El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, firmó el 23 de diciembre pasado el decreto 2138/2021. En esa resolución entrega de manera gratuita un área de 12.351 hectáreas, que incluyen una importante zona cordillerana con nacientes de agua y humedales, a la firma Azufre SA para que desarrollen un centro de esquí. El decreto fue publicado recién en el boletín oficial el pasado 7 de enero y despertó la reacción los legisladores de la oposición y de las sociedad civil. 

El término técnico utilizado en el decreto es “asignación precaria” y favorece a la firma del empresarios de medios Alejandro Spinello, un productor audivisual que vive en los Estados Unidos y participó de las campañas presidenciales de candidatos demócratas como Al Gore. El negocio de Spinello va de a mano de dos socios:  Daniel Nofal y José Beccar Varela. 

"No pueden hacer lo que están haciendo sin haber establecido la declaración de impacto ambiental. Es lo que exige la ley. Y llevan dos años trabajando en el lugar, me pregunto: ¿Fueron aprobadas esas obras por el intendente de Malargüe?", se preguntó retóricamente Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores justicialistas, quien presentó un pedido de informe para que el gobierno de Suarez brinde explicaciones ante la Legislatura mendocina.

Desde el Ejecutivo mendocino aseguran que están todos los papeles en regla, incluso con el aval legal y técnico de la Fiscalía de Estado."Me parece muy importante señalar que son tierras de propiedad del Estado Nacional, no son tierras de la provincia.  Aclaro esto porque desde un sector de la oposición respecto a este tema muestran un desconocimiento absoluto", apuntó al respecto Víctor Ibañez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, aunque luego debió explicar que aquellos terrenos fueron entregadas "en posesión" a la provincia desde 1969, dentro de un regimen especial por tratarse de tierras de frontera.  

El argumento del gobierno de Suárez es similar al de resto de los proyectos inmobilarios o extractivos que despiertan rechazo para la falta de estudios de impacto amabiental o controles transparantes: los inversores prometen crear unos 1.000 empleos directos, en un área de alto valor de conservación biológica e hidrológica en una provincia donde el recurso de agua es escaso. 

Otro de los puntos de conflicto desantendidos por los medios mendocionos es que el área cedida incluye terrenos que están dentro del Registro Único de Puesteros (RUT), campos que los productores de la agricultura familiar utilizan para llevar a pastar a sus animales en la temporada de verano.  El argumento oficial es que los empresarios compraron los derechos de tenencia de dos familias de puesteros.  

"En el RUT de la provincia de Mendoza existen relevados mas de 14 puestos y reales de veranada en las 12 mil hectáreas que Suárez regaló por decreto ¿Porque entonces  el Gobierno dice que no hay pobladores afectados?", apuntó el referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra, Diego Montón. Y agregó: "El empresario beneficiado dice haber comprado los derechos dos puesteros. ¿Que pasa con el resto? ¿Que pasa con la ley provincial de Arraigo? ¿Cuál es el plan de ordenamiento Territorial vigente?", apuntó.