Desde Santa Fe

La orden del juez Jorge Patrizi que levantó el secreto del sumario en la causa contra el ex ministro Marcelo Sain no se cumplió. Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez impidieron a las defensas el acceso a las supuestas pruebas que pesan sobre sus defendidos, a pesar de que el jueves Patrizi levantó la “reserva” de las actuaciones y ayer –cuando el Ministerio Público le pidió una aclaratoria- ratificó esa resolución, que es la segunda en la misma línea, en 24 horas. Ayer, uno de los abogados defensores, Daniel Culleres, concurrió a la sede del MPA en dos oportunidades para conocer todas las actuaciones: la primera vez, le dijeron que los fiscales le pidieron al juez que aclare la resolución del jueves y en la segunda, cuando Patrizi ya había ratificado su fallo, le explicaron que tampoco “podía ver la causa” porque los fiscales apelaron ante la Cámara Penal de Santa Fe. Su colega, Juan Lewis, se indignó ante el operativo. “Mientras los fiscales notifican (al diputado de la UCR Maximiliano) Pullaro que es una presunta víctima para que se victimice por todos los medios, a nosotros nos niegan el acceso a las actuaciones. Siguen tratando de ocultarlas, ahora de cualquier manera, de la forma más absurda”, le dijo a Rosario/12.

Culleres se pasó gran parte de la mañana en el MPA, en el intento de tener acceso al legajo, pero sin éxito. La resolución del juez Patrizi que levantó el secreto obligaba a Hernández y Jiménez a brindar copias de todas las constancias que existen en la causa. Todas. Ya el mismo jueves a la tarde, otro de los defensores, Hernán Martínez, que asiste a Sain, había solicitado la apertura apenas se anotició del fallo de Patrizi. Y ayer, a Culleres le tocaba concretar el pedido, pero se topó con una doble negativa de los fiscales.

A primera hora Culleres se presentó en el MPA para tener copia del legajo. Los fiscales le dijeron que no porque habían pedido al juez Patrizi que aclare el “alcance” de su orden que dispuso el “levantamiento de las actuaciones”. El abogado se fue entonces a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) para ver si el juez resolvería la “aclaratoria” ayer mismo y cuando le dijeron que sí, se quedó a esperarla. La segunda resolución de Patrizi fue tan contundente como la primera. A la pregunta de los fiscales sobre el “alcance” de la orden, el juez les aclaró que debían levantar la reserva de “todas” las actuaciones. Todas. Culleres volvió entonces al MPA, pero tampoco pudo acceder a la causa. Ahora le dijeron que todavía no los habían notificado y seguramente los fiscales iban a apelar ante la Cámara.

Y así ocurrió. A media tarde, Hernández y Jiménez anoticiaron a las defensas que habían apelado “la resolución del doctor Patrizi del 10 de febrero”. Culleres interpretó que el objetivo de los fiscales era “evitar que los defensores puedan acceder al legajo”, por eso primero le pidieron la “aclaratoria” al juez Patrizi y cuando éste les contestó que había levantado el secreto de “todas” las actuaciones, formalizaron el recurso de apelación.

La “aclaratoria” del doctor Patrizi –dijo Culleres- “es una clase de derecho procesal para los fiscales, les dice que el levantamiento de la reserva implica la totalidad de las actuaciones. Y que si ellos tienen algún elemento probatorio específico que quisieran preservar para no entorpecer la investigación lo podían pedir, excepcionalmente”.

“No obstante eso, igual apelaron para evitar que las defensas pudieran acceder al legajo, aún después de la segunda resolución de Patrizi que aclaró que el levantamiento del secreto implica la totalidad de las actuaciones”, insistió el abogado.

En su resolución de ayer, el juez Patrizi dijo que si los fiscales aún no pidieron la audiencia imputativa es porque “se encuentran en plena tarea de investigación”. “Sin embargo, no se puede dejar a las personas investigadas ‘sine díe’” en una situación que se prolonga indefinidamente en el tiempo y sin saber por qué “se encuentran bajo investigación”. Al borde de que se vulneren el derecho de defensa y el debido proceso.

“Este presunto ‘conflicto’ –enseñó el juez- está previsto en la ley. “Excepcionalmente, si resultara útil al éxito de la investigación, el fiscal podrá solicitar fundadamente autorización al juez disponer la reserva total o parcial del legajo de investigación por un plazo que no podrá exceder los 10 días. Entonces, si la Fiscalía estima que el conocimiento de determinada documentación podría dar lugar al entorpecimiento del éxito de la investigación, podrá disponer la reserva y solicitar la autorización respectiva. De esta forma el juez, en ejercicio de resguardo de las garantías constitucionales, verificará si corresponde o no hacer lugar a la reserva, garantizando el derecho de la persona investigada”, cerró el magistrado.