Martín Soria hace cálculos: dice que este año, al no ser electoral, podría ser el período apto para avanzar en la agenda de cambios en la Justicia que tiene pendiente el gobierno. En la larga lista en la que trabaja el ministro de Justicia sobresalen la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal, pero también se cuela la resistencia de sectores del Poder Judicial a investigar a espías y funcionarios de la anterior gestión. “Este debe ser el año para arrancar con esas reformas que son tan necesarias”, dice Soria en diálogo con Página/12.

--¿Qué expectativas tiene frente a las investigaciones sobre el espionaje durante el gobierno anterior ahora que todas las causas están concentrándose en Comodoro Py?

--Yo tengo expectativas muy favorables. Un año atrás logramos conocer de primera mano cómo funcionaba todo ese plan sistemático de la “mesa judicial” con las visitas clandestinas de jueces a Olivos y la Casa Rosada antes de sacar un fallo para la tapa de Clarín o La Nación. Recién, en diciembre pasado, se encontró un video grabado por los propios funcionarios macristas en el que participaban senadores de la provincia de Buenos Aires, ministros de (María Eugenia) Vidal, funcionarios de la AFI, el intendente de La Plata y empresarios. Allí, el ministro de Trabajo de Vidal, (Marcelo) Villegas, les explicaba cómo armar causas para despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas. Por eso no tengo ninguna duda de la existencia de la “mesa judicial''. Argentina estuvo durante cuatro años gobernada por un mafioso y el instrumento que tenían era precisamente esa “mesa judicial''. Todo esto lo que demuestra es que el verdadero ministro de Trabajo del expresidente Macri y de la exgobernadora Vidal era (Gustavo) Arribas, el jefe de los espías. En 2018, Macri eliminó el ministerio de Trabajo de la Nación porque con la AFI le alcanzaba y le sobraba. La política laboral durante el macrismo era destruir el salario de los trabajadores y destruir a los sindicatos. 

--Usted tuiteó sobre una reunión entre Villegas, Arribas y Macri en plena discusión de la paritaria docente en la provincia. ¿Detectaron otros casos de persecución a líderes sindicales?

--No, lo que encontré lo publiqué.

--¿Cómo le parece que recibe el Poder Judicial lo que salió a la luz, por ejemplo, con el video de la "Gestapo"?

--Es muy difícil que entre bomberos se pisen la manguera. Junto con otros diputados fuimos los que hicimos la denuncia de la "mesa judicial", yo me acuerdo que una de las primeras medidas que les pedíamos al juez y al fiscal de la causa era que citen a prestar declaración a Elisa Carrió, que fue la primera que habló de la "mesa judicial" para criticarla. Esas reuniones en las que se juntaban en Casa Rosada Marcos Peña, Macri, Arribas, (Silvia) Majdalani, (Pablo) Clusellas, "Pepín" Rodríguez Simón, Patricia Bullrich, (Juan) Mahiques. Sin embargo, ha pasado un año y yo no escuché que la llamen a que cuente qué más sabe de la mesa judicial.

--De hecho, Carrió logró frenar una pericia que se había hecho en la causa sobre manifestaciones públicas de funcionarios.

-- Una pericia que no conduce a nadie. En la denuncia, nosotros pedimos el entrecruzamiento telefónico de cada uno de los participantes de estos encuentros de la "mesa judicial". Y, bien, gracias, seguimos esperando. Lo único que sabemos es que se pidió un relevamiento de tuits y de noticias periodísticas al respecto, algo que es totalmente inconducente porque, cuando presentamos la denuncia, agregamos todas las denuncias periodísticas.

--¿Se puede decir entonces que es difícil que la justicia federal investigue a la propia justicia federal que, en algunos casos, tenía terminales con esa "mesa judicial"?

--Yo digo que es difícil, no que sea imposible. A medida que pasa el tiempo y van saliendo más hechos a la luz, cada vez se les hace más difícil tapar el sol con las manos. Las pruebas están todas, lo que sí tenemos es un Poder Judicial en el cual Mauricio Macri no dejó ninguna fechoría por hacer. Hubo 38 traslados ilegales, camaristas puestos a dedo en lugares clave como (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi. Cuando se los llamó para regularizar la situación de esos traslados ilegales, inmediatamente presentaron un per saltum y la Corte en semanas resolvió, diciendo que los traslados son inconstitucionales pero hasta que no se hagan los concursos tienen que seguir ocupando esos cargos. Cuando en diciembre pasado, el Consejo de la Magistratura anuncia que va avanzar con esos concursos inmediatamente sacan un fallo que tuvieron cuatro años cajoneado.

–¿Qué va a pasar con la Cámara Federal porteña? ¿Se va a completar en los próximos meses o va a quedar atada esa situación a lo que pase con el Consejo de la Magistratura?

--Todo depende del plazo totalmente irrazonable que estableció la Corte. Es un intercambio de favores: la Corte le puso precio a algunos fallos y, a cambio, quiere quedarse con otra caja como es la del Consejo de la Magistratura, por eso pusieron un plazo totalmente incumplible y corremos el riesgo de paralizar un órgano como es el Consejo de la Magistratura. Quieren darle la llave de todo el presupuesto del Poder Judicial --que ya lo tiene la Corte-- pero ahora también el del Consejo de la Magistratura. Lo curioso es que ni pueden manejar la obra social.

--¿Entonces para el gobierno es inaceptable lo que surge del fallo y lo que propone la oposición: el presidente de la Corte como cabeza del Consejo?

