A tres meses de que la jueza de Minas Victoria Mossman se declarara imcompetente en el amparo presentado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, la Corte de Justicia de Salta aún no dio a conocer si acepta o rechaza la incompetencia planteada por la magistrada, que sí hizo lugar a una medida cautelar pedida junto al amparo.
La decisión del máximo tribunal provincial es el paso previo indispensable para que la misma jueza, u otro, se avoque a resolver el amparo que busca asegurar la provisión de agua segura, caminos, y garantías del derecho a la salud para las infancias y adolescencias de pueblos originarios.
“Nuestra preocupación no es por quien interviene a nivel judicial”, sino la necesidad de dar soluciones, dijo a Salta/12 la titular de la Defensoría de NNyA, Marisa Graham, quien llegó a Salta este jueves para reunirse con funcionarios y también participar de la asamblea general de mujeres indígenas de la ruta nacional 81, denominada "Nehuayiè-Na'tuyie thaká natsas-thutsay-manses" (acompañemos a nuestras infancias y adolescencias), que se realizará hoy y mañana en la localidad de Pluma de Pato, en el extremo norte del departamento Rivadavia. En este pueblito se encuentra Misión Kilómetro 2, la comunidad de Pamela Julia Flores, la nena wichí de 12 años asesinada a mediados de enero.
La Defensoría presentó en noviembre pasado un amparo, y pidió también una medida cautelar, ante el riesgo en el que se encuentran las niñeces originarias en los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán, indicando que en la región incluida en la declaración de emergencia sociosanitaria hay más de 7500 niños y niñas en riesgo nutricional. Antes de declarar su incompetencia la jueza Mossman hizo lugar a la cautelar y ordenó que se que en los centros sanitarios de esta región se pongan carteles en los que figuren, en los idiomas originarios, los números de contacto de los responsables del gobierno que deben dar soluciones en caso de emergencias.
Hasta donde se pudo conocer, la resolución sobre esta cuestión ya tiene el voto de nueve jueces de la Corte.
“Quizás en este período estival no logramos los resultados esperados”, evaluó Graham cuando se le consultó su visión frente a las muertes de niños y niñas conocidas durante enero. Sin embargo, entendió que en 2019 y 2020 “la situación fue peor que el año pasado”, respecto de las tasas de mortalidad infantil.
En torno a la apelación de la Fiscalía de Estado a los amparos para garantizar el acceso a la Salud de las comunidades originarias, la funcionaria entendió que esta postura “es una cuestión de rutina y protocolo de los abogados de los Estados porque tienen automatizada la apelación”. Sin embargo, señaló que por otro lado está la disposición para la creación de la mesa interministerial con los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo, como lo solicita la demanda presentada.
El lunes que pasó, desde el gobierno provincial se convocó a una mesa interministerial con la presencia de funcionarios para poner en común problemáticas de las comunidades indígenas y definir las acciones a seguir. “Saludamos esta mesa…pero necesitamos más mesas de todas las áreas”, afirmó Graham.
La defensora reiteró su reconocimiento a funcionarios y funcionarias “que han puesto voluntad y el cuerpo” para poder conseguir soluciones ante la situación de vulnerabilidad de los pueblos originarios. Pero insistió, como lo hizo anteriormente, que la resolución de esta problemática “no depende de la voluntad personal sino de políticas públicas, con metas, y con presupuesto suficiente para que esas políticas sean eficientes y eficaces”. Consideró que ante la complejidad de la problemática es preciso contar con un programa a cumplir que se mantenga en el tiempo más allá de las gestiones gubernamentales.
Asamblea en la ruta 81
Para hoy a las 9 está previsto el inicio de la Asamblea de Mujeres Indígenas de la Ruta 81 de la que participará Graham, entre otros funcionarios provinciales.
La convocatoria esta vinculada al femicidio de la niña Pamela Julia Flores, de 12 años, y pretende abordar las problemáticas que afectan a todas las comunidades de la región, dando especial protagonismo a las mujeres indígenas.
La organizadora de la actividad, la mujer wichí Octorina Zamora, sostuvo que esta asamblea “sentará precedentes para la construcción de más y mejores políticas públicas destinadas al bienestar de nuestras comunidades indígenas”.
