Hace unos días fue noticia la sexta Marcha por la Soberanía en Río Negro, organizada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), con Julio Urien a la cabeza de organizaciones políticas y sindicales. El grupo se dividió en dos columnas: una fue por el sendero de montaña en una travesía de seis días que fue interceptada por un grupo de civiles que no los dejó llegar al lago Escondido. La otra fue frenada en la primera tranquera sobre la Ruta 40 en el pueblo de El Foyel, lugar que es eje de una disputa legal iniciada en 2005. Magdalena Odarda es presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y quien hizo la primera presentación judicial.

--Sería importante ordenar un poco la información sobre el tema de los caminos de acceso al lago Escondido. El conflicto surge a partir de un camino: el de Tacuifí que va desde la Ruta 40 hasta el lago Escondido y pasa por el costado de la mansión de Joe Lewis. ¿Cuál es la situación legal y cuáles son los fallos?

--Nosotros iniciamos la acción de amparo colectiva y nos basamos en el Artículo 73 de la Constitución de Río Negro, que establece el libre acceso de todos los ciudadanos a los espejos de aguas y a sus riberas. La sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Río Negro en 2009 establece que la provincia debe habilitar y darle condiciones de transitabilidad y señalamiento a dos vías: el sendero de montaña y el camino Tacuifí. Fue la sentencia 64/2009. Presentamos entonces un recurso de aclaratoria para que quedara claro cuáles caminos estaban en la manda del TSJ

--¿Eso implica sacar la primera tranquera donde no dejan pasar a nadie y once más?

--Sí: la aclaratoria especifica habla de "los caminos existentes y preexistentes"; eso incluye el camino de Tacuifí que se usaba antes de que Lewis comprara el campo. Se eliminarían las tranqueras o se las dejaría cerradas sin candado, como ocurre en caminos rurales. Pero la intención de la empresa era que se habilitara solo el sendero de montaña. El tribunal ordenó una inspección judicial que se hizo en 2011 --hubo cuatro-- y esta tercera fue la de Tacuifí con un Juez de Paz marcando cuál era la traza original de ese camino. Y estableció que la traza original pasa bajo la mansión de Lewis. En el camino hacia allí nos topamos con los ríos porque los puentes fueron destruidos. Primero tenés que cruzar el río Foyel --en verano es bastante bajo y se puede caminando-- y después hay que cruzar Río Escondido en dos oportunidades, que es más hondo. Los puentes nuevos que hay son de Lewis y no permite que nadie pase. El primer tramo del río Escondido es muy peligroso, lo pasamos igual caminando. El segundo tramo es más hondo y ya no se puede pasar. Tuvimos que usar el puente de Lewis y el abogado dejó constancia de que habíamos entrado a propiedad privada. Alguien derribó esos puentes para que nadie pase, porque eran de material. La idea es habilitar ese camino y hacerle un desvío en el tramo final para no pasar por el patio de Lewis.

--La contraparte plantea que el Tribunal Superior de Justicia resolvió en contra de habilitar el Tacuifí.

--En 2013 el juez Cuellar ejecutando sentencia de 2009, dice claramente que se afecta al uso público el camino de Tacuifí y le da cuatro meses a la provincia para habilitar, tanto el sendero de montaña como Tacuifí. Eso no tiene más vuelta. Ahora lo que tiene que decidir la cámara, es si le hace lugar a la apelación que presentó Hidden Lakes. El problema es que eso fue pasando por distintos juzgados: los jueces se excusaban y a otros los recusaban. Pasaron 24 jueces en total.

--¿Concretamente qué apeló la empresa?

--Apelaron la modalidad de ejecución. La sentencia de 2009 quedó firme, no está apelada. La cámara ahora tiene que resolver después de la próxima audiencia y no puede ir más allá de lo que decidió el TSJ en 2009. Tiene que decidir cómo hacer efectivo el acceso por Tacuifi y por el sendero de montaña. Estimo que la empresa va a insistir con el camino del Manso.

--¿Ustedes lo van a rechazar? El presidente Alberto Fernandez se expresó sobre esto.

