El miembro designado por la Cámara de Diputados de Salta para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Ramón Corregidor, dijo que recibió un llamado telefónico del gobierno provincial en el que le anunciaron que el miércoles por la mañana en la Casa de Gobierno del Grand Bourg se firmará el decreto para que empiece a funcionar el organismo. Sin embargo, todavía no hubo notificaciones formales a lxs otrxs integrantes. 

Salta/12 consultó al gobierno provincial pero no se confirmó esa información.  Corregidor contó que recibió un llamado de una fuente gubernamental en el que le dijeron que la firma del decreto "en principio sería el miércoles a las 10 en el Grand Bourg". Sin embargo, no quiso hablar más al respecto porque dijo que espera una notificación formal. 

Consultada por Salta/12, la comisionada por las organizaciones de derechos humanos, Cristina Cobos, dijo que solo está enterada de la novedad que les aportó Corregidor pero tampoco la notificaron formalmente ni por teléfono. 

Ante esa incertidumbre lxs comisionadxs esperan que la notificación formal les llegue este martes y están expectantes de que se firme de una vez ese decreto por el que vienen reclamando hace mucho. 

En 2020 se completaron las designaciones de los miembros que faltaban, mediante concurso público se eligió al representante de la Cámara de Diputados, Corregidor, mientras que el Senado, por su parte, nombró a Marcelo Robles como representante interino. En 2019 se concursaron dos cargos para elegir a los representantes por los organismos de derechos humanos: fueron designados la especialista en archivología y militante social Cristina Cobos y el abogado y especialista en derechos humanos Rodrigo Solá. Por el Ejecutivo se designó al abogado Ricardo Nioi, ex director provincial de Protección y Promoción de los Derechos Humanos.

Inicialmente la demora fue porque ese año no había partidas presupuestarias asignadas al flamante organismo, lo que se subsanó en 2021. 

Pero el año pasado quedó pendiente el decreto provincial que designe a los miembros y habilite el funcionamiento del Comité. Por ello sus integrantes esperan que se concrete este miércoles ya que en diversas entrevistas han manifestado su preocupación al encontrarse paralizados sin poder actuar como organismo ante la violencia institucional de la policía y el servicio penitenciario en Salta. 

La ley 8024 que establece la creación del Comité en Salta, fue sancionada en julio de 2017 y reglamentada en 2018.