presupuestarias para obras de gasoductos.
A fines del 2021 el secretario de Energía, Darío Martínez, indicó que estaba lista la firma del decreto para habilitar a Integración Energética Argentina (Ieasa) a convocar a las licitaciones para la construcción de la primera etapa del gasoducto. Esa norma todavía no se publicó. Una de las razones de la demora es la no aprobación del Presupuesto 2022, que permitía destrabar parte del financiamiento en favor del proyecto.
En la esfera financiera, se espera que una parte del fondeo provenga de la reasignación presupuestaria del año pasado por 580 millones de dólares, nuevas partidas de 2022 y la transferencia de unos 550 millones de dólares en concepto de lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas.
