A puertas cerradas, con aforo reducido a diez personas y prohibición de transmitir al canal comunitario La Retaguardia, el Tribunal Oral Federal 2 recibió ayer los primeros testimonios en el juicio por delitos de lesa humanidad denominado “RIM-6 de Mercedes/Imprenta PRT-ERP”, que tiene entre sus acusados a los excarapintadas Emilio Morello (ex diputado del MODIN) y Martín Sánchez Zinny. “Necesito saber qué pasó. Qué hicieron con ella. Viví toda mi vida con esto adentro mío”, confesó entre lágrimas Bárbara García, quien a sus nueve años fue testigo del secuestro de su madre Rocío Ángela Martínez Borbolla, militante del PRT-ERP, aún desaparecida. “Me voy con una sensación de miedo que no me gusta”, confesó al concluir su declaración ante la mirada intimidante de Ricardo Sain Jean, hijo del ex gobernador de la dictadura y abogado de Sánchez Zinny, a quien Bárbara reconoció en 2017 en un bibliorato con centenares de fotos como el militar que la golpeó con su escopeta mientras se reía. “Me parece muy intimidante que Sánchez Zinny le haya iniciado una causa a mi hermana por reconocerlo”, dijo luego Camilo García, que padeció aquel operativo a sus cuatro años, en referencia a una denuncia del represor por falso testimonio que ya fue rechazada en tres instancias y aguarda la confirmación de la Corte Suprema de Justicia.
Martínez Borbolla fue secuestrada de una casa de Haedo, oeste del Gran Buenos Aires, el 13 de junio de 1976. Allí funcionaba la redacción de la revista El Combatiente. Sus hijos fueron víctimas y testigos de ese operativo, reconstruido gracias a los ex conscriptos del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes, aunque prestaron testimonio sólo como testigos. El juicio abarca delitos contra 37 víctimas (30 desaparecidas), integrantes del PRT-ERP, la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores. En el banquillo están también Gustavo González Gass, Luis Brun, Horacio Linari y Osmar Andrade, el único que era suboficial y no está preso en su casa.
“Les apuntaron mientras estaban acostados en sus camas. ‘¿Qué vamos a hacer con ustedes?’, preguntó un milico. Camilo les ‘ofreció’: ‘hagan lo que quieran, nos tapamos con la sábana’. Eso hicieron. Una nena de nueve, un nene de cuatro y una sábana como toda protección contra el terror”, resumió la escritora y dramaturga Mariana Eva Pérez, una de las pocas personas que logró concretar la gestión para poder ver la audiencia a la distancia.
“Esta foto que ves es parte de lo que debería ser una transmisión televisiva, pública, abierta”, informó La Retaguardia al mostrar la imagen de Camilo frente al tribunal que integran Javier Feliciano Ríos, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. Del otro lado de la pantalla, serio, con auriculares gigantes, se veía el rostro de Sánchez Zinny. “Bárbara lo reconoció hace poco como uno de quienes ingresó a su casa y secuestro a su mamá. Él la querelló. En diciembre declaró en este juicio. Desde su casa. Eso sí lo pudimos televisar. Algo anda mal”, marcó el contraste La Reteguardia.
El canal fue autorizado a presenciar pero no a transmitir la audiencia. Mientras jueces de San Martín, La Plata o Bahía Blanca autorizan la difusión de testimoniales, Comodoro Py lo impide, invocando una acordada de la Corte de 2008 que sólo ordena la transmisión de instancias iniciales, alegatos y sentencia, y pasando por alto el artículo 287 del nuevo Código Procesal Penal, que ordena garantizar el principio de publicidad “para un amplio público”. “Hoy muchos familiares, amigos y víctimas que siguen los juicios por La Retaguardia no pudieron estar presentes porque ni siquiera sabían cómo hacer, o que era su derecho presenciar la audiencia. Volvimos de facto a la instancia de los juicios antes de la era de la televisación, cuando a la sala iban sólo veinte militantes y familiares”, lamentó Fernando Tebele, referente de La Retaguardia, que sigue sumando adhesiones al reclamo.
