Pedro Cerviño fue el primer testigo en declarar ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata en el marco de la reanudación del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y El Infierno tras la feria judicial de verano. Lo hizo diligentemente, enfocado en los días en que su cautiverio ilegal, en Jefatura de Policía de Tucumán, coincidieron con los últimos en los que se vio con vida a Nélida Azucena Sosa de Forti, una de las víctimas en el debate que lleva más de un año de audiencias y que dedicó la jornada de ayer tan solo al breve testimonio del sobreviviente.

Cuando Nélida llegó a Jefatura de Policía, uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que la última dictadura cívico militar instaló en Tucumán, hacía por lo menos dos semanas que Pedro soportaba las “torturas infernales” a los que los represores al mando sometían a sus víctimas. “Estaba muy golpeada pero la reconocí porque era mi amiga”, aclaró.

Tenía puesto un “vestido amarillo”, pero “no podía pararse y no sé si llegó a reconocerme”, recordó Cerviño, que compartió militancia y forjó una amistad con Nélida y su esposo, Alfredo Forti en la ciudad de Tucumán. “Neli era una militante del peronismo de base y además era parte de la comisión interna del Sindicato Municipal de la ciudad de Tucumán. Teníamos amistad porque yo también militaba ahí en aquel momento, nos conocíamos mucho”, recordó Cerviño.

Con la llegada del golpe de Estado, la persecución política en Tucumán recrudeció al igual que en el resto del país. A mediados de diciembre de 1976, Nélida, Alfredo y sus cinco hijos Alfredo, Mario, Renato, Néstor y Guillermo viajaron a Buenos Aires con el plan de irse de Argentina. El primero que lo logró fue el padre de la familia, que llegó sano y salvo a Venezuela a mediados de enero de 1977. Nélida y sus hijos estuvieron muy cerca de lograrlo, pero una patota los bajó del avión de Aerolíneas en el que ya estaban ubicados, y los trasladó al Pozo de Quilmes. De allí, los niños –Alfredo era el mayor, tenía 16 años– salieron con vida. A Nélida la llevaron a Jefatura. Su historia fue relatada por Alfredo y sus hermanos en el juicio que se desarrolla desde octubre de 2020. 

Pedro ocupaba uno de los calabozos individuales de ese centro clandestino tucumano desde el 8 de febrero de 1977, cuando fue secuestrado junto con uno de sus 11 hermanes, José. Tras ser sometido a un simulacro de juicio militar, en el que fue obligado a firmar bajo tortura una declaración fraguada, quedó encerrado en el centro clandestino de la capital tucumana. José fue liberado. Pero no fueron los úniques perseguides de la familia. Sus hermanas María Teresa y María Luisa fueron secuestradas fuera de Tucumán. Los restos de la primera, a la que la dictadura fusiló de dos tiros en la cabeza, colgó de un puente en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, y enterró sin identificación en el Cementerio de Avellaneda, fueron identificados en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Llevaba dos semanas de encierro, manos atadas, venda en los ojos y tortura Pedro cuando la reconoció a Nélida en otro de los calabozos. “Sería la última semana de febrero”, calculó en el marco de su testimonio, transmitido por los medios de comunciación comunitarios La Retaguardia y Pulso Noticias.

“Estaba muy golpeada, maltratada, no podía hablar, no podía pararse. Estábamos vendados, pero como llevábamos varias semanas allí habíamos adquirido ciertas habilidades para poder mirar por algunos resquicios y así nos comunicábamos entre varios. Cuando me sacaron ella estaba todavía”, describió. A Pedro lo llevaron a la cárcel de Devoto al cabo de la primera semana de marzo de 1977.

La justicia injusta

El testimonio de Cerviño sirvió para localizar los últimos días de Nélida Sosa de Forti y de otro puñado de detenides ilegales de terrorismo de Estado ya que recordó y nombró en cada ocasión en la que pudo contar lo sufrido –desde 1979, en la cárcel y ante la CIDH, hasta hace pocos meses ante la Justicia Federal de Catamarca, pasando por varios juzgados, tribunales e incluso el histórico Juicio a las Juntas– a compañeres de cautiverio como Ricardo Salinas, Silvana Parrille, Pedro Corroto y Griselda Ponce, entre otres.

No obstante, esta mañana expresó su enojo con el Poder Judicial de la Nación por “no estar a la altura de las circunstancias”, advirtió. “A 45 años de los sucesos es muy difícil suponer que estamos haciendo Justicia”, señaló, al cierre de su declaración, cuando amplió: “A 45 años se ha cristalizado la injusticia en relación a estos hechos, sobre todo teniendo en cuenta que hemos declarado oportuna y reiteradamente sin que se haya condenado o hayamos logrado Justicia. El Poder Judicial ha permitido la impunidad en que quedaron la mayor parte de estos hechos, más allá de los represores condenados que hay”, concluyó.

Inspección al Infierno

El juicio “Brigadas”, como se conoce el debate de lesa humanidad por los hechos ocurridos en las Brigadas de la Policía Bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, retomó actividad tras la feria judicial de verano la semana pasada, con una inspección ocular a “El infierno”, el centro clandestino que funcionó en ese lugar emplazado en Avellaneda que fue comisaría de Lanús hasta 2016.

El recorrido llevó toda la jornada del martes 1 de febrero y contó con la participación de tres sobrevivientes de ese centro clandestino, Horacio Matoso, Claudia Gorban y Miguel Prince, que regresaron al lugar por primera vez desde que estuvieron cautivos, además de los jueces del tribunal, abogades querellantes y defensores.