--Es totalmente contrario a los objetivos de la reforma de 1994, es ilegítimo y es totalmente ineficiente. Uno de los objetivos de la reforma, al crear el Consejo de la Magistratura, no fue únicamente transparentar el mecanismo de designación y remoción de los jueces, sino también desconcentrar el excesivo poder que tenía la Corte Suprema. Por eso, el artículo 114 establece que debe ser el Consejo de la Magistratura y no la Corte quien administre y maneje el presupuesto del Poder Judicial y así la Corte podría dedicarse a lo que debe dedicarse, que es dictar fallos y no hacer política como pretende hacer esta Corte. Pero, además, es totalmente ineficiente: tenemos una Corte que tiene miles de expedientes sin resolver (muchos de ellos en causas graves, como las de lesa humanidad) y su propio presidente se queja del exceso de trabajo que tienen. 

--¿Qué va a pasar en este escenario con el Consejo de la Magistratura porque no parece que el gobierno tenga un panorama favorable para aprobar una nueva ley y está el fantasma de la parálisis?

--Por eso mismo tenemos que alcanzar los acuerdos necesarios.

--¿Y con la Corte qué quiere hacer el gobierno porque hay un diagnóstico muy crítico, hay una reacción de la calle que pide cambios pero no se sabe cuál es la propuesta?

--Sí, se sabe lo que piensa el gobierno. Fui yo en representación de nuestro gobierno a hablar precisamente del incorrecto funcionamiento que está teniendo la Corte Suprema. Que la Corte no está funcionando bien no solamente lo dicen el Presidente y todo nuestro gobierno, lo reconocen ellos mismos. El presidente actual de la Corte dijo en diciembre pasado que la Corte necesita cambios y que sería bueno que en la discusión ellos sean escuchados.

--¿No lo dijo porque no los convocaron al consejo consultivo?

-- No me consta. (Carlos) Rosenkrantz abrió un año judicial diciendo que el Poder Judicial enfrenta una grave crisis de legitimidad. (Ricardo) Lorenzetti dijo que había consenso respecto a la necesidad de reformar el Poder Judicial. Ahora, cuando el gobierno impulsa reformas inmediatamente se abroquelan todos los que participaban del armado de causas diciendo que queremos atacar a la Corte y a la justicia.

--Hay, al menos, dos opciones: ampliar la Corte o designar al reemplazo de Elena Highton. ¿En cuál se está pensando?

-- Vamos a los hechos: tenemos hoy la Corte Suprema de Justicia con la menor cantidad de integrantes del continente. Uruguay, con menos de 4.000.000 de habitantes, tiene cinco jueces. Y nosotros, con casi 47.000.000, tenemos cuatro jueces. Es la primera vez en la historia que en los últimos 17 años no hay una sola mujer. Es una Corte que no tiene representatividad federal: tenemos un juez que tiene domicilio en Capital, otro en Córdoba y dos en Santa Fe.

--Si yo le pregunto a Usted, ¿hay que ampliarla entonces?

-- A mí me encantaría una Corte federal con paridad de género. Para eso se requieren consensos. Argentina necesita recomponer el pacto democrático que Macri rompió al convertir la política en un juego de espías.

"Deberían llamar a indagatoria a los responsables del envío de armas a Bolivia"

Una de las primeras denuncias que inquietó a Mauricio Macri fue la que presentó el año pasado el gobierno de Alberto Fernández por el contrabando de armas a Bolivia para apoyar el golpe contra Evo Morales después de que se hallara una carta en la que el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) le agradecía al embajador argentino por la entrega de balas y gases. Martín Soria fue uno de los denunciantes junto con la exministra de Seguridad Sabina Frederic y la actual titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont. En la causa están imputados Macri y parte de la plana mayor de su Gabinete. El ministro reclama que la justicia argentina actúe rápido.

--Como denunciante en la causa por el envío de armas a Bolivia, ¿cómo evalúa la investigación que viene llevando adelante el fuero en lo penal económico?

-- Tengo entendido que habrá testimoniales en las próximas semanas. Hasta donde trascendió estaría todo acreditado: el presunto contrabando de armas para respaldar un golpe de Estado en Bolivia, un hecho nefasto para la historia argentina. Ojalá que la justicia avance rápido.

--¿Deberían llamar a indagatoria a Macri?

--A todos los responsables, no solamente a Macri.

--¿Eso quiere decir a todos los que ustedes denunciaron y están imputados?

-- Exactamente.

Casal, Llorens y Bertuzzi

Martín Soria denunció las visitas de camaristas a Olivos o a la Casa Rosada cuando era diputado. Ahora, apoya el pedido de juicio político que presentó la Bicameral de Inteligencia contra los jueces Mariano Llorens y Bertuzzi y reclama que el procurador interino Eduardo Casal brinde explicaciones por un sugestivo ingreso a la Casa de Gobierno.

En pocos meses Casal va a cumplir cinco años de interinato, ¿el gobierno tiene previsto avanzar con el pliego de Daniel Rafecas o con la reforma del Ministerio Público?

--Ahí está lo ilógico: cinco años del interinato más largo de la historia del Ministerio Público Fiscal. Alguien que sigue sin contestar qué hacía en la Casa Rosada el día antes de que un fiscal federal lo sacara de la investigación a Mauricio Macri en la estafa del Correo.

--¿Lograrán avanzar con ese tema?

--Hay que recomponer ese pacto democrático, que no es tan fácil y más si le sumás una pandemia en la que todos los objetivos del gobierno iniciales se dieron vuelta de un día para el otro. No ha sido sencillo. Por eso, yo digo, ahora que estamos saliendo de la pandemia y ahora que no es un año electoral, éste debería ser un año de arrancar con esas reformas que son tan necesarias.

--¿Cómo evalúa el pedido de juicio político a Llorens y Bertuzzi?

--Me parece perfecto. Siendo diputado le pedí el juicio político a (Gustavo) Hornos y a (Mariano) Borinsky por sus ingresos clandestinos.