La fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín dictaminó a favor de los trabajadores de la cooperativa La Cresta, formada por despedidos de Cresta Roja. Los trabajadores reclaman que la venta de la empresa avícola realizada durante el macrismo sea declarada nula y se les permita gestionarla. Este es el primer aval que recibe la cooperativa, que se presentó a la justicia para denunciar que durante el “salvataje” de Cresta Roja realizado con la intervención del gobierno de Mauricio Macri hubo “tráfico de influencias, cesaciones de pago, incumplimiento de compromisos y posibles maniobras de vaciamiento con interés oculto privado”. 

En su dictamen, la fiscal Boquín pidió a la Cámara de Apelaciones que declare la nulidad de aquella venta. También libró oficios para que los exfuncionarios macristas que participaron en las negociaciones sean investigados por su presunto aprovechamiento de la situación en la que se encontraba la empresa a principios de 2016.

“Hace seis años que la estamos peleando para recuperar todos los puestos de trabajo”, dijo a Página/12 Carlos Stafiuk, presidente de la cooperativa que presentó la demanda. Explicó que Cresta Roja hoy está funcionando a cargo de la empresa Wade S.A., designada por el juzgado de la quiebra y en proceso de compra de sus activos. Esta empresa pertenece al Grupo Tres Arroyos, el mayor productor de carne avícola de la Argentina. 

Tres Arroyos era la segunda productora del país y cuando Wade S.A. quedó a cargo de Cresta Roja pasó al primer lugar. Pero en la ex Cresta Roja emplea a “la tercera parte de las personas que trabajaban en 2015”, remarcó Stafiuk. “Dos mil trabajadores quedamos en la calle, entre promesas de ser convocados para volver, represiones y acuerdos incumplidos”.

Quiebra y continuidad

Cresta Roja fue declarada en quiebra en 2015. Propiedad de los hermanos Milenko e Ivo Rasic, la empresa pasó por varios años de crisis, hasta que en 2014 pidió el concurso de acreedores. El expediente tramitó en el juzgado en lo Comercial 18, a cargo de la jueza Valeria Pérez Casado.

Las negociaciones para la venta de la empresa se realizaron en el marco de ese expediente en diciembre de 2015, luego de asumido el gobierno de Juntos por el Cambio. Ocurrieron a una velocidad notable: el 22 de diciembre el juzgado dictó la quiebra de Rasic, y al día siguiente en el juzgado se realizó una audiencia en la que funcionarios de los recién asumidos gobiernos nacional y bonaerense -intervinieron funcionarios tanto del gabinete Macri como del María Eugenia Vidal- informaron a la justicia que existían “interesados serios” en hacerse cargo de Cresta Roja... aunque no con todos sus trabajadores. Por lo que el ministerio de Trabajo se comprometió a “dar asistencia” a los que quedaran fuera del esquema de negocios de los nuevos operadores de la empresa. 

Es decir, desde el primer momento el Estado apareció en escena para garantizar los negocios de sectores empresariales privados por encima de las fuentes de trabajo. En su denuncia, los trabajadores además señalaron que aparecen vínculos familiares o de amistad entre esos consorcios de empresas y ciertos funcionarios de gobierno. 

El 28 de diciembre -apenas cinco días después- se hizo otra audiencia judicial con las empresas interesadas, que fueron básicamente dos: un consorcio con participación de Tres Arroyos y la sociedad Proteinsa, que resultó la elegida. Proteinsa gestionó así inicialmente Cresta Roja y en 2017 el juzgado le adjudicó definitivamente los activos de la quiebra, es decir que se concretó la venta.

La venta se hizo a pesar de que una serie de condiciones y circunstancias nunca se cumplieron, según la denuncia que respaldó la fiscal Boquín. Entre ellos, estuvo el compromiso de pagar el 100 por ciento de los salarios e indemnizaciones adeudadas y la garantía de que quienes estaban trabajando -en aquel momento, ya ocurridos despidos iniciales- no serían desvinculados. 

Los operarios -los que quedaban en ese momento- fueron “presionados para aceptar que la Proteinsa no pagara su deuda con acciones. A los que dijimos que no nos echaron”, recuerda el hoy presidente de la cooperativa, Stafiuk.

A los que firmaron el acuerdo no les fue mucho mejor. Dos meses después de que el juzgado formalizara la compra de Cresta Roja por parte de Proteinsa, esa sociedad pidió su concurso preventivo y entró en cesación de pagos.

Inmediatamente después la empresa Wade -del grupo Tres Arroyos- pidió hacerse cargo de la (ex) Cresta Roja. Y pasó a ser su segundo operador, hasta la fecha. 

Acompañamiento

La cooperativa tiene como abogados a Martín Gramajo y Gisella Bustos. "El juzgado puso en un primer momento como condición para avalar a la empresa que se hiciera cargo que no hubiera despidos, pero eso nunca se cumplió. Los trabajadores tenían créditos a su favor en la quiebra, pero fueron defraudados por empresas que sin poner un peso se quedaron con el negocio", aseguró Gramajo. 

Los trabajadores son además acompañados por la Dirección de Empresas Recuperadas, un organismo del ministerio de Desarrollo Social que está a cargo de Eduardo Murúa.

Histórico referente de las empresas recuperadas, Murúa ya había presentado una denuncia sobre el caso ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. "Toda la operación en su conjunto debe ser investigada, porque su resultado fue que Tres Arroyos obtuvo una posición  monopólica", dijo a Página/12. "Y eso, luego de que "Proteinsa (el primer comprador) recibiera más de mil millones en subsidios directos durante la gestión de Macri, para luego declararse en crisis".

El dictamen

El caso llegó al despacho de Gabriela Boquín, que es fiscal de Cámara, después de que en primera instancia la justicia rechazara la legitimidad de la cooperativa para presentarse como denunciante. La fiscal pidió que ese fallo de primera instancia fuese revocado. Pero además, señaló que existen "indicios graves, serios y contundentes que indicarían la existencia de un fraude", por lo que solicitó que esa venta de Cresta Roja sea declarada nula. 

Por otra parte, al reconocer a los trabajadores legitimidad para actuar en el expediente, advirtió sobre la tradicional doble vara que aplican los tribunales. "Se aplica una excesiva rigurosidad para imponer reglas concursales a la cooperativa de trabajo que denuncia el fraude, pero se conceden excepciones a quien es la mayor responsable de que (los trabajadores) no hayan cobrado íntegramente sus créditos", advirtió la fiscal.

En la parte resolutiva del dictamen dio intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), ante la posibilidad de que se hubiera producido el delito de lavado de dinero.

La fiscal también  libró oficios a la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) para que intervenga en relación con "los aportes en calidad de préstamo o de otra índole que habría efectuado el Banco BTG Pactual SA en forma directa o a través del BTG Caimán a Proteinsa SA", una operación supuestamente destinada al rescate de la empresa que también está bajo sospecha. Este banco de inversión está asociado a la derecha latinoamericana, uno de sus fundadores fue Paulo Guedes, el ministro de Economía de Jair Bolsonaro. 

Finalmente, Boquin libró un ofició a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en relación al pedido de que se investigue si hubo maniobras que favorecieron la concentración de la producción avícola.