El de Roberto Omar Grillo quizá no sea uno de los nombres más conocidos de quienes actuaron durante la dictadura, pero cuando se lo pronuncia en La Plata muchos sienten escalofríos. Grillo era un policía joven, de ojos celestes y pelo rubio, que entró a principios de los años ‘70 a la Dirección de Investigaciones que comandaba Miguel Osvaldo Etchecolatz. En plena dictadura, fue uno de los represores que actuó en el Pozo de Arana y uno de los integrantes de la patota que secuestró a los pibes de la Noche de los Lápices. Durante meses, alternaba entre los calabozos y las entrevistas con los familiares que intentaban saber qué pasaba con los suyos. Allí, Grillo –al que los sobrevivientes recuerdan con el apodo de “Cri-cri”-- buscaba hacer negocios: les pedía plata a cambio de información. En el Pozo de Arana le dieron una tarea siniestra: hacer desaparecer los cuerpos, quemarlos en una fosa con neumáticos y gasoil. El olor de la carne quemada se grabó en él y relataba que no había podido volver a comer asado mientras hacía tareas administrativas en una oficina. Condenado a prisión perpetua en 2012 en el juicio por los crímenes del Circuito Camps, Grillo fue uno de los cinco represores que fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de impugnar el proceso de verdad y justicia en el país y a quienes el organismo les devolvió un portazo en la cara.

En el último mes, el organismo con sede en Washington le informó a la Cancillería argentina que no admitiría las presentaciones que formularon Grillo, Jorge Humberto Appiani, Julio Fermoselle, Miguel Ángel Rodríguez y Ernesto Vallejo. Fue la secretaria adjunta de la CIDH, Marisol Blanchard, quien le comunicó al canciller Santiago Cafiero que habían archivado distintas presentaciones que hicieron condenados por graves violaciones a los derechos humanos en el país. Las cinco peticiones analizadas por la CIDH fueron las del represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Rodríguez junto con las de Fermoselle y Vallejo, que actuaron bajo las órdenes de Agustín Feced en Santa Fe. El rechazo también incluyó a Appiani, represor del área de Paraná, y a Grillo.

Desde que asumió el gobierno Alberto Fernández, la CIDH cerró nueve peticiones de represores. Entre otras, la del represor de la ESMA Carlos Suárez Mason, hijo homónimo del jefe del Primer Cuerpo de Ejército, o la del represor de La Cacha Carlos María Romero Pavón. En noviembre, la Comisión hizo lo propio con una presentación que había hecho Oreste Valentín Padován, un exagente de inteligencia, que fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de lesa humanidad que se hizo en Córdoba. Padován, que se recibió de abogado después de dejar el Ejército, decía que el proceso en su contra no contó con las debidas garantías.

“La respuesta de la CIDH es coherente con lo que sostiene el Estado argentino: que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia argentino no tiene ningún problema, que es adecuado y respetuoso de las garantías”, explica a Página/12 Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos. “Siempre hemos sostenido que con estos juicios se busca justicia y no venganza. Los condenados no tienen ningún problema y gozan del debido proceso, lo que no tuvieron sus víctimas”.

Pochak explica que responder los planteos de los genocidas en el sistema interamericano fue una prioridad de la Secretaría que encabeza Horacio Pietragalla Corti. “Esto evidencia que hay un Estado que está defendiendo el proceso de justicia y que hay un trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal y, de algún modo, con el Poder Judicial que da cuenta de una política de Estado”, recalca.

Durante la administración Cambiemos, los grupos que defienden a acusados y condenados por delitos de lesa humanidad consiguieron un buen plafón para llevar sus reclamos a organismos internacionales, los mismos que fueron la esperanza de familiares de las víctimas durante la dictadura. Sin ir más lejos, la visita de la CIDH en 1979 marcó un antes y un después para la denuncia de la dictadura genocida.

El gobierno de Mauricio Macri postuló para la CIDH al abogado Carlos Horacio de Casas, cuyo único mérito en la materia era haber defendido al militar Enrique Gómez Saá. En octubre de 2017, la CIDH convocó a una consulta pública sobre Memoria, Verdad y Justicia en Uruguay, a la que concurrieron abogados y familiares de represores, que terminaron expulsados por pedido de organizaciones de derechos humanos de los países vecinos. En octubre de 2018 Puentes para la Legalidad y la asociación Justicia y Concordia –que nuclea a defensores de imputados en delitos de lesa humanidad– consiguieron un hito al ser recibidas por la CIDH en Colorado, Estados Unidos, gracias a los insistentes oficios de la entonces embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Paula Bertol.

“No fue casual que la CIDH recibiera tantas peticiones en el período 2016-2019”, dice Pochak. “Hay que recordar que la Secretaría de Derechos Humanos recibía a los represores como si fueran víctimas, apoyaba estos planteos y ayudaba a trasladarlos a la CIDH e incluso los acompañó en audiencias. Claramente existe una relación entre la cantidad de peticiones que ellos presentaban y la postura que tenía el Estado durante la gestión anterior”, remarcó la funcionaria.