Los empresarios del Grupo Praga, una inmobiliaria investigada por administración fraudulenta y estafa en más de $130 millones por venta de autos de alta gama y desarrollos inmobiliarios, todos de Rosario, fueron involucrados por la fiscalía en otros 25 delitos. En la audiencia imputativa también quedaron involucrados un cadete de un delivery, que figura como gerente de una de las cuatro firmas investigadas, y un abogado, a quien detuvieron la semana pasada por tenencia de arma de fuego y administración fraudulenta en las cuatro firmas bajo la lupa: Praga, Integral Automotores, Integral Motors y Ortopedia Técnica SRL. 

A Leandro Damián "El Tanque" González (39 años), Bruno Poletti (45) y Jorge Daniel Fonaroff (41), la fiscal Valeria Haurigot les atribuyó la administración fraudulenta de las sociedades mencionadas, en tanto que a César Ramón Metto (56) se lo mencionó como cadete de las cuatro firmas y gerente de una de ellas, es decir, Ortopedia Técnica SRL. La fiscal consideró que provocaron "daño patrimonial y obligaron abusivamente a las sociedades que administraban, generando obligaciones pendientes de determinación, no obstante lo cual se han rechazado cheques por falta de fondos".

Asimismo, Haurigot acusó a González, Poletti y Fonaroff de actuar por derecho propio, como socios gerentes, socios ocultos o administradores de hecho de las sociedades que administraban, "abusando de la confianza de las víctimas, aprovechando el perfil que les daba la pertenencia a círculos sociales de alto poder adquisitivo, aparentando solvencia mayor a la que tenían y a sabiendas de la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones que de buena fe simularon asumir". Además de "haber desplegado maniobras ardidosas en el marco de la compraventa de vehículos propiedad de las víctimas".

Según la investigación, las maniobras se llevaban a cabo bajo la promesa del pago diferido del precio acordado por los vehículos. Les prometían a las víctimas la entrega de otros autos cero kilómetro a través del pago mediante cheques diferidos y así lograban que los damnificados dispusieran de un monto a su favor. De esta manera, captaban el ahorro de las víctimas y su núcleo familiar bajo la promesa de pagarle un rendimiento mensual por el uso del capital ajeno. "Todo ello tenía el objetivo de obtener un beneficio económico resultante", apuntó Haurigot.