La fiscal de la Unidad Especial de Balaceras de Rosario, Valeria Haurigot, se mostró a favor de “limitar derechos” de las personas que se encuentran detenidas en cárceles de la provincia de Santa Fe, como una forma alternativa de neutralizar o terminar con las balaceras y extorsiones que en la mayoría de los casos son organizadas desde las penitenciarias. La funcionaria judicial remarcó que la seguidilla de tiroteos contra casas particulares y locales comerciales es un fenómeno “preocupante”, y requiere para su atención la coordinación con otros estamentos del Estado, sobre todo con el Servicio Penitenciario. “Para nosotros es central en este asunto”, consideró. Por su parte el secretario de Seguridad Publica Jorge Bortolozzi acordó con la idea de limitar las visitas al medio centenar de presos de alto perfil que generan estos hechos delictivos. "Esta en juego el derecho de un millón y medio de personas que viven en Rosario contra un puñado que están detenidos. Es una situación excepcional que demanda una solución de excepción", dijo el funcionario.

Haurigot afirmó que las balaceras o amenazas extorsivas “tienen su génesis o en algún momento tocan al Servicio Penitenciario o a personas privadas de su libertad. Eso nos obliga a cambiar el eje de la persecución tradicional”. En ese sentido, advirtió: “Una vez que la persona ingresa al penal se multiplica su capacidad delictiva, en lugar de disminuir. Nos encontramos con esa cuestión preponderante que es el uso de celulares desde donde se coordinan constantemente extorsiones y balaceras desde las cárceles".

La fiscal propuso “empezar a probar otras opciones que se apliquen cuando una persona recibe prisión preventiva, como limitaciones de derechos. Hablo de limitaciones, no de prohibiciones, porque no quiero que me acusen de ir en contra de la Constitución Nacional. Ese no sería el caso. Sería limitar derechos para evitar el uso abusivo del mismo”.

Además, la integrante del Ministerio Público de la Acusación consideró muy importante “avanzar en la cuestión patrimonial de los involucrados en este tipo de ilícitos. Las balaceras y extorsiones tienen un rédito económico para las personas que los hacen. Casi siempre, ese dinero termina siendo una cifra negra, porque sólo se acercan a la Justicia quienes no pagan o no aceptan el amedrentamiento. No tenemos una cifra de los que pagan porque generalmente no denuncian”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Jorge Bortolozzi se mostró de acuerdo con la medida. "Lo fundamental es considerar la narcocriminalidad como algo extraordinario, que antes no ocurría, asi que el tratamiento no puede ser el mismo. Estos internos que siguen delinquiendo no pueden ser tratados igual que siempre, porque siguen siendo los jefes de las organizaciones narcocriminales. El remedio entonces debe ser extraordinario, y hay que sopesar el interés de un millón y medio de habitantes de Rosario contra el interés de estas 50 personas, que son las que genera estos hechos delictivos", asumió Bortolozzi. 

El funcionario aclaró que "no hablamos de restringirles la comunicación con teléfonos, porque no pueden tenerlos, sino que pensamos en vedar y suspender las visitas de contacto, las visitas íntimas de estos detenidos, porque son precisamente allí donde estas personas emiten las órdenes, donde comparten criterios delictivos y piensan las extorsiones. Es un verdadero sistema de bienes gananciales, porque muchos son parejas que tienen un despacho  y hasta un horario de reunión con su visita, en la cual deciden que van a hacer durante la semana, en términos delictivos", concluyó el funcionario de Seguridad.