Quienes habitan en el barrio Socorro II, ubicado en la zona oeste de la ciudad de Cafayate, saben que los derechos de los que menos tienen se consiguen luchando. Y así lo hacen desde finales de 2013, cuando cansados de solicitar que se declare la emergencia habitacional, decidieron asentarse en las afueras de aquella localidad de los Valles Calchaquíes, en la zona oeste, como quien va hacia San Carlos por los cerros.
Tras más de un mes de lucha y resistir varios intentos de desalojo, consiguieron que en ese momento Tierra y Hábitat de la provincia se comprometa a lotear y limpiar esos terrenos para avanzar en la construcción de viviendas. Pero para que las obras avances tuvieron que salir nuevamente a reclamar. Recién en 2015 comenzaron los trabajos de limpieza; en 2017 los de alumbrado público, y en 2018, después de varias marchas, se comenzó a construir el pozo de agua y la cisterna para distribuirla en las más de 500 casas que en principio estaban previstas.
Seis años más tarde de la primera toma, y a días de las elecciones de octubre de 2019, con un acto en el que participaron el intendente, Fernando “Casita” Almeda, y el por entonces presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Sergio Zorpudes, se adjudicaron los primeros 30 lotes.
Urgidos de una solución habitacional, esas familias se trasladaron al lugar de inmediato. Pero faltó un detalle, la cisterna nunca se terminó de construir, como tampoco se terminaron las obras de urbanización. Y esas obras, a pesar de los nuevos reclamos, que incluso llevaron a Almeda a la justicia, aún están en veremos.
Por eso, cansados de esperar, con el calor agobiante y sin agua, o anegados en momentos de lluvias, hace una semana decidieron volver a salir, pero esta vez a cortar la ruta de ingreso a Cafayate, “y eso lo vamos a hacer todos los días hasta que veamos que hay verdadera intención de revertir nuestra situación”, dijo a Salta/12 Alejandro “Gallo” Gómez, uno de los vecinos más activos de Socorro II.
Entre los 15 puntos del petitorio que elevaron a los ejecutivos provincial y municipal a través del Concejo Deliberante local en diciembre de 2021, solicitan saber en qué momento se inaugurará la cisterna “y conexión de agua domiciliaria”; conocer si en el presupuesto provincial está prevista la obra de cloacas, si se dispone de los fondos suficientes y cuándo comenzaría su ejecución.
La limpieza de calles y veredas, así como el retiro de escombros, es otro de los pedidos urgentes, ya que “quedaron completamente llenas de piedras inmensas que no permiten circular”, detalló Gómez, y agregó que el municipio nunca realizó trabajos de barrido y limpieza ni de desmalezado en el sector, “porque somos pobres y no importamos, pero tienen que saber que también somos ciudadanos de Cafayate”.
Pero también piden que continúe la obra de canalización del canal “Viñedo Privado”, la realización de un puente vecinal sobre ese canal; continuar con el alumbrado, debido a que aseguran que de noche “es una boca de lobo”. Y “trasladar las piezas arqueológicas que se recuperaron en ese sector al comienzo de las obras”.
Recién el miércoles, a casi una semana de los cortes, que comienzan siempre por la tarde y se prolongan hasta bien entrada la noche, el mismo Almeda se acercó al puente para hablar con los manifestantes, a quienes les contestó que aún no sabían cuál era la fecha precisa en la que Aguas del Norte finalizará la obra.
Pero finalmente el sábado estuvo en el lugar el titular de la empresa estatal, Luis María García Salado, y anunció que ya 32 familias estaban en condiciones de conectarse a la red de agua y que en los próximas días quedarán colocados los chicotes para completar la conexión de todo el barrio.
Almeda igualmente les aseguró a los vecinos que estaba a la firma un nuevo convenio con el gobierno provincial para el envío de una nueva partida de dinero que permita comenzar el trabajo de remoción de las piedras, habilitar el servicio de agua y de las calles.
Gómez relató que reciben agua a través de camiones cisterna desde que habilitaron sus casas, “dos veces a la semana” y que a veces, por su apariencia, no es potable, “llega verde o marrón, pero la gente tiene tanta necesidad que la consume lo mismo”.
La de Finca el Socorro II ya le valió al jefe comunal la imputación por parte de la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, que lo acusa de haber entregado el loteo supuestamente con la obra al 100%, pero a la que en realidad le faltaban detalles imprescindibles para vivir como la construcción de un canal de agua potable con su respectiva cisterna. Esa obra, que debía culminar en 2019, continúa en ejecución y, según informaron los ediles locales, se siguen enviando fondos desde la provincia.
Salinas Odorisio también lo imputó por “la condición infrahumana de hacinamiento en que se encuentran los beneficiarios del loteo”, y por incumplimiento de sus deberes de funcionario público. “Ya van aproximadamente $60 millones por una obra de agua que ni siquiera está terminada”, aseguró la concejala local Patricia Castro a este medio.
El que anunció Almeda el miércoles, es el quinto convenio que firman la provincia y el municipio para la misma obra. El presupuesto inicial, en la gestión de Juan Manuel Urtubey fue de $19.211.000. Ya con Gustavo Sáenz recibió otros $16 millones supuestamente para la finalización de la obra a comienzos de su gestión, y se le sumaron otros $40 millones en 2021. Y por último, una adjudicación que se hizo a la Municipalidad de $3.236.164 en septiembre, mediante la resolución número 76 del Boletín Oficial.
