Casi en silencio, muchas veces ignorados y en las pocas veces que se los menciona, se lo hace de modo tergiversado, la Procuración del Tesoro de la Nación sigue adelante con el mandato que recibió del presidente de la Nación por decreto 239/21: promover la investigación judicial sobre la responsabilidad penal de quienes impulsaron el multimillonario préstamo del FMI del año 2018. En dicha causa penal fueron imputados Mauricio Macri, Luis Caputo, Federico Sturzennegger y Guido Sandleris por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública. A pesar de los elementos aportados por la Procuración, todavía no fueron siquiera citados a declarar. Sin embargo, Guido Croxatto, director nacional del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE) de la Procuración, asegura que será esta causa judicial la que permita recoger el mejor aprendizaje de la relación entre "crisis de deuda y delitos financieros".

Croxatto recibió a Página 12 en su despacho, con un cuadro de Raúl Scalabrini Ortiz en la pared, para hablar de la deuda, los delitos financieros, la dependencia económica y la necesidad de fortalecer un Estado muchas veces indefenso ante los poderes fácticos.´

- ¿La denuncia judicial no queda obstaculizada por el acuerdo con el FMI que reconoce la legitimidad de la deuda?, fue la primera pregunta a uno de los colaboradores principales de Carlos Zannini en la Procuracion del Tesoro (el órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado).   

"No lo creo. Considero que se pueden separar los dos espacios. Una cosa es mantener la estabilidad institucional y tratar de conservarla de la manera más ventajosa posible, logrando una negociación sobre el acuerdo del gobierno anterior que le devuelva cierta solvencia al gobierno argentino. Y otra distinta es que haya una causa penal, promovida desde el Ejecutivo por decreto, en la que se van a investigar los delitos vinculados al endeudamiento con el FMI. Son dos equipos de trabajo dentro de un mismo gobierno y un mismo tema, pero no son incompatibles las tareas que realizan". 

"Hay cuestiones que son complejas y esta es una. Una cosa es un equipo negociador, como son Guzmán y Chodos. Están negociando un acuerdo que ellos no hubieran querido, pero que heredaron. Y están tratando de acomodarlo de la forma más favorable a la Argentina. Otra cosa es un equipo que trabaja en la causa judicial que se tramita en Argentina para investigar la comisión de delitos en ese mismo proceso de endeudamiento. Ahí estamos con la Procuración del Tesoro y es donde tengo más expectativas".

- Ya conocemos las consecuencias económicas y sociales nefastas del Acuerdo Stand By de 2018. ¿Está demostrado que hubo delito?

Para algunos, el acuerdo fue un fracaso. Otros dicen que no fue un fracaso, sino un delito. No son meros errores de cálculo o falla de diagnóstico, sino la implementación de una política que empuja a millones de personas a la pobreza. Eso debiera exigir responsabilidades concretas. Por el eso el Decreto 239 ordena instruir una causa, para tratar de develar las responsabilidades penales de los seis funcionarios que, sin pasar por el Congreso, endeudaron de una manera descomunal al país.

Independientemente de lo que plantea el análisis de Karina Ferreira Lima y Chris Marsh. que considera jurídicamente inválido el acuerdo porque el FMI se extralimita en sus facultades, yo agrego otro argumento que se suma a aquél. Estos procesos de endeudamiento se hicieron contraviniendo o desvirtuando nuestro orden institucional, nuestro sistema jurídico, incumpliendo nuestras normas.

Si va a surgir un aprendizaje de toda esta crisis de la deuda, yo creo que va a ser a partir de esta causa penal. Claro: si se instrumenta bien, si la jueza (María Eugencia Cappuchetti) la encara con la seriedad que corresponde. Sería muy grave que esa causa quedara en la nada. 

- ¿Pero puede quedar en la nada?

Los antecedentes, lamentablemente, nos marcan que eso puede pasar. Por estos delitos económicos, los funcionarios responsables, que incluso tienen cuentas sin declarar en todas las guaridas fiscales del mundo, no son llamados a declarar nunca. No son imputados en ninguna causa concreta nunca. En cambio, a los que nacen en la marginalidad y se crían en la indigencia, se los señala como los grandes delincuentes de la Argentina. Esa es la discusión que hay que dar: hasta cuándo vamos a seguir criminalizando la pobreza y cuándo vamos a empezar a investigar los delitos económicos. Porque son éstos los que generan pobreza y subdesarrollo en el país. 

Pero yo creo que las pruebas están y son claras en el expediente. Se ven a la luz del día. Un acuerdo Stand by hecho, como después se reconoció, para sostener políticamente al gobierno de entonces frente al escenario electoral 2018/19. Y se tomó una deuda impagable. Evidentemente, la primera responsabilidad es de los funcionarios del país, que son los que endeudaron de manera criminal a la Argentina. Y se trata de delitos muy graves.