El juez de la Corte Suprema provincial Daniel Erbetta defendió los criterios utilizados en el fallo que mandó a fijar un nuevo cálculo de la pena para el femicida de Chiara Páez para que se ajuste al derecho penal juvenil y en especial rechazó las críticas del senador radical Lisandro Enrico. Habitual detractor de lo que despectivamente llama "justicia garantista", el representante de General López dijo en un posteo en redes sociales que “la justicia no puede seguir funcionando de este modo ante la sociedad". Consultado por Rosario/12, Erbetta dijo lo suyo: "No le voy a contestar. Lo único que faltaría a esta altura de mi vida es discutir derecho con el senador Enrico. Coincido en que la justicia necesita reformas estructurales, y una de ellas es que el pueblo participe en un acto como es el ejercicio del poder punitivo a través de los jurados populares, entre otras. Aunque pongo en duda las intenciones del senador cuando dice que «así no se puede continuar», probablemente él pretenda una justicia y un MInisterio Público acordes a sus intereses".
La semana pasada se conoció el fallo de la Corte provincial por el cual mandó a recalcular el monto de la pena de 21 años y medio impuesto a Manuel Mansilla, el exnovio de la adolescente de Rufino que la mató en 2015. Por mayoría, el máximo tribunal mandó ajustar el cálculo de la pena en sintonía con el fallo Maldonado de la Corte nacional y tratados internacionales en materia de derecho penal juvenil, sin que eso implique desconocer la autoría del hecho y la gravedad del mismo sobre el que hay acuerdo total. La sentencia despertó distintas reacciones, muchas de rechazo, entre ellas del padre de la chica que tenía 14 años cuando fue asesinada y enterrada para que no la encontrasen.
Erbetta dio cuenta del dilema en el que estuvo la Corte: "Es un caso que nos sensibiliza a todos, somos muy conscientes de la gravedad del hecho, pero también como jueces debemos ajustarnos a lo que a nuestro criterio establecen las normas constitucionales y los tratados internacionales. Tenemos que cumplir una función de control de legalidad de las decisiones de la justicia y obviamente que es un caso que nos sensibiliza a todos", en relación a las circunstancias en las que Mansilla cometió el femicidio y su accionar posterior. El caso marcó un antes y un después: motivó la primera movilización nacional de Ni Una Menos.
"Lo mas fácil para un juez sería hacer lo de Enrico. Pero un juez no puede ser demagogo. Aun cuando tenga que tomar decisiones en situaciones extremas debe siempre ajustarse a lo que establece la legislación", dijo.
No es la primera vez que Erbetta, el único juez especialista en derecho penal de la Corte, y Enrico protagonizan una polémica. "No le voy a responder porque no voy a discutir de derecho con el senador a esta altura de mi vida, pero sí le pediría que explique por qué tres veces se cayó la ley de jurados populares (en la Legislatura), por qué nunca se discutieron las leyes de seguridad y por qué la Comisión de Acuerdos de la Legislatura demoró meses en resolver la situación de un fiscal, manteniéndolo en funciones, habiendo escuchas telefónicas vinculadas al narcotráfico". Esta última referencia es al exfiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco, finalmente destituido del cargo.
"Le pido que sea respetuoso de las instituciones. Todos podemos cometer errores y equivocarnos de buena fe, el problema es cuando hay una intencionalidad concreta. Debería ser más prudente el senador porque no es la primera vez que usa al Poder Judicial y a los jueces para aumentar su caudal electoral. Eso no solo habla mal de él sino que implica una interferencia en otro poder del Estado. Y eso me habilita a mí a formularle esos tres interrogantes muy concretos".
Erbetta dijo que "no es la primera vez que Enrico usa el dolor de la gente y un hecho de tanta gravedad para hacer política, y precisamente recurrir a un recurso tan pobre y barato verdaderamente lo descalifica".
Por otra parte, aclaró que "es un caso que aún no terminó. Todavía está abierta la vía del recurso extraordinario a la Corte nacional", explicó.
La postura de Enrico
Mediante un posteo en redes sociales, el senador de Venado Tuerto criticó el fallo: “La justicia no puede seguir funcionando de este modo ante la sociedad".
“El femicidio de Chiara Páez fue un delito aberrante. Que haya sido cometido por una persona menor de edad (17 años) no debería implicar que la justicia, a través de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, le descuente la pena que merece un homicida. El fallo de la Corte Suprema santafesina rebaja la pena de un homicida por razón de su edad, prioriza la situación del que delinque en desmedro de la víctima, de sus familiares y de la sociedad toda”.
Cuestionó que se use "el antecedente de un fallo de la Corte Suprema de la Nación (que no deja de ser una sentencia más) para rebajar automáticamente las penas que la ley establece para personas menores de 18 años que cometen delitos aberrantes que estremecen a la sociedad”. En su interpretación, "ninguna ley argentina, tampoco ningún tratado internacional en el mundo prohíben la aplicación de la pena que la ley establece para un menor de edad por más alta que esta sea. Las leyes son claras en cuanto a las penas por femicidios u homicidios agravados. La única limitación que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño es la posibilidad de otorgar la excarcelación ante la prisión perpetua (art. 37 inc. b); fuera de ello, ni el mencionado Tratado Internacional, ni el Código Penal, ni la ley de menores (22.748) impiden aplicar la pena que corresponde por tratarse de un menor de edad” dijo en cuestión a la sentencia de los jueces Erbetta, Falistocco, Gutiérrez y Gastaldi.
En su posteo apuntó: “El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, escrito por el Juez Daniel Erbetta (votado por todos los jueces menos uno) sigue el lineamiento y la mirada tan particular sobre beneficiar al menor que delinque del ex Juez Eugenio Zaffaroni, cuando era miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trató de un caso en el que se estableció, para una sentencia a un menor que robó y mató (famoso caso “Maldonado”), que la pena correspondiente debía reducirse entre un 33% y un 50% porque el delincuente no tenía 18 años”.
“Ese fallo es tomado con mansedumbre por la mayoría de los jueces y juezas, como si la Argentina fuera un país del Common Law en el que los jueces deben seguir el mismo fallo y no pueden cambiar la interpretación de la ley en función del sentir de la sociedad que es a quien deben escuchar“, remató.
