La familia de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado por una brigada de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, denunció al juez Martín Del Viso por mal desempeño de sus funciones y prevaricato, tras rechazar los pedidos del fiscal Leonel Gómez Barbella para el pedido de procesamiento de dos oficiales, que fueron liberadas por "falta de mérito".
El fiscal solicitó nuevamente los procesamientos de las policías Lorena Miño y Micaela Fariño al presentar el informe final del peritaje odorífico, el cual indicó que habían manipulado la réplica del arma hallada en el auto de los adolescentes. Además, Gómez Barbella había pedido la "inmediata detención" de otros cinco intengrantes de la Policía de la Ciudad como parte de las maniobras de encubrimiento.
En la presentación de la familia de Lucas, que se hizo efectiva esta mañana ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, se sostiene que el magistrado del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 dictó "resoluciones arbitrarias, infundadas, basadas en hechos falsos".
Además, el escrito destaca "la peligrosidad procesal que conlleva mantener en libertad a imputados que formaron parte de un ardid delictual que terminó con la vida de un joven de 17 años y mantuvo en privación ilegal de la libertad a menores de edad".
El pedido de nuevas detenciones del fiscal Gómez Barbella recaía sobre Verónica Gabriela Andraca, de la División de Asuntos Penales y Contenciosos de la Policía de la Ciudad; la abogada Silvia Alejandra Ozón, Jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad; el comisario mayor Fabián Lencina y los oficiales Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas.
Las sospechas de la familia de Lucas
Quien habló por la familia de Lucas luego de la presentación contra Del Viso fue el abogado Gregorio Dalbón, quien consideró que "ha sido imparcial hasta que alguna rara orden o situación lo frenó". "Espero no sea la política", sostuvo el abogado de la familia.
El letrado, en diálogo con Télam, resaltó la negativa del juez sobre volver a procesar a las oficiales Miño y Fariña, tras las nuevas pruebas presentadas por el fiscal. "La prueba de ADN con las dos policías es contundente. Es más, ahora la tiene completa. Cuando un juez desempeña mal su función es pasible de juicio político. Y, cuando dicta resoluciones en contra del derecho, comete el delito de prevaricato", explicó el abogado.
El crimen de Lucas sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre último, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.
De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos. Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.
Por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López. En tanto, por el encubrimiento, hay un total de 11 efectivos presos y otros dos imputados pero excarcelados.
