PáginaI12 En México

Desde Ciudad de México

En un país donde han sido asesinadas más de 121 mil personas en la última década, ¿qué tienen de especial 80 homicidios? Y de entre casi 30 mil desaparecidos, en el mismo período, ¿por qué destacarían 24 casos aislados? La particularidad es que son periodistas.Y sin periodistas no hay democracia.

Esto lo sabe la comunidad internacional. Por eso no ceja en exigir a México poner fin a los crímenes contra reporteros, fotógrafos, editores y directivos, y los ataques contra los medios. Lo hicieron una y otra vez durante los seis años de la administración del derechista Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), que desató una improvisada guerra contra el narco sólo para legitimarse en el poder. Entre 2006 y 2012, la insensatez calderonista dejó más de 121 mil muertos en el país, entre ellos 48 periodistas. A partir de diciembre de 2012, los reclamos dentro y fuera del país se dirigen al presidente Enrique Peña Nieto, del cada vez más desprestigiado Partido Revolucionario Institucional (PRI), que rebasa las 90 mil muertes relacionadas con el crimen organizado, de los cuales 32 son de periodistas.

La ONU, la Unión Europea, la OEA, ONG internacionales de derechos humanos, medios y periodistas de todo el mundo se escandalizan no sólo por el sistemático aniquilamiento de periodistas en México, sino por la impunidad que cobija a sus asesinos. Periodistas en Argentina, Chile y España marcharon en solidaridad con sus colegas y señalaron la responsabilidad del gobierno mexicano.

Calderón y Peña Nieto no son los únicos responsables de estos homicidios. La cacería de periodistas se desató desde la administración del panista Vicente Fox, el primer presidente no priista en la historia moderna de México (2000-206), que vio cómo mataban a 22 periodistas antes de inventarse una Fiscalía Especial para la Atención a Agravios a Periodistas (que después mutaría a Delitos contra la Libertad de Expresión, la actual FEADLE), sólo para sacudirse la presión de organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Ahora, el mundo voltea de nuevo hacia México tras el asesinato de siete periodistas en apenas dos meses y medio, dos de los cuales son de alto perfil: Miroslava Breach, en Chihuahua, y Javier Valdez, en Sinaloa, ambos reconocidos dentro y fuera del país, y corresponsales del diario La Jornada desde estados bajo control del narco.

Rara vez las agresiones contra periodistas en México llegan a los encabezados cuando no se trata de asesinatos, pero son cotidianas las amenazas, las lesiones, los atentados, la privación ilegal de la libertad, los secuestros y el robo. Apenas el viernes pasado, el periodista Salvador Adame, director de Canal 6 de Televisión de Michoacán fue secuestrado por un grupo armado en la comunidad de Nueva Italia; su caso se suma a 23 periodistas desaparecidos (la cifra negra se calcula en el triple).Una semana atrás, un centenar de hombres armados retuvo y amenazó con quemar vivos a siete periodistas, y les robaron teléfonos, cámaras, grabadoras, computadoras, dinero y un vehículo en Acapetlahuaya, Guerrero, a tan sólo un kilómetro de un retén del Ejército. Durante 2016, la oficina en México de la organización internacional Artículo 19 documentó 216 agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos(que incluye cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, así como militares) y 31 por partidos políticos; en contraste sólo 17 casos fueron atribuidos al crimen organizado. Todos impunes.

Desde su creación, la FEADLE apenas ha logrado tres condenas. Hasta febrero pasado, esta instancia investigadora registraba 114 homicidios de periodistas; sólo entre el 2 marzo y el 15 de mayo han matado a siete más. De julio de 2010 a diciembre de 2016 recibió 798 denuncias por agresiones contra periodistas, 47 de ellas por asesinato. En sólo uno de cada 10 casos un sospechoso ha sido consignado ante un juez. La tasa nacional de impunidad es de 99.6%, lo que genera una creciente presión internacional sobre el gobierno mexicano. 

Peña Nieto tardó cuatro años y medio y 34 periodistas asesinados durante su mandato para reaccionar, preocupado sólo por su imagen en el exterior. Por eso convocó el miércoles de la semana pasada a Los Pinos al cuerpo diplomático acreditado en México como testigo del anunció de una serie de supuestas medidas para garantizar la seguridad de los periodistas en México y del enésimo compromiso de castigar los crímenes en su contra. Lo que presenciaron los embajadores fue una prensa harta del cinismo de Peña Nieto, a quien le reclamó justicia a gritos mientras el presidente pedía un minuto de silencio a todos los gobernadores. Las redes sociales de un gran número de periodistas mexicanos reclamaron la farsa y burla a la prensa y a la sociedad mexicanas.

En abril pasado, durante la presentación del informe anual de Artículo 19 sobre agresiones contra la prensa en México, la exrelatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, exigió al gobierno de Peña Nieto cumplir con sus obligaciones internacionales: “Este informe le dice al Estado que sea transparente, que haga su maldito trabajo; no está pidiendo nada más que cumplan la ley”, dijo Botero.

Para Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 en México, las instituciones garantes han servido como velo de la impunidad, alentando que las agresiones contra la prensa “se vuelvan cada vez más cínicas”. Y exigió resultados: “no más simulación de garantías”.  Se ve difícil. Cuatro horas antes de ser asesinado en Culiacán, el lunes 15, el reportero Javier Valdez se explayó en un programa de televisión de paga sobre la narcopolítica y los invisibles e intocables capos de cuello blanco en México.

En una entrevista en el periódico Reforma, en octubre pasado, Valdez dibujó el origen de la mayoría de los ataques contra medios y periodistas en México: “El principal problema que tenemos para el ejercicio periodístico es la autoridad. Es una clase política hija del narcotráfico, intolerante, peligrosa, poderosa, coludida con la delincuencia organizada, con criminales de toda índole. Le tengo más miedo, y es más fácil, que el gobierno haga algo en contra de nosotros, del periodismo que hacemos, a que lo haga el narco”.

La pantomima de Peña Nieto y los gobernadores del país no genera esperanza para un gremio cada vez más indignado y ofendido por un gobierno incapaz y cómplice, al menos por omisión. Por eso los periodistas mexicanos decimos #NoAlSilencio.