Un tribunal de La Paz postergó el inicio del primer juicio contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez por el golpe de Estado de 2019, al hacer lugar a los cuestionamientos formales presentados por la defensa pero también en virtud de los problemas técnicos generados durante la audiencia virtual. A Áñez se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 luego de la renuncia de Evo Morales en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que nunca fue comprobado.
"El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la capital, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de forma unánime, dispone dejar sin efecto el auto de apertura de juicio", anunció el presidente del tribunal, Germán Ramos, luego de casi tres horas de debate. El abogado de Áñez, Luis Guillén, había dicho primero que el documento de apertura del juicio era una "pre sentencia", ya que califica a la expresidenta como "de facto" e "inconstitucional".
Mientras empezaba la audiencia, afuera del tribunal se manifestaban, de un lado, partidarios de Áñez encabezados por su hija Carolina Ribera, y del otro familiares y víctimas del golpe de Estado que reclamaban justicia por las masacres de Sacaba y Senkata. En medio de la tensión en las calles, el juicio oral y virtual inició con retraso, con desorden en las intervenciones y fallas técnicas, por lo que la defensa de la exmandataria transitoria pidió que se realice una audiencia presencial.
El tribunal no fijó de inmediato una nueva fecha de instalación del juicio en el que la exsenadora, siete exjefes militares y un exjefe policial enfrentarán acusaciones de violaciones constitucionales y legales en los actos que culminaron en la autoproclamación presidencial de Áñez. De acuerdo con la ley boliviana, el proceso puede durar hasta tres años.
Los exjefes militares Gonzalo Terceros y Palmiro Jarjury, ambos acusados en el caso, denominado "Golpe de Estado II", enviaron una carta al presidente Luis Arce en la que denunciaron "persecución judicial indebida" y manifestaron que su único error en la crisis de 2019 fue obedecer al excomandante Williams Kaliman, actualmente prófugo. Áñez, de 54 años, está en prisión preventiva desde hace 11 meses y el miércoles se había declarado en huelga de hambre para protestar por lo que considera una acusación injusta y por el hecho de no poder enfrentar este juicio en libertad.
El ministro de Justicia, Iván Lima, expresó a los medios locales que el gobierno "respeta el debido proceso" y "respeta la decisión de la justicia boliviana" que está actuando de forma "independiente". Sobre el pedido de la defensa de Áñez de que sea una audiencia presencial, Lima indicó que es un punto que debe ser analizado por los jueces, pero que el gobierno va a brindar "las mejores condiciones" en cualquiera de los casos.