--Sí. Eso implica desmontar y abrir un camino nuevo por el Manso, cuando ya hay un camino abierto, construido y consolidado. Eso se estaría saliendo de la sentencia, porque no es un camino existente ni preexistente. Se hizo una inspección judicial en ese cuarto camino. Cuando llegamos había un montón de gente haciéndonos un escrache, una situación muy desagradable. Intentamos caminar mil metros, pero fue imposible porque no está abierto el sendero. Es muy positivo que el Presidente esté decidido a hacer cesar este privilegio inconstitucional que ostenta Joe Lewis. Sería histórico que un presidente de la Nación se pronuncie en este sentido. Las sentencias deben ser cumplidas inexorablemente. Nada hay para dialogar con Lewis. Sí con la provincia, obligada a abrir los caminos y mantenerlos en estado de transitabilidad segura.

--¿Habilitar Tacuifí implica construir puentes?

--Sí. Lo que el juez Sodero Nievas había esbozado es que se podría hacer un vadeo como los de los ríos de Córdoba en río Foyel y luego puentes colgantes en río Escondido, que es más hondo. Ahí Lewis tiene cerca su hidroeléctrica, entonces no quieren que la gente pase por ahí. Hay como un celo de que la gente pase cerca.

--Hay un tercer camino: el privado de Hidden Lakes. La página web de la empresa la muestra en su web y es posible anotarse para hacer una visita guiada gratuita por las instalaciones, que permite llegar al lago Escondido. Aseguran que 20.000 personas al año entran así. ¿Esa vía de acceso con limitaciones funciona?

--No lo sé. Cuando yo fui al ingreso del camino privado con mi vehículo particular, me anuncié como ciudadana común. Manifesté a los guardias que venía a conocer el lago Escondido. La respuesta fue: "esto es propiedad privada". Les dije: "pero yo vengo al lago, no a la vivienda". Y me dijeron "el lago también es privado". Volví y me dirigí a la comisaría de San Carlos de Bariloche y radiqué la primera exposición policial, base del posterior recurso de amparo en 2005. Pero nadie debe pedir permiso para ingresar a un lago que es un bien de dominio público del Estado.

--¿De quién es la primera tranquera en El Foyel sobre la Ruta 40 --de un total de once-- donde se da el choque?

--El primer campo que da a la Ruta 40 pertenece a Argentina Puchi. Luego hay otros once campos, en algunos tienen título de propiedad y en otros son ocupantes. Hay un pedazo fiscal no ocupado, Anastacio Puchi ocupa un terreno fiscal, luego hay otro ocupante de apellido Puchi y otro Arraigada; Soriani tiene título, Lucero es ocupante, Oyarzo es propietario y se declaró a favor de la apertura del camino, Montero es propietario y luego Nicolás Van Ditmar --administrador de Lewis-- tiene 3 kilómetros de tierra. Todos son linderos al camino. Y al final está la propiedad de Lewis.

--¿Es exacto el contraargumento de que para ejecutar esto hay que expropiar una franja a cada uno de esos propietarios?

--No. El juez sentenció que es una servidumbre administrativa; eso es gratuito porque hay un interés público, que es llegar al espejo de agua. El juez de ejecución fue claro: servidumbre administrativa o restricción al dominio. La empresa apeló.

--Uno de los argumentos de la empresa dice que la ley determinó que Tacuifí es un camino vecinal y no público.

--Siempre insistieron que eso lo habían construido los vecinos. Más allá de quién lo construyó, eso quedó afectado al uso público desde la sentencia de 2009. Lo que me pregunto es: ¿un camino que hayan construido los vecinos fue hecho con esos puentes de cemento que alguien destruyó? Ese camino está incluso en los mapas viejos del Instituto Geográfico Militar.

--Asumiendo la hipótesis de que Lewis quiere mantener su intimidad e hizo acaso un mal cálculo al instalar su mansión a orillas de un lago que no es suyo, ¿por qué también se oponen a la apertura casi todos los que están en los campos previos a Lewis?

--Porque tienen mucha influencia de Lewis. De hecho se presentaron con un abogado financiado por Lewis. Pero no todos: los Oyarzo se declararon a favor.

--El sendero de montaña tiene complejidad de media o alta. Según Hidden Lakes está abierto. ¿Se puede ir individualmente y llegar al lago?

