La fiscala Gabriela Boquín denunció que el Correo Argentino, de la familia Macri, cometió fraudes durante los 20 años que duró el concurso de acreedores y que le  permitieron esquivar hasta el día de hoy el pago de su deuda millonaria. Por esa y otras razones le pidió a la Cámara Comercial que confirme la declaración de quiebra dispuesta en julio del año pasado, que la empresa apeló y que, según advirtió la fiscalía, busca eludir a través intentos de forum shopping para conseguir jueces afines. El dictamen, al que accedió Página/12, enumera 16 falsedades repetidas por el Correo. Lo responsabiliza de crear "un relato" basado en "inexactitudes y engaños" que "difunde a la opinión pública" y "contamina el expediente afectando la búsqueda de la verdad real y poniéndose en una situación de víctima no siendo tal". Quien se encargó el año pasado de aquella difusión, a través de tuits y una carta fue Mauricio Macri, quien a la vez buscaba presionar a la justicia. Boquín detalla en su presentación las operaciones de vaciamiento de la firma, el uso de avales truchos para conseguir la aprobación de su oferta y el acuerdo irregular con el Meinl Bank, acusado de lavado. 

"El derecho de defensa tiene un límite, que es la buena fe. No hay buena fe cuando se distorsionan las constancias del expediente, lo ocurrido a lo largo de todo el proceso, y se incluyen actores políticos que nada tiene que ver con un proceso comercial específicamente concursal", afirma el dictamen. En los papeles, el Correo tiene como empresa controlante a SOCMA, la principal firma de Grupo Macri. El expresidente no figura porque se desprendió de sus acciones, pero es evidente su incidencia. Las había cedido a sus hijos (Agustina, Gimena y Francisco) y luego estos a Gianfranco Macri, que tiene el 40 por ciento; un 20 por ciento es de Mariano Macri, otro 20 por ciento de Florencia Macri y el 20 por ciento restante, de los hijos de Sandra Macri, quien falleció. En la última asamblea de accionistas Mariano, el menor de los hermanos, cuestionó la venta de parte de los activos de la firma, por millones de dólares, que le fue ocultada. Esos desprendimientos patrimoniales podrían generar un argumento para evitar responder por las deudas. La Procuración del Tesoro, en representación del Estado como acreedor, ya pidió la extensión de la quiebra, que recaería sobre SOCMA. 

La última oferta que había hecho el Correo a sus acreedores era de 1000 millones de pesos en un pago. Según los cálculos de la fiscalía es cerca de una sexta parte de la deuda real. El escándalo previo había sido en 2016, también con Macri en el centro de la escena como presidente: la empresa arregló con los representantes del Estado una fórmula que licuaba, según Boquín, el 98,87 por ciento de la deuda. La fiscala frenó ese pacto. En su nuevo dictamen recuerda que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) le dio la razón en dos peritajes, que establecieron que por lo menos 92 por ciento de lo adeudado se evaporaba. 

Boquin presentó su dictamen en diciembre pero llamativamente no aparece en el sistema. La Sala B de la Cámara Comercial ya podría decidir si ratifica o no la quiebra del Correo, dispuesta por la jueza Marta Cirulli. Ese tribunal tiene una nueva integrante desde el año pasado, Guadalupe Vásquez, a quien los Macri ya intentaron desplazar, por ahora sin éxito. La conformación histórica, de María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, les fue funcional en especial al paso del tiempo (llegaron a tener 11 años guardado el expediente). La primera debería jubilarse pero presentó un amparo para quedarse pos 75 años: lo ganó en primera instancia, lo revocó la Cámara y ahora presentó un recurso ante la Corte Suprema, que podría generar una traba adicional.  

Mayorías truchas

Según Boquín, el Correo llenó el concurso de acreedores de situaciones fraudulentas. Una de ellas fue presentar una mayoría trucha para mostrar que tenía aval a su oferta de pago. Para que un acuerdo sea homologado la empresa deudora tiene que mostrar las "conformidades" de una mayoría de los acreedores. En total son 708. La última vez antes de la declaración de quiebra el Correo decía que tenía 34, más otras 375 de años previos y que había que excluir al Estado nacional de los cálculos porque era "hostil". Esto último fue rechazado por la fiscalía, y también por la jueza la dictar la quiebra.

Para Boquínlas conformidades que mostró no son válidas. Por empezar, son anteriores al procedimiento de "salvataje" y la última oferta. Un grupo data de 2007. El problema no es solo la fecha: de las 375, 361 habían sido otorgadas por apoderados/cesionarios vinculados a tres estudios de abogados, todos relacionados con el Correo y, al menos dos de ellos, con miembros en el directorio. "No pueden considerarse genuinas ni legítimas pues evidencian una manipulación" de la empresa para lograr mayoría. A eso se suma que, por ejemplo, uno de los hombres que aparece otorgando 23 conformidades, Miguel Martín Cormack, encontró su nombre en notas periodísticas y denunció que no había participado en nada y que la firma no era suya. Sus avales, para peor, aparecían ratificados en 2021. La fiscalía detectó también dos ratificaciones de acreedores que antes no habían dado respaldo, seis repetidas, 15 a nombre de los acreedores originales cuyo crédito había sido cedido. Parecen detalles pero no lo son. 

