El despliegue del Ejército en la explanada de los ministerios de Brasilia fue tan breve como sintomático. La polémica medida ordenada por el presidente Michel Temer tras las violentas protestas del miércoles duró menos de 24 horas y visibilizó la fuerte debilidad de su gobierno.

Temer, que lucha desde hace una semana por su supervivencia política, acorralado por acusaciones de corrupción, se vio obligado a recular ayer a la mañana en medio del aluvión de críticas en un país que vivió bajo dictadura militar entre 1964 y 1985.

Un total de 1.500 militares fueron desplegados la tarde del miércoles frente a los ministerios, que quedaron con sus fachadas parcialmente destrozadas y parte de su mobiliario quemado por los ataques de jóvenes encapuchados durante la masiva manifestación para exigir la salida del presidente. En medio de una lluvia de gases lacrimógenos y duros choques entre policías y activistas, el gobierno obligó a evacuar a su personal y llamó a las tropas.

“No teníamos otra alternativa para impedir víctimas entre servidores y el destrozo del patrimonio público. Fue para cesar aquel proceso de barbarie”, dijo el ministro de Defensa, Raul Jungmann, al levantar la orden ayer considerando que “la ley y el orden” habían sido restablecidos.

Pequeños grupos de soldados con armas largas y escudos estaban distribuidos hasta pasado el mediodía de ayer a lo largo de la avenida de los ministerios, resguardando las entradas a los edificios.

“Siento que esto no se justificaba, la policía podía hacer ese trabajo. Esta medida demuestra solo que el gobierno está agonizando, fue algo desesperado, dijo Renata Maia, una trabajadora del Ministerio de Ciencia y Tecnología, mientras desayunaba con un colega al lado de los cristales rotos del edificio. “Llegaron muy tarde. Tenían que estar aquí ayer y no hoy”, consideraba Jonathan Figuereido, del ministerio de Desarrollo Social.

La jornada de protestas, que según las autoridades congregó a 45.000 personas, terminó con 49 heridos, uno de ellos por arma de fuego, siete detenidos, así como con daños en ocho ministerios y en la icónica Catedral de Oscar Niemeyer.

Mientras Temer es asediado por la justicia, el Congreso ya debate a puertas cerradas una eventual sucesión. El mandatario dijo que no renunciará y, como respuesta, recibió la presentación de 16 pedidos de impeachment ante la Cámara de Diputados. Acusándolo de un crimen de responsabilidad (que atañe solo a funcionarios públicos), ayer presentó el suyo la Orden de Abogados de Brasil (OAB), una entidad que jugó un papel clave en el juicio que hace un año destituyó a Dilma Rousseff y puso fin a un ciclo de 13 años de la izquierda en el poder.

“Estamos nuevamente, en un brevísimo espacio de tiempo, pidiendo el impeachment de un presidente de la República, pero de forma absolutamente independiente”, dijo el presidente de la OAB, Claudio Lamachia. Muchos en el Parlamento apuestan, de su lado, a una salida institucional a través del Tribunal Supremo Electoral, que a partir del 6 de junio examinará una denuncia para anular el resultado de las elecciones de 2014, en las que fue reelegida la fórmula Rousseff-Temer. Fuentes en el Palacio presidencial de Planalto dijeron ayer, sin embargo, que Temer se mantiene “firme y maniobrando para tratar de aplacar la crisis” y sus aliados creen que el juicio en el TSE no será tan rápido como muchos esperan. 

En un video publicado en las redes sociales, el mandatario volvió a defender su gobierno y el funcionamiento del Congreso, asegurando que “Brasil no paró y no va a parar” pese a la tensión de los últimos días.

En caso de vacío en la Presidencia durante la segunda mitad de un mandato, la Constitución determina que sea precisamente el Congreso, desprestigiado ahora por las investigaciones a decenas de legisladores en la operación contra la red de sobornos en Petrobras, quien elija un nombre para completarlo. Las elecciones directas que reclama la izquierda y la multitud en las calles sólo podrían celebrarse en caso de que se hiciera una enmienda constitucional.

Sea como fuere, el gigante sudamericano se encuentra nuevamente en zona de turbulencia apenas un año después del impeachment de Rousseff. Temer tomó su relevo para completar el mandato hasta finales de 2018 buscando aplicar un programa de severos ajustes para sacar al gigante latinoamericano de la peor recesión de su historia.

En momentos en que la economía comenzó a dar las primeras señales de recuperación, pese a tener un desempleo récord y un enorme déficit fiscal, los escándalos de corrupción volvieron a golpear, esta vez sobre la figura presidencial. La gota que desbordó el vaso cayó la semana pasada con la divulgación de una grabación de Temer en la que parece avalar el pago de un soborno a un exdiputado preso. El Supremo Tribunal Federal abrió una investigación sobre el caso y la Fiscalía General acusa a Temer de obstrucción a la justicia, en una trama donde ve corrupción y organización criminal.