En el primer día del proceso, el tribunal que juzga a los presuntos responsables del derrumbe en el boliche Beara, que en 2010 causó dos víctimas fatales y numerosos heridos, rechazó el pedido de los tres empresarios propietarios del boliche de Palermo, que no podrán acceder a una probation ni evitar la realización del juicio a cambio de una compensación económica.
Las defensas de los empresarios Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess, habían solicitado al tribunal que los imputados realizaran trabajos comunitarios y el juicio se suspendiera a cambio de que ellos dieran una “reparación económica” de cinco millones de pesos a los familiares de las jóvenes fallecidas por el derrumbe. Ariana Lizarraga, de 21 años, y Paula Provedo, de 20, murieron en el lugar en septiembre de 2010 al caer el entrepiso, que había sido construido con madera, aluminio y yeso, pero sin vigas.
“En nuestro país, doce años de juicio ya son más que una condena”, argumentó el abogado de Fliess, Julio Golodny, al solicitar la suspensión del juicio. El letrado señaló que ninguno de los imputados tiene antecedentes, que no cometieron falta alguna en los años subsiguientes al derrumbe, y señaló que cuando se produjo la tragedia los tres empresarios tenían alrededor de 30 años. Sin embargo, el fiscal Oscar Ciruzzi y los representantes de las querellas se opusieron al pedido de los imputados y negaron que hubiera un “conflicto” a resolver, dado que se investigó un acto criminal que debe ser juzgado.
Yun, Dobrila y Fliess están acusados por "homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves", además de "cohecho activo en concurso real", derivado del presunto pago de coimas a policías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para lograr la habilitación del local.
En la audiencia, antes de resolver el pedido, el juez Alejandro Noceti Achával consultó a todas las partes, incluidos los padres de las chicas fallecidas y una de sus amigas que resultó herida en el derrumbe. La madre de Provedo, Alicia Tagliaferro, dijo que “está manchado con sangre el dinero que nos están ofreciendo: todos tienen vida, las únicas que no la tienen son Leticia y Ariana”. Por su parte, la madre de Lizarraga advirtió que “la oferta de dinero es ofensiva”. “A mi hija le quitaron la posibilidad de tener una familia, de tener hijos. Me quitaron la posibilidad de tener entre mis brazos un nieto”, añadió.
Por unanimidad, el tribunal rechazó el pedido de probation, aludiendo al artículo 353 del Código de Procedimiento Penal que establece que una vez fijada la fecha de un juicio oral “ningún recurso puede impedir la realización del proceso”.
Un derrumbe en el corazón de Palermo
En la madrugada del 10 de septiembre de 2010, en el local Beara de Scalabrini Ortiz 1638, el grupo Ráfaga ofreció un recital y pocos minutos después de finalizar, a las 3.50 de la mañana, el entrepiso en el que se encontraba el sector VIP colapsó y se derrumbó sobre la planta baja. Como consecuencia de la caída, Lizarriaga y Provedo murieron aplastadas, y más de 50 personas quedaron con heridas diversas.
En el proceso también están siendo juzgados el ex responsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Farrell, acusado de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real”. También están procesados los funcionarios porteños Pablo Saikauskas, Norberto Cassano, Isaac Rasdolsky, Carlos Mustapich y Vanesa Berkowski, por el control del funcionamiento de Beara.
En el banquillo también están los policías de la Federal Rodolfo Cabezas, Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, quienes entre 2007 y 2010 habrían recibido sobornos mensuales por parte de los dueños del boliche.
En la computadora de Beara, secuestrada por la Justicia, se encontraron registros del pago de "coimas" a los funcionarios públicos y a los policías involucrados.