La Universidad Nacional de San Antonio de Areco fue creada en noviembre de 2015 y empezó a dictar clases recién este año, pero ya está envuelta en un conflicto político por su conducción. Esta semana se realizaron las elecciones para dirimir quiénes serán los consejeros que votarán al primer rector de la universidad. El sector que responde al radicalismo, al cual pertenece el actual rector organizador, logró imponerse por amplia mayoría. Sin embargo, sectores de la oposición exigen que se anule la elección porque, aseguran, se cometió fraude y hubo varias irregularidades. La Municipalidad de San Antonio de Areco, a cargo del intendente kirchnerista Francisco Durañona, expresó en un comunicado que “la falta de transparencia del comicio tuvo su punto más alto en el momento en que el rector ingresó a la sede universitaria con policías armados”.
“En 2016 hicimos un proyecto de estatuto, que fue aprobado en julio. También el proyecto institucional recibió las aprobaciones de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria y la Coneau. Si está todo funcionando, lo lógico es que la universidad adquiera su autonomía plena. Por eso convocamos a elecciones. En la universidad no hay oposición ni oficialismo, quien denuncia es el municipio, pero acá no presentaron ninguna denuncia”, dijo a este diario Jerónimo Ainchil, actual rector organizador de la Unsada. La asamblea universitaria convocada para elegir al nuevo rector ya tiene fecha: el próximo 2 de junio. Ainchil se presentará como candidato y todo indica que será electo.
“Nos enteramos de la elección dos días antes de que se presentaran las listas y a diez días de la misma. Quisimos hablar con el rector y no pudimos. Votaron profesores entre los que hay funcionarios nacionales y que no están concursados; votó personal no docente que no está en planta permanente; y también votaron estudiantes que no tienen aprobado más del 30 por ciento de la carrera como exige la ley”, se quejó Agustín Casares, estudiante de Economía de la Unsada. Casares, que es secretario de Desarrollo de San Antonio de Areco, admitió que, en una de las dos sedes donde se debía votar, él y otros compañeros impidieron el ingreso. “La medida fue impedir el ingreso de cualquier persona hasta que pudiéramos manifestar nuestra posición. Solicitar que se suspenda la elección y dejar todo en actas del escribano”, dijo.
La sede en cuestión se encuentra en San Antonio de Areco, pero no pertenece a la universidad. Las urnas iban a ubicarse en la sede local del INTA, porque el Juzgado de Faltas había clausurado el edificio de la universidad por problemas de seguridad. Por este hecho, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Josefina Mendoza, de la radical Franja Morada, denunció “la intervención del municipio en las instalaciones de la universidad”. Desde el juzgado alegaron que faltaban elementos básicos de seguridad, como matafuegos. “El juzgado intervino –afirmó Mendoza– en el medio de una clase, hizo salir a los estudiantes y cerró las puertas de la universidad.”
La otra sede de la Unsada se encuentra en Baradero. Allí se votó normalmente y los sectores afines al radicalismo lograron imponerse en los tres claustros. En profesores hubo lista única (votó el 80 por ciento del padrón); los no docentes, que no llegan a diez, votaron todos; por el claustro de estudiantes votaron menos de cien personas y hubo dos listas: la de Estudiantes Unsada, cercana a Franja Morada, que obtuvo el 89 por ciento de los votos, y Encuentro Democrático, que sacó 11 puntos.
Ainchil, por su parte, asegura que durante los meses que van de este año tuvieron tiempo para concretar más de 60 concursos docentes –entre profesores y auxiliares– y que los no docentes sí están en planta permanente. No obstante, reconoció que “los estudiantes no cumplen los requisitos, porque nadie tiene, a meses de comenzar la carrera, el 30 por ciento de la misma aprobada. Por eso tenía dos opciones, o se realizaba la normalización sin la participación de estudiantes, o se hizo lo que pasó, que se aprobó extraordinariamente que puedan votar para que puedan estar representados. Mis facultades como rector organizador me lo permiten, es totalmente legal”, argumentó. La ley 24.521 establece, en su artículo 53, que para participar del cogobierno los alumnos deben haber aprobado ese porcentaje de las carreras que cursan; si no, no pueden hacerlo.
Casares también dijo que “el fiscal de mesa de Baradero nunca se identificó. El rector ordenó verbalmente que se cerrara la urna dos horas antes de lo estipulado y se fue con el presidente de mesa a contar solos los votos. Después también entró con la policía porque estábamos gritando, aunque no nos sacaron ni hicieron nada”.
Sobre las acusaciones de que ordenó el ingreso de la policía al edificio, Ainchil lo negó y dijo que los agentes fueron llamados “por un vecino por los gritos que había”, pero que además fue él quien evitó que entraran en la sede. Y sobre el conteo de votos, aseguró que “se hizo bajo el control de una escribana” y que “todo el proceso está documentado”.
Informe: Gastón Godoy.
