La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió ser querellante en la investigación sobre la masacre de la calle Corro, donde perdieron la vida cinco integrantes del secretariado político de Montoneros –entre ellos, María Victoria “Vicki” Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh–. La presentación del organismo que lidera Horacio Pietragalla Corti puso en el tapete el rol que podría haber jugado en esa operativo brutal un viejo conocido del mundo de la represión: Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro, uno de los represores de La Perla y uno de los voceros de los carapintadas en la rebelión de Semana Santa.

En diciembre pasado, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de diez militares que integraron el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101 que llevó adelante la operación en la mañana del 29 de septiembre de 1976. Allí fueron asesinados Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. “Vicki” se quitó la vida, como relató su padre en una de sus cartas, cuando no tenía más opción que una muerte segura.

Los diez militares fueron indagados y, como relató este diario, en los últimos días ampliaron esas indagatorias. En general, buscaron decir que el GADA cumplió funciones secundarias y que ellos no estuvieron ni cerca de donde se produjo el tiroteo. Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos recordó información que ya había aportado en 2015 el entonces Programa Verdad y Justicia y que desbarata esa teoría.

En el libro histórico de la unidad, quedó asentado que el GADA 101 estuvo abocado a ese operativo el 29 de septiembre de 1976. El despliegue fue descomunal: enviaron a tres jefes, trece oficiales, 61 suboficiales y 134 soldados clase 1955. El operativo consistió en dos cercos concéntricos: en el exterior estaban los efectivos de la Policía Federal; en el interior los integrantes del GADA. Esa misma unidad estuvo encargada del “ataque simultáneo frontal” a la vivienda de la calle Corro 105. Para el ataque contaron con el apoyo de tres tanquetas de la Gendarmería.

El operativo duró, dice el libro histórico, unos 45 minutos. Después de entonces, nadie opuso resistencia. Los militares entraron y se llevaron a la familia que vivía en esa casa, a la hija de “Vicki” Walsh y pasaron a buscar a la menor de los Mainer por el colegio. La familia Mainer estuvo detenida primero en Vesubio y luego pasó a Coordinación Federal. En la casa solo quedaron los destrozos y una custodia conformada por un jefe, dos suboficiales y diez soldados. A las dos horas, los militares del GADA 101 ya estaban volviendo al cuartel.

La documentación aportada por la Secretaría de Derechos Humanos muestra que todo el operativo podría haber sido producto de una coordinación mayor, que incluye a los represores que actuaban en el Tercer Cuerpo de Ejército. Esto surgió después de analizar el legajo del “Nabo” Barreiro, uno de los represores más sanguinarios de La Perla.

En una nota que envió a sus superiores, Barreiro se jactaba de haber sido quien fue el cerebro de la operación que terminó siendo una masacre en la calle Corro. “En la actividad intelectual surge un hecho que por sus características fuera remarcado por el señor jefe de Operaciones del Estado Mayor referido a la destrucción de la secretaría política nacional de Montoneros, el que tiene su inicio a raíz de un trabajo de investigación personal del suscripto, iniciado en esta jurisdicción para posteriormente trasladarse a Buenos Aires, donde con personal de dicha guarnición participó en la operación realizada en la finca de Yerbal y Corro de la Capital Federal en la que se aniquila dicha secretaría”, escribió Barreiro.

Al momento de la masacre de la calle Corro, Barreiro integraba el Destacamento de Inteligencia 141 en la Primera Sección de Ejecución y era parte de la Sección de Operaciones Especiales. Por su pertenencia a las áreas de inteligencia, en octubre de 1976 –días después del operativo de Villa Luro– figura que el entonces jefe del Batallón de Inteligencia 601, Alberto Alfredo Valín, le comunicó que Barreiro había sido felicitado al jefe de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Martínez. Estos datos muestran el rol que jugó el área de inteligencia en la planificación de los crímenes de la última dictadura.

Rafecas avanza en la reconstrucción del rol de los militares del GADA 101, de quienes deberá resolver su situación en los próximos días. El rol de Barreiro es otro de los ejes de atención del juzgado, que ha consultado por su intervención a las decenas de conscriptos que prestaron declaración en la causa.

Días atrás, el abogado Matías Aufieri –que encabeza la querella de Patricia Walsh junto con la diputada Myriam Bregman– le dijo a este diario que también debería investigarse el accionar de la Gendarmería, la Policía Federal y el Batallón 601 en el ataque que terminó con la muerte de cinco militantes montoneros.