La Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Salta rechazó la semana pasada el recurso de reconsideración que presentaron concejales capitalinos contra la resolución 3/22, por la que adjudicó a la empresa Pieve Salud SA, por 35 años, la prestación del servicio funerario y crematorio en un predio ubicado sobre la ruta nacional 9 a 16 kilómetros de la ciudad capital. 

Sin embargo, los trabajadores del Cementerio de la Santa Cruz pidieron que se refuncionalice este lugar y que el Ejecutivo municipal invierta para la instalación de dos hornos crematorios para que funcione un servicio de cremación público y gratuito o a precios accesibles. El pedido ya se había manifestado en dos oportunidades, en 2017 y 2019, a través de proyectos presentados en el Concejo Deliberante, que no prosperaron. 

Alfredo Villafán, delegado de los trabajadores del Cementerio de la Santa Cruz, pidió que el municipio capitalino reconsidere la idea de la creación de un crematorio municipal público. Dijo que la Municipalidad está en condiciones de emprender esta tarea porque el camposanto municipal cuenta con un espacio físico para que se instale un crematorio. 

El principal motivo para la petición es la cantidad de cajones que hay en los cementerios de la Santa Cruz y San Antonio de Padua, que los ponen al borde del colapso por falta de espacio. "Por mes se están desocupando 400 cajones que van a fosas comunes", pero al mismo tiempo no hay espacio para esas fosas, explicó Villafán.

Cuestionó también que "Pieve será un crematorio privado cuando la Municipalidad cuenta con la capacidad para emprender este servicio y así dar ayuda a la gente más vulnerable que no pueda acceder al servicio privado". Los trabajadores llevan varios años analizando la temática y han impulsado distintos proyectos para que el crematorio dependa del municipio, hasta ahora sin resultados afirmativos. 

Por eso para Villafán la concesión otorgada por la Municipalidad responde a intereses netamente privados y no públicos en beneficio de la sociedad. Aseguró que el servicio "es millonario y, en vez de hacerlo la Municipalidad que tiene toda la infraestructura, se hará con una firma privada". "La empresa privada nunca va a querer perder" agregó. 

Por otro lado, las principales preocupaciones respecto de la instalación de un crematorio son los posibles daños ambientales que pueda provocar. A eso se suma la preocupación de las familias cercanas al perímetro donde se ubicaría el servicio. En este sentido, el delegado aseguró que cuentan con estudios de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), que señalan que su efecto es menos nocivo que el de un colectivo del transporte público. Además, indicó que la cremación sería en cajones que no contengan materiales de chapa, sino uno similar a un cartón corrugado. 

En 2019 los trabajadores planteaban la compra de dos hornos para llevar adelante la cremación, cada uno con un valor de 2 millones de pesos. Si bien se trataba de un costo elevado, para Villafán eso podría recuperarse con la recaudación que se disponga desde la Municipalidad, dado que consideró que se tendría que fijar un valor accesible para la gran mayoría de la ciudadanía salteña. 

También aseguró que contar con un crematorio municipal permitiría jerarquizar a los propios empleados, puesto que se "podría capacitar a los mismos operarios del Cementerio". En la misma línea, permitiría mejorar las instalaciones del propio Cementerio, ya que en varias oportunidades los operarios denunciaron las malas condiciones que tienen a la hora de realizar su labor. 

Por ello, Villafán cuestionó que el gobierno municipal se haya tomado atribuciones al momento de adjudicar el servicio, algo que ya habían denunciado los concejales de Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical (UCR) cuando plantearon que se anule la concesión del crematorio a la firma Pieve SA. Los ediles sostuvieron que el Ejecutivo municipal se arrogó funciones que le corresponden al Concejo Deliberante, pues consideraron que la cremación es un servicio público y su concesión solo puede ser adjudicada por este Cuerpo.

El 14 de enero el secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, emitió la resolución 3/22, que adjudica a Pieve Salud SA la concesión para la prestación del servicio funerario y crematorio.

Tras las denuncias de los concejales, el funcionario sostuvo que el ejercicio de sus funciones está ajustado a derecho, informó el medio digital Carta Urbana. Nallar afirmó que los fundamentos de los legisladores "resultan improcedentes, por carecer de sustento fáctico y jurídico, no existe vicio alguno que afecte el acto recurrido”. Y agregó: "Los impugnantes se limitan a citar la normativa en forma parcial” y rechazó el planteo. 

Intentos que no prosperaron  

La iniciativa para que se instale un crematorio público municipal también respondió a pedidos concretos de concejales. En 2017, el entonces edil Luis Hossel, reconocido dirigente de la zona sudeste, presentó un proyecto en el Concejo. Hossel contó que en reiteradas oportunidades acompañó a familias en los sepelios y le tocó "ver cómo se da el manejo de los cuerpos". 

Afirmó que por eso, "pensando en la gente humilde y viendo que los cementerios municipales están colapsados", la salida óptima era la creación de un crematorio municipal. En su iniciativa, se dejaba en claro que sería la Municipalidad quien controlaría el servicio, sin embargo, la propuesta no avanzó. 

Otro intento fue en 2019, de autoría del entonces concejal Alberto Castillo. El ahora titular de REMSa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta SA) dijo a Salta/12 que su iniciativa venía también a solucionar la falta de lugar en los cementerios municipales. "Acá había un problema de salud y también se sabía que la Municipalidad cumplía con una función importante cuando las familias solicitaban asistencia en sepelios", explicó y recordó que él atendía 5 pedidos por día. Cada solicitud involucraba el pedido de salas velatorias, de cajón, del servicio de transporte y de la parcela en el Cementerio, entre otras acciones. "Era una erogación importante en materia de subsidios" que tenía el Ejecutivo municipal, expresó. 

Castillo dijo que en ese contexto se evidenciaron varias cuestiones. La falta de lugar para los féretros, lo que ponía en riesgo la salud pública de los vecinos, y la imposibilidad de algunas familias de pagar la parcela de los cajones, "Llegaba el caso que pasaban dos o tres años" y "se tiraban los cajones a las fosas porque las familias no podían seguir pagando