De norte a sur, ya no quedan regiones sin intendentes en funciones o ex jefes comunales que no estén siendo investigados por la justicia salteña o la Justicia Federal. Esta vez le tocó el turno al ex intendente de Iruya, localidad ubicada en el noroeste de la provincia de Salta, a la que se accede por Humahuaca, en Jujuy.

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, decidió imputar provisionalmente a Alfredo Soto por el delito de peculado en dos hechos, y que hasta aquí alcanzan una cifra cercana a los $7 millones.

La denuncia data del 18 de febrero de 2020, dos meses después de su alejamiento al frente de ejecutivo municipal. En ese momento, la apoderada del municipio que ahora  comanda Eugenio Herrera, aseguraba que tras una auditoría realizada por la comuna, existía un faltante de $7.773.758. Al que se sumaban otros $5.397.032 que surgieron a través de un informe de cheques rechazados que Soto emitió un día antes de la finalización de su gestión, es decir, el 9 de diciembre.

Es decir que el monto de la denuncia inicial superaba los $13 millones. Sin embargo, del análisis efectuado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se pudo establecer hasta aquí, aunque no descartaron seguir encontrando faltantes, que el ex jefe comunal se habría hecho con unos $6.848.000, en dos hechos.

El primero tiene que ver con la existencia de tres cheques librados por el entonces intendente a favor de la Municipalidad de Iruya por $970.000, y que fueron cobrados por él mismo sin que exista una correcta rendición de cuentas. El hallazgo surgió tras revisar los movimientos bancarios de la cuenta municipal, en la que al momento de cobrar esos cheques, quedó registrada la firma de Alfredo Soto.

El segundo caso por el que se lo imputa de peculado es por el faltante de dinero que ese municipio recibió de los programas sociales AIPAS, Asistencia Crítica, y Pan Casero por un total de $14.594.982, de los cuales sólo se rindieron $8.716.909. Por lo que, a no ser que el ex mandatario pueda demostrar lo contrario, nunca se rindieron los restantes $5.878.000.

Durante la audiencia de imputación formal, que se realizó ayer por la mañana, el ex mandatario de Iruya se presentó con un abogado particular y se abstuvo de declarar, aunque informó que presentará su descargo por escrito.

Soto se suma a una larga lista de ex mandatarios municipales que los últimos años desfilaron por la Justicia: Rubén Méndez, en Salvador Mazza; Rita Carreras, de Coronel Moldes; Ernesto “Kila” Gonza, de San Lorenzo; Manuel Cornejo, de Campo Quijano; Fernando “Casita” Almeda, de Cafayate; Gustavo Solís, de Rosario de La Frontera; se sumó hace unos días Javier Wayar, de La Merced. Mientras que Enrique Prado, de Aguaray, es uno de los que ya tiene sentencia.

La lista podría ampliarse con aquellos que están siendo investigados o que ya atravesaron procesos de destitución por parte de sus Concejos Deliberantes.

No es la primera

Esta no es la primera vez que imputan a un ex intendente de Iruya. En 2017 la por entonces titular de la fiscalía Delitos Económicos, Gabriela Buabse, imputó al saliente Cándido Cruz por un “autorrobo”.

En ese momento la fiscala acusó a Cruz por el delito de “falsa denuncia y malversación de caudales” en torno al robo de fondos de coparticipación. Es que el intendente aseguraba que le habían sustraído de su vehículo $350.000, cuando había ido a retirar en persona unos $ 520.000, procedentes de fondos de la coparticipación provincial.

El argumento del ex mandatario municipal era que luego de recibir el dinero se dirigió a un comedor de la calle Mendoza al 1.000 para almorzar, y al salir se dio con que la puerta del lado del acompañante de su rodado fue supuestamente forzada y que los ladrones se llevaron un maletín, donde tenía los $350.000. Pero que los restantes $170.000 se salvaron porque estaban ocultos debajo del asiento.

Sin embargo, en la investigación surgió que el robo no existió. La fiscala reunió como elementos de prueba las imágenes de una cámara de video vigilancia del 911, ubicada a pocos metros de donde estaba estacionado el vehículo del ex intendente, sin que advirtieran escenas del supuesto robo o la presencia de personas sospechosas alrededor del vehículo.

Por el contrario, señaló Buabse en su decreto de imputación en mayo del 2016, se pudo ver a Cruz cuando les hacía entrega de un bulto a unas personas que viajaban en camión, el cual casualmente era del municipio de la localidad de Iruya. A su vez, se determinó que la cerradura de la puerta del rodado no presentaba signos de haber sido destruida.

Con esos datos, la funcionaria del Ministerio Público imputó al ex intendente Cruz por realizar una “falsa denuncia”, pero también por “malversación de caudales”, pues la hipótesis de la fiscala fue que el ex jefe comunal se quedó con ese dinero.