El miércoles pasado, el juez Martín del Viso rechazó otro pedido de detención de las policías femeninas Micaela Soledad Fariña y Lorena Miño, formulado por el fiscal Leonel Gómez Barbella en la investigación por el asesinato del adolescente Lucas González y las detenciones ilegales de sus tres compañeros. El nuevo pedido correspondió a la presentación de más pruebas que las ubican en un lugar central del encubrimiento. Las dos mujeres fueron detectadas por su rastro odorífero por perros entrenados a tales fines por la Policía Federal en contacto con el cachivache de plástico símil revólver, plantado en el Suran de los pibes, con la intención de sostener la historia del enfrentamiento. Del Viso no discutió el rastro odorífero sino la técnica. Sostuvo que requiere de muchos años de experiencias para poder ser fiable para la justicia. Aportó como fundamento el fallo de Casación bonaerense que anuló el absurdo juicio a Bazán en Lomas de Zamora, que había sido condenado por el femicidio de Anahí Benítez. Erróneamente entendió que Casación había cuestionado la técnica de identificación odorífera de perros rastreadores cuando, en realidad, cuestionó la utilización de un binomio perro/guía no adiestrado para la tarea, y pasado como un binomio con certificados de excelencia.

La hipótesis de los investigadores es que ambas mujeres policía, pese a su baja jerarquía (son oficiales, el escalón más bajo de la policía porteña) fueron enviadas para colocar el arma de juguete y sostener la historia del enfrentamiento. Y su baja jerarquía amerita la hipótesis. En misión de riesgo enviaron a dos soldados.

La negativa se suma a la de otros cinco pedidos de detención presentados a fines de enero y que fueran rechazados por Del Viso la semana pasada. De los cinco destacan Fabián Lencinas, el de mayor jerarquía en la investigación, y las dos abogadas civiles, Verónica Andraca y su jefa directa Silvia Ozón, de la División del Departamento de Legales del Ministerio de Seguridad porteño a cargo de Marcelo D'Alessandro. En este pedido rechazado también figuran los oficiales primero Pablo Granara, del Departamento Operaciones Urbanas de Contención, y Lucas Varas, de la comisaría vecinal 4D, en principio imputados por estar enterados de la maniobra y no denunciarla. Ambos chatearon de una manera elocuente con el principal Héctor Cuevas, detenido. De la transcripción del celular de Granara en diálogo con Cuevas al día siguiente le dice: “Lo que hicieron los polis no tiene nombre”; “unos dementes”; “Encima le ponen una pistola de juguete”; “Dejate de joder”. Y poco después agrega: “En estos momentos tienen que estar en Paraguay”, a lo que Cuevas contestó “Yo fui el primero en llegar”; “Y vi todo”; “Lo que hicieron”.

Por su lado Varas el mismo día del fusilamiento, a las 21.13, chatea con Cuevas y le dice:  “Estaba cortando la y cuando viene la abogada a hablar conmigo vino atrás y me saluda y me contó su versión desparramo mierda para los tres”. Cuevas le responde: “La abogada me dijo que esto se da vuelta” y que “Es insostenible”. Diálogos semejantes dejaron tras las rejas a buena parte de sus colegas. Pero Del Viso rechazó en esta ocasión.

El fiscal sostiene, y todas las pruebas aportadas llevan a ese punto (la lógica también, aunque no sea considerada por el juez), que a quien Cuevas menciona como "la abogada" es Andraca, y está situada por diferentes jefes policiales en el lugar, varios de ellos detenidos, y por su propia jefa. Hasta el juez sostiene que su presencia en el lugar es "indiscutible".

A la altura en que se encuentra el proceso, sorprende la negativa de Del Viso por avanzar. "De golpe puso el freno de mano", confiaron a Página/12 desde la investigación. El lunes pasado, el abogado Gregorio Dalbón, representante de la familia de Lucas, anunció la decisión de la familia del adolescente de denunciar a Del Viso por prevaricato. Héctor González, padre de Lucas, sostuvo que "consideramos que todo estaba yendo a buen puerto y de repente hay cosas que no podemos dejar pasar o mirar hacia otro lado con las decisiones erróneas que está tomando".

El propio fiscal, en una de sus presentaciones, en un evidente tono de queja, le recuerda al juez que "No se interpreta el motivo por el que insiste el juez en contar con ese universo de diligencias ya ordenadas (...), aparece como dilatorio de su parte."

Entre la última semana de enero y los primeros días de febrero los frenos de mano se sucedieron al punto de que la causa no logra avanzar pese a la cantidad de pruebas reunidas por Gómez Barbella y sostenidas por los querellantes. Recién ayer, la Cámara confirmó los procesamientos de Ramón Chocobar, Sebastián Baidón, Daniel Espinosa, Jonathan Martínez, Ángel Arévalos, Rodolfo Ozán y Daniel Santana, lo que da algo de aire fresco a la investigación y confirmación de que va por el camino adecuado.

Qué se juega en la negativa a la detención de Miño y Fariñas, y en la de siquiera aceptar citar a indagatoria a Lencinas, Andraca y Ozón (además de Granara y Varas, que aparecen con menor peso en el encubrimiento). 

Es que entra en discusión la teoría de la manzana podrida instalada en el caso por el mismísimo D'Alessandro, después de mantener un día de silencio mientras la historia oficial se propalaba en los canales de teve. Recién después de una conmovida marcha de amigos y familiares llevó al ministro a abrir el dique por la presión, y anunciar "sanción para los responsables", que hasta ese momento eran solo tres.

La impresión que tienen entre investigadores y querellantes es que la historia oficial no resistió la presión y abrieron el dique, acompañaron las primeras medidas y las que eran inocultables hasta que en un momento dijeron "hasta acá llegó". Del Viso, de carrera en la justicia de la Ciudad, fue designado en su actual cargo nada menos que por Mauricio Macri (sobre quien no caben dudas de su interés al seleccionar jueces) el 28 de diciembre de 2018. La impresión es que es sensible a ciertas recomendaciones extrajudiciales. Y cuando la investigación llegó a la puerta del palacio, la recomendación fue poner freno de mano.