“Me parece muy intimidante que Sánchez Zinny le haya iniciado una causa a mi hermana por reconocerlo. Ella tenía nueve años y los enfrentó, les quiso hasta pegar. Creo en mi hermana. Ella siempre pensó que de alguien de iba a acordar”, relató Camilo, que estudió periodismo en TEA y es trabajador de prensa.
"¿Qué hicieron con ella?" / SUBTÍTULO
“A Bárbara la pegan un culatazo en la pierna.
–Mi mamá, mi mamá.
–A tu mamá no la vas a ver nunca más.
Escucha la voz de su mamá:
–Mis hijos, mis hijos.
–A tus hijos no los vas a ver más.
–¿Y con estos qué hacemos? (ella y Camilo) ¿Los matamos?”
El relato de la mujer que entonces era una niña lo reprodujo también Pérez, autora del libro Diario de una Princesa Montonera.
“Cuenta que los dejaron con unos vecinos, que estaban tan aterrados que ella tuvo que dormir con la señora y Camilo, con el marido. Muchos años después este vecino los buscó para contarles que no los habían querido ayudar, que lo obligaron a quedarse con ellos esa noche”, apuntó. "Necesito saber qué pasó”, pidió Bárbara. “Con mi hermano Camilo y mi papá nunca pudimos hablar mucho de esto”, agregó. “Empezamos a sentir golpes en las puertas e insultos. Intentamos escapar con Camilo por la ventana pero no pudimos abrir. A mi mamá la insultaban. Yo pedía por ella y me decían ‘a tu mamá no la vas a ver más’. No me lo voy a olvidar nunca”.
Bárbara contó también que su abuelo, que había sido preso del franquismo, buscó a su hija toda su vida y no llegó a saber del juicio porque se murió antes. Relató también que consultó a videntes, que algunas le decían que su mamá estaba viva, que estaba en pareja con un militar que se la había llevado al Paraguay pero que había tomado una pasilla que le había hecho perder la memoria. "Esa idea se me desvaneció cuando hablé con Maco” Somigliana, investigador del EAAF.
“En mi casa había muchas revistas. Ahí se editaba El Combatiente. Que mi mamá era editora lo supe después”, relató. En otro fragmento de la declaración que reprodujo La Retaguardia contó que fue contactada por la actual pareja de la ex esposa de Sánchez Zinny. “Me contactó pidiéndome ayuda. Temía que la cortaran en pedacitos, que le quitara a sus hijos”, contó. El militar logró de hecho el arresto domiciliario con el argumento de que debe cuidar a uno de sus hijos, que padece de autismo.
En un momento, ante objeciones a una pregunta de Saint Jean, el juez Ríos (el único presente) le pidió a Bárbara salir de la sala. El hijo del genocida que juró matar desde los subversivos hasta los indiferentes y los tímidos, frustrado por las pruebas abrumadoras contra su cliente, a quien no sólo aquella niña sino también ex conscriptos y hasta un oficial retirado del Ejército mencionaron como partícipe del operativo en Haedo, ensayó un alegato para sugerir que Bárbara había sido guionada por su abogado Pablo Llonto y por la fiscal Ángeles Ramos.
El cierre fue de extrema tensión. “Les pido que digan algo, porque saben”, reclamó la víctima-testigo. Mirando a los ojos a Saint Jean y a María Laura Olea, defensores de Sánchez Zinny, explicó que al daño inenarrable que le produjo la desaparición de su madre tuvo que sumarle la denuncia por falso testimonio. “La persona que me golpeó con la escopeta, que jugaba con mi vida y mi muerte, me inició una denuncia penal. Yo no lo podía creer”, confesó, y recordó que debió entrar en un programa de testigos protegidos.
“¿A usted le parece, señor presidente, que ahora yo vuelvo a casa y tengo que avisar que volví? ¿Tengo que vivir porque este señor dice que cometí falso testimonio? Me tiene que devolver estos dos años míos de tortura”, exigió, y añadió que “el que tiene que responder es este señor: ¿Dónde está mi mamá?”. El represor escuchaba desde su casa.