El Correo se aferró, además, a su acreedor privado más grande: el Meinl Bank tiene le 38 por ciento del pasivo. Pero fue investigado por lavado y decretada su quiebra en marzo de 2020. Su conformidad de trece años antes ya no sirve. 

Los fraudes

Sin actividad ni ingresos, el Correo hizo una serie de operaciones sorprendentes que tienen como denominador común su propio "vaciamiento" "en perjuicio de los acreedores y en beneficio de sus controlantes" (dentro del Grupo Macri) y "empresas vinculadas". Son fraudes que, según Boquin, no admiten otras salida que la quiebra.   

*El Correo compró en 2007 a SOCMA, su controlante, acciones de la empresa uruguaya Neficor (ligada al negocio automotriz) por 2,1 millones de dólares, sin permiso judicial.  

*Hizo un aporte a Comunicación Dinámica, de la que es accionista, por 521.000 pesos en 2004. No pidió autorización. Las sindicaturas no dijeron nada. 

*En 2012 Correo hizo un convenio con Sideco, otra firma del grupo que fue su socia hasta 2016, por servicios de asistencia, asesoramiento y locación de bienes y servicios, por los que le pagaba 18.000 dólares mensuales (entre julio de 2012 y abril de 2014). No pidió autorización. Le generó una deuda "posconcursal" de 60 millones de pesos. 

*Hasta 2012 la empresa pagó 8 millones de pesos de anticipos a los directores, pese a que no tenía derecho a ninguna retribución porque los ejercicios arrojaron pérdidas. Violó, dice la fiscalía, la ley de sociedades. 

*El Correo pagó honorarios por asesoramiento legal a estudios jurídicos integrados por integrantes de sus propio directorio y a consultoras o empresas de publicidad. Fueron pagos estimados en casi 27 millones de pesos.  

*Un informe del coadministrador detectó que había deudas, en septiembre de 2019, por préstamos con Sideco y SOCMA: la primera por 3 millones de pesos y la segund por casi 22 millones. Sideco, sin embargo, no era socia desde 2016. Con ella figuraba otra deuda mayor: 58 millones de pesos. 

*El Meinl Bank (hoy Anglo Austrian Bank AF) compró los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2005, que eran de 62.726.607,44 dólares y los de la Corporación Financiera Internacional (CFI) en 2006, por 57.956.527,72 dólares. Hicieron un acuerdo llamativamente inconveniente para la entidad. La deuda estaba registrada en pesos al cambio de 2013 (6,5 pesos el dólar). Boquin revela que el Correo hizo un acuerdo en paralelo al concurso con la entidad, que fue ocultado. Era darle ventaja a acreedores que le daban su conformidad para eludir la quiebra. El Meinl fue acusado de lavado y atraviesa un proceso de insolvencia. 

Las mentiras

El dictamen de Boquin plantea que el Correo miente, en una larga lista de falsedades, que incluye estas observaciones:  

*Dijo que ofrecía el pago del 100 por ciento de la deuda, con una tasa de interés pasiva. El expresidente Macri hizo alarde de esto públicamente. Eso, señala Boquin, no es el total de la deuda. No tiene relación con el paso del tiempo ni con los períodos inflacionarios. Para que sea así, se debería aplicar la tasa activa y contemplar no sólo los intereses "punitorios" sino "moratorios". Tampoco es precisa la fecha de cancelación. "Ni el pago es íntegro ni sería sin dilación", dice. 

*El Correo dice que no tiene acreedores laborales, pero la fiscalía lo refuta. Afirma, además, que ninguno de sus acreedores se opuso a su última oferta. Pero se abrió ni siquiera el período de impugnación en los hechos. 

*"Es falso --agrega-- que no exista daño a los acreedores (...) Es falso que el paso del tiempo, la duración del proceso y el abuso del mismo no le sea imputable" al Correo. 

*Es falso, dice también, que jueza que ordenó y la fiscalía de Cámara sean incompetentes. Lo que ha buscado el Correo, también a través de SOCMA, es llevar el caso al Tribunal Superior de justicia porteña, donde hay jueces afines a Macri. Esa discusión está ahora en la Corte Suprema de la Nación. 

"Lo que si es cierto --resume el dictamen-- es que existió fraude en la administración de la concursada llevándose adelante actos que requerían autorización judicial a espaldas del tribunal, fraude en el endeudamiento de la deudora con sus controlantes, salidas de activos sin justificación real, pago de honorarios a directores en contravención con la ley, acuerdos espurios con el Meinl Bank, fraude en la obtención de las conformidades". Los perjudicados, añade, son los acreedores, entre ellos el Estado, la AFIP y el Banco Nación y alerta sobre "maniobras de lavado de activos y de trasvasamiento, las que deberán ser objeto de investigación en primera instancia y ante los juzgados penales que corresponda".