Desde Santa Fe
Una mujer vestida de negro, abogada del Ministerio de Seguridad, se lleva un bolso ante los ojos de la fiscal del MPA Cristina Ferraro y las dos quedaron filmadas. El hecho ocurrió el 12 de febrero de 2020, alrededor de la una de la madrugada, en las puertas de la agencia de turismo de Hugo Oldani, el empresario fallecido horas antes, víctima de un crimen horrendo. Esta semana, el fiscal Walter Rodríguez describió aquel cruce y aportó el video –entre decenas de pruebas- al solicitarle al juez Marcelo Bailaque la elevación a juicio oral de la causa en la que están imputados diez allegados a Oldani, entre ellos su hija Virginia y una empleada de la empresa, María José Calle, por supuesta “intermediación financiera no autorizada”. Rodríguez cree que la mujer de negro sacó en su bolso parte de la plata que Oldani tenía esa tarde en su oficina y de la que sólo quedan fotos y la filmación, aunque un peritaje de la Policía Federal estimó el monto: 1.100. 000 dólares y 3.050.000 pesos. “Esta es la causa que le duele al círculo rojo santafecino y sus encubridores judiciales. ¿Quiénes eran los verdaderos dueños del dinero?”, se preguntó ayer el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien en junio de 2020 formalizó la denuncia para que se investigue “el hallazgo y posterior sustracción de la escena del crimen de una millonaria suma de dinero” que no se condice con los montos que maneja un operador turístico, lo que permite inferir que allí funcionaba “una de las denominadas cuevas financieras” sin autorización del Banco Central y la Afip “para realizar operaciones de cambio y/o préstamo de dinero”.
La denuncia de Sain derivó en dos investigaciones. Una por supuesta “intermediación financiera no autorizada” y otra a la fiscal Ferraro por presunto “encubrimiento en la modalidad de hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito agravado por tratarse de una figura penal especialmente grave y por su calidad de funcionaria pública”. El viernes, el fiscal Rodríguez elevó a juicio oral la primera.
En el requerimiento al juez Bailaque, el fiscal dijo que la agencia de Oldani operaba como banca de hecho, por lo menos desde 2018 hasta el 11 de febrero de 2020, cuando se produjo el homicidio del empresario. Oldani dirigía una estructura ilegal que desarrollaba funciones reservadas al sistema financiero, bajo la pantalla de una agencia de turismo.
El video y las fotos revelaron que el día del crimen -11 de febrero de 2020-, Oldani guardaba una fortuna en una estantería de madera ubicada en el fondo del local, que el informe técnico de la Policía Federal estimó en un millón de dólares y 3 millones de pesos. Una suma de dinero incompatible –según el fiscal- con el giro comercial habitual de una agencia de turismo de la escala de Oldani, que se dedicaba a “servicios minoristas”.
La fiscal que investigaba el homicidio era Ferraro. Después de la medianoche, se realizó una suerte de inspección ocular del local de Oldani, sin testigos de actuación, que se documentó con fotos y un video de 54 minutos y 11 segundos. El fiscal Rodríguez descubrió que los familiares de Oldani y allegados comenzaron a ejecutar acciones destinadas a ocultar y desaparecer el dinero que había en la empresa. Antes de que finalizara la inspección y se colocara la faja de seguridad, ingresaron al local cuatro personas, entre ellas Virginia Oldani y la mujer de negro, que en la causa está identificada como abogada del Ministerio de Seguridad. Y unos minutos después, salieron del local con bolsos, una mochila y una caja azul, ante los ojos de Ferraro. Recién después, se colocó la faja de clausura.
El fiscal Rodríguez analizó también las cámaras de seguridad de la galería -donde está la agencia de turismo- y confirmó que la hija de Oldani, su esposo, otro hombre y la mujer de negro sacaron los bolsos, la mochila y la caja azul. Su conclusión es que se llevaron el dinero en efectivo porque era una prueba de las operaciones financieras no autorizadas por el Banco Central que realizaba Oldani.
Uno de los testigos de la causa –que trabajaba en Santa Fe para una empresa de Rosario- solía concurrir a la agencia de Oldani a buscar dinero que le transferían desde la casa matriz. Nunca iba solo, lo acompañaba un chofer que estacionaba la camioneta frente a la galería Rivadavia y bromeaba: “Vamos a la cueva”. Los sorprendía que no hubiera custodios, cuando Oldani “manejaba tanta plata”, declaró.
En el relato de los hechos y las pruebas que lo sustentan, el fiscal Rodríguez atribuyó a los diez imputados en la causa haber intervenido en maniobras y operaciones –de manera habitual- reservadas al sistema financiero y sin contar con habilitación, en el plazo que estimó las operaciones de Oldani, entre 2018 y el 11 de febrero de 2020.
La imputación es por supuesta “intermediación financiera no autorizada” a Virginia Oldani, una empleada de la agencia, María José Calle; la presidenta de la sociedad de Bolsa Mediterránea, Carina Chelmo; dos operadores del grupo Carey de Rosario: Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo; el abogado Leandro Javier Forchetti y los inversionistas Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marco Molinas y Eugenio Francisco Alonso.
El Ministerio Público dijo que Oldani realizaba distintas operaciones:
1) La obtención de dinero otorgado por terceros a favor del empresarioi por tiempo determinado a cambio de una tasa de interés y con la posibilidad de renovación;
2) La búsqueda de tenedores de cheques con intención de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo y condicionado a acreditación bancaria, a quienes Oldani les descontaba un porcentaje;
2) La colocación de los recursos financieros que pueden clasificarse en tres modalidades:
A. préstamos inmediatos como “rueda de auxilio” a favor de terceros en operaciones propias de aquellos y con escaso plazo de devolución (24/48 horas),
B. préstamos de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y con opción de recupero en caso de devolución del efectivo con antelación a la fecha de vencimiento.
C. préstamos de dólares cuya devolución se pactaba en cuotas mensuales, con opción de pagarlas en moneda nacional, considerando la cotización de la divisa en el mercado informal al día de su cumplimiento;
4) La utilización del mecanismo en virtud del cual particulares ingresan divisas al país o las transfieren al exterior, a cambio de una comisión de servicio calculado sobre el monto de la operación.
