Este viernes se comunicó oficialmente que el gobernador Gustavo Sáenz emitió el decreto para incorporar desde el 1 de enero a 506 agentes en designación temporaria del Ministerio de Salud Pública de Salta. Con esta cantidad de trabajadores que dejan de desempeñarse bajo contrataciones precarias, se cumple con los acuerdos a los que se había llegado con los gremios de la Salud, aunque con alguna demora. Y es que el pase estaba previsto, en principio, para diciembre pasado.
“Por eso es que van a pagar la diferencia con retroactivo a enero”, dijo a Salta/12 el secretario gremial de ATE, Víctor Chuquisaca, al explicar las condiciones de las designaciones. Sin embargo, afirmó que el paso final para poder cumplir con la estabilidad laboral que solicitan los trabajadores es el pase a planta permanente.
Por su parte, el gobierno provincial sostuvo que con la firma del decreto se avanzó “en el cumplimiento del compromiso asumido a principios del 2021 con las entidades gremiales del sector salud, que contemplaba la incorporación gradual del personal contratado, incluido en la Decisión Administrativa Nº 65/21, que presta servicios en diferentes servicios y funciones”.
Se añadió que en la decisión administrativa se incluyó a contratados que se desempeñan en los hospitales Materno Infantil y Arturo Oñativia, con lo cual el número de beneficiados es mayor al compromiso asumido.
Esta última tanda sigue a las dos anteriores formalizaciones laborales que se dieron en mayo y octubre del año pasado con la designación para 698 y 403 agentes respectivamente.
Un nuevo obstáculo
Chuquisaca recordó que el logro surge de la lucha de los trabajadores que en 2019 acamparon enfrente de la Casa de Gobierno en el Grand Bourg, durante el último tramo de la gestión de Juan Manuel Urtubey, solicitando su regularización laboral. Luego, en el gobierno saencista, lograron los acuerdos para conseguir la estabilidad laboral.
Si bien recibieron con beneplácito la novedad de la designación temporaria, que eleva el menor de los salarios que con contrato estaba en 35 mil, a más de 50 mil pesos, el gremialista afirmó que empezaron nuevamente las quejas de quienes a partir de ahora, esperan su pase a planta permanente.
Sucede que “antes nunca se pidieron antecedentes penales a los trabajadores y ahora estamos viendo que sí los piden”, contó. Y añadió que el inconveniente es que algunos tienen “contravenciones” en causas de violencia de género. “Y ahora desde el gobierno les dicen que deben esperar tres meses para ser regularizados en planta permanente, cuando los antecedentes penales quedan en el registro por diez años”, dijo el gremialista. Afirmó que este requisito está ausente en las leyes o normativas del Ministerio de Salud, al momento que tampoco se incorporó en los acuerdos que se hicieron a nivel ministerial. “Además son causas que tienen que ver con una situación personal del trabajador y no en su relación con el Estado”, argumentó. Al hacer una comparación con la situación que hay en planta política, advirtió que “hay muchos funcionarios que tienen denuncias que gozan de sueldos y cargos altos y nadie los cuestiona”.
Trabajadores “Covid”
Con este logro (aun incompleto) de la regularización laboral de los contratados en el Ministerio de Salud, les queda ahora un nuevo reclamo: la situación de los trabajadores que fueron contratados para poder dar atención durante la pandemia.
Chuquisaca afirmó que si bien estos contratos fueron renovados hasta mitad de este año, se deberían incorporar mejoras salariales y beneficios como vacaciones o la licencia médica extraordinaria de cinco días. Estas prestaciones son reconocidas a los trabajadores regularizados por su trabajo durante la pandemia. Quienes trabajan con los llamados “contratos Covid”, cobran por día trabajado. “Están con agotamiento físico porque ya van a ser dos años que vienen laburando sin parar”, añadió el gremialista al sostener que es preciso reconocerles al menos ese beneficio.
