Desde Río de Janeiro

Dando secuencia a la única promesa de la campaña presidencial de 2018 que cumple de manera rigurosa, el ultraderechista Jair Bolsonaro registra otra constatación. La promesa en cuestión fue la de destruir el país que existía antes de construir un nuevo Brasil.

Extracción ilegal

En el sur de la provincia amazónica de Pará hay una reserva indígena de los Kayapó. Pues ahora se constató que el oro extraído de manera absolutamente ilegal por mineros que actúan bajo la protección, cuando no del incentivo, del gobierno nacional alimentó la producción de uno de los principales líderes de metales preciosos de Europa, la italiana Química Metalúrgica Toscana. La especialización de la empresa se divide entre fabricar joyas, como alianzas y anillos, y barras de oro para integrar tesoros abrigados en grandes bancos suizos, británicos o norteamericanos.

Se comprobó que el oro extraído fue “legalizado” a través de métodos fraudulentos bajo el ojo cerrado de los mecanismos de fiscalización desactivados o fragilizados por el actual gobierno. La institución encargada de fiscalizar, la Agencia Nacional de Minería (ANM), nunca tuvo tan pocos recursos en caja y el número de funcionarios en actividad se redujo al mínimo.

La investigación

La investigación llevada a cabo por la Policía Federal brasileña (foto), cuyo control absoluto Bolsonaro no logró alcanzar, llegó a los responsables por la compra del oro ilegal y su exportación fraudulenta a Italia. En octubre doce personas involucradas en el fraude fueron detenidas. Pasados tres meses, todas fueron liberadas a través de habeas corpus obtenidos junto a los tribunales de primera instancia.

La empresa italiana, a su vez, argumenta que las compras de oro que realiza cumplen la exigencia de que se identifique su origen. Quizá se olvide de mencionar un pequeño detalle: bajo Bolsonaro, el vendedor declara el origen sin tener que comprobar nada. La empresa también admite que la compra de oro extraído en “zonas de riesgo” trae como una de las consecuencias el peligro de adquirir mineral sin origen legal. Y resalta que Brasil es, bajo todas las circunstancias, “zona de alto riesgo”. Ha sido solamente una tonelada de oro ilegal, aseguran los italianos, realzando que se trata de una cantidad ínfima se comparada al total que adquiere en varias partes del mundo.

Esas compras se dieron entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020, pero principalmente a partir del segundo trimestre de 2019, ya con Bolsonaro en la presidencia. El principal responsable por la compra y exportación del oro ilegal es conocido. Se trata de Mauro Dogi, que ya fue empleado en Italia, su país natal, del mismo grupo para el que fue enviado el mineral brasileño. Sigue libre y actuante. 

Destrucción

Y Bolsonaro ve todo ese esquema como algo absolutamente natural. Al fin y al cabo, lo que interesa es el oro y el respaldo electoral de mineros que actúan en la más absoluta ilegalidad. ¿Los indios Kayapós, cuyas tierras son invadidas de manera totalmente ilegal? Allá ellos.

Este es, al fin y al cabo, solo un ejemplo – pequeño ejemplo – de como la minería ilegal se extiende por la región amazónica, que en los tres años del ultraderechista en la presidencia vio su destrucción aumentar en 56 por ciento.