--Sí, hasta ahora que sucedió la intercepción hecha a las 22 personas de Fipca. Yo no tenía información de que hubiese restricciones, más allá de las dificultades propias del camino. Y en esto el juez fue también claro: es para personas entrenadas, no cualquiera puede ir. Cuando fuimos a hacer la inspección con un miembro del tribunal que tenía un problema en una pierna, eso fue imposible. Tenés que ir a caballo o caminando. Y si tenés un accidente, no tenés forma de pedir ayuda. Es para hacer turismo aventura y está bien que sea así, pero nada más. La mayoría de los turistas llegan al Cajón del Azul en la primera etapa. Desde ahí seguís al refugio Los Laguitos, donde tenés que hacer noche. En esta segunda parte ya necesitás contratar un baqueano a caballo para no perderte, y un refugio para dormir porque hace muchísimo frío a la noche. 

--¿Usted hizo todo ese recorrido?

--Sí, en la inspección. Al tercer día desde Los Laguitos salimos a caballo hasta el lago Soberanía, y al mío lo atacaron las avispas chaqueta amarilla. El caballo me tiró, golpeándome la columna vertebral. Me tuve que volver. Es claro que este no es un acceso para todas las personas. Son varios días de ida y varios de vuelta. Como amicus curiae en la causa, se presentó una organización de padres de niños discapacitados que no podrían conocer el lago.

--Es un sendero de alta complejidad y por lo visto está habilitado. Sin embargo, esta semana al grupo de Fipca no lo dejó seguir un grupo de civiles, algo que es ilegal. ¿Qué sucedió al momento de desembarcar?

--No sé bien por dónde quisieron desembarcar. En vez de hacer un trayecto caminando, lo hicieron por kayak; debe ser más corto; y cuando quisieron desembarcar los amenazaron. Hay responsabilidad de la provincia respecto del ataque sufrido por los manifestantes: esa senda de montaña está bajo la jurisdiccion de vialidad provincial y está vigente la servidumbre de paso convencional firmada por Hidden Lake S.A. y la provincia en 2002. Eso sin desmedro de la responsabilidad penal de los responsables por los delitos que obran en la denuncia penal.

--En un video que circula se ve a quienes los frenan decir que "es ilegal navegar ese lago". Por un lado, es obvio que si así fuese, no es un grupo de civiles el que tiene autoridad policial. Y por el otro: ¿qué hay sobre ese argumento?

--Los lagos Soberanía y Lago Escondido son navegables. Rige el camino de sirga (15 metros). En la Constitución de Río Negro el Artículo 73 asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público. Pero es muy inquietante la aparición de grupos civiles en un sendero de aéreas protegidas. Porque ya hay antecedentes de violencia. Hace poco, cuando mataron a Elías Garay, personas vestidas de gaucho aparecieron corriendo a caballo tirándoselos encima a los manifestantes a los rebencazos, frente a la policía que no hizo nada. Fue contra un grupo de mapuches que había cortado la calle en protesta por el asesinato. Es raro que un intendente convoque a gauchos que, según ellos, estaban en un evento y les diga que hay que ir a defender El Bolsón de los mapuches.

El lebago de Bachi Chironi

Magdalena Odarda se puso al frente de los reclamos por la apertura de un camino de libre acceso al lago Escondido, continuando las acciones del entonces legislador Eduardo "Bachi" Chironi, un exdetenido desaparecido a quien el obispo de Viedma Miguel Hesayne salvó la vida, advirtiendo a los militares que si no lo liberaban, les iba a prohibir la entrada a las iglesias. Enfermo de cáncer y poco antes de morir, Chironi le entregó una carpeta con documentos y mapas, encargándole que continuara con los reclamos legales. 

Es abogada recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en derecho constitucional, aspirando al doctorado en esa especialidad en la Universidad de Buenos Aires. Es Magister en UBA en Derecho Constitucional, y de Políticas Públicas y Gobierno en la Universidad Nacional de Río Negro. Fue concejala, legisladora provincial con tres mandatos consecutivos y senadora nacional por Río Negro desde 2013 a 2019, donde integró el bloque legislativo de Pino Solanas. 

Conformó el Frente Progresista que salió segundo en la elección provincial de 2013. Luego fue una de las que creó el partido distrital Río, de corte ambientalista, y se sumaron al Frente de Todos, ella como candidata a vicegobernadora de Martín Soria, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos de La Nación. En ese ministerio Odarda es presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas desde 2010.

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