La ausencia de los consejeros macristas y de los tres jueces que son parte del Consejo de la Magistratura durante la reunión que el organismo mantuvo el jueves pasado con la Comisión Bicameral de Inteligencia confirmó la denuncia que iban a presentar los legisladores. En el fondo de la presentación del pedido de juicio político a los jueces de la Cámara Federal de Casación, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, subyace la punta de una trama de complicidad entre un sector del Poder Judicial y los servicios de inteligencia instrumentados por el gobierno de Mauricio Macri. Las conspicuas y significativas ausencias confirmaron la veracidad de esa denuncia, pero al mismo tiempo mostraron las dificultades para una autodepuración del Poder Judicial.

Llorens y y Bertuzzi fueron algunos de los jueces denunciados porque visitaban al entonces presidente cuando estaban a cargo de causas que involucraban intereses económicos o políticos de Macri. Llorens es además vicepresidente primero de la Asociación de Magistrados.

Una ausencia anunciada para defender a Llorens y Bertuzzi

La decisión del macrismo y los representantes de los jueces de no participar en la reunión con la Bicameral de Inteligencia impidió que disfrazaran esa actitud con un argumento técnico-profesional. Podrían haber recibido el informe y el pedido de los legisladores y después rechazarlo puertas adentro.

Pero esta ausencia se proyectó como una muestra de parcialidad. Queda un país donde son tomadas las denuncias de corrupción, sin pruebas, formuladas por el macrismo y son rechazadas las denuncias, con pruebas, de espionaje ilegal, formuladas desde el Congreso.

El pedido de juicio político a Llorens y Bertuzzi apunta al fallo en el que negaron que hubiera un plan sistemático de espionaje desde el gobierno de Mauricio Macri y sostuvieron la hipótesis del cuentapropismo de los espías. El fallo es desopilante porque, para exculpar al macrismo, descartaron de un plumazo una montaña de pruebas acumuladas, grabaciones, videos, testimonios de las víctimas y de agentes arrepentidos.

Los integrantes de la Magistratura que recibieron a la Bicameral de Inteligencia, escucharon una exposición del diputado Leopoldo Moreau donde explicó que desde 2020 la comisión investiga la actividad de los servicios durante el gobierno de Macri. Moreau indicó que más de 300 personas y 200 organizaciones fueron espiadas, incluyendo dirigentes del PRO que podían disentir con el entonces Presidente. En marzo, la comisión presentó un largo informe con las conclusiones. Resulta difícil que espías cuentapropistas dispusieran de tanta libertad de acción como para un espionaje de ese volumen.

Con ese fallo, Llorens y Bertuzzi desbarataron la causa más completa sobre el espionaje del gobierno de Macri y desvincularon a la cúpula de la AFI y del Servicio Penitenciario. Según los jueces, no fue un espionaje político, sino motivado en intereses económicos personales de cada espía. Hay otras dos causas sobre espionaje que el macrismo intenta trasladar a Comodoro Py para operarlas de la misma forma.

No es un tema que desvele a la opinión pública y el macrismo demostró que está dispuesto a usar abiertamente su influencia en el Poder Judicial para impedir el avance de estas causas como lo demostró el fallo de los camaristas donde aseguran que no hay prueba suficiente cuando hay numerosos testimonios, documentos, videos y grabaciones.

Cristina Kirchner y Mauricio Macri, el revés del espejo 

El contraste con la expresidenta Cristina Kirchner que, apenas dos meses después de haber traspasado el gobierno a Macri, fue citada a declarar en ocho causas, expone la parcialidad de esta justicia a niveles grotescos. La mayoría de esas causas, armadas por un personaje turbio como Claudio Bonadio, se están cayendo sin pruebas. En cambio ahora los jueces desprecian la montaña de documentación reunida por otros jueces y fiscales --sumados a los legisladores que también investigaron-- y emiten un fallo que protege al gobierno de Macri.

El único motivo para abrir tantas causas sin pruebas contra Cristina Kirchner fue político. Y el único motivo para desmantelar las investigaciones sobre espionaje también es político. En ambos casos para favorecer al macrismo.

Cristina Kirchner, que fue una de las espiadas por la AFI macrista, interpuso recursos por el traslado de la causa y por el fallo de Llorens y Bertuzzi. En una actitud insólita, que parece más un desplante o una broma, los cuatro miembros de la Corte se excusaron, Rosenkrantz porque también fue espiado, y los otros tres por “motivos graves de delicadeza y decoro”, que nunca explicaron. Fue una forma falaz de dejar sin justicia a la expresidenta.

Después de la masiva movilización para protestar contra la Corte, los magistrados decidieron dar respuesta y comenzaron el farragoso proceso para sortear a los jueces que los reemplazarán en los recursos planteados por Cristina Kirchner.

La actitud de los magistrados demuestra que una Corte Suprema de sólo cuatro integrantes no alcanza para proveer justicia en tiempo y forma. Cristina Kirchner se quedó sin ella. Y con ella, todos los que se sienten representados en el repudio al espionaje ilegal y a la utilización de los recursos del Estado con ese fin, propio de mafias o dictadores.

Lo que se avanza en la justicia por la intervención de jueces y fiscales apegados a los principios de independencia del Poder Judicial y respeto a la Constitución, se deshace en las instancias que fueron copadas por los manejos de la mesa judicial macrista. Y la maquinaria desajustada sólo acierta a moverse cuando siente el descrédito que se ha ganado en la sociedad. Pero se mueve con una pesadez, donde los tiempos se alargan, en contraparte de la velocidad con que se movieron las causas del lawfare.

Del géneral González a Su Señoría

En una entrevista pedida y realizada para responder a la masiva marcha contra la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo que no creía en la existencia del lawfare. Lorenzetti no quiere ver que los jueces argentinos, brasileños, ecuatorianos y demás, son vistos como en los años '60 se veía a los militares de la región y que tan bien representara Alberto Olmedo con su personaje del "géneral González".

El lawfare que se aplicó contra gobiernos y movimientos populares de Latinoamérica ha sido visualizado y estudiado en todo el mundo como una lacra similar a la de los corruptos generales golpistas de los sesenta. Jueces mafiosos, venales o hipócritas constituyen las nuevas caricaturas que explican las desgracias de esta parte del planeta. Seguramente, si Olmedo estuviera vivo ya hubiera reemplazado al "géneral González" con su Señoría.

El Poder Judicial y ningún poder de la República son perfectos y en general están atravesados por las mismas imperfecciones de la sociedad de la que provienen. Pero el gobierno macrista profundizó esas desviaciones al punto que naturalizó la existencia de una mesa judicial para operar sobre los jueces y para armar causas a sus opositores.

Es difícil para este gobierno o para cualquier fuerza política que no sea Cambiemos o Juntos por el Cambio, gobernar con el Poder Judicial que dejó el macrismo, para quien la Justicia, la información y el espionaje debían estar a su servicio. El gobierno tendría que haber tomado la iniciativa apenas asumió. En el cuarto día de su presidencia, Macri trató de meter dos jueces por decreto en la Corte.

Ahora es más difícil. Pero la experiencia demostró que cada vez se le hará más difícil gobernar si se dejan las cosas como están. La única perspectiva para no desequilibrar aún más la balanza de la Justicia es no bajar los brazos y mantener en forma permanente las movilizaciones, las propuestas y el impulso para una reforma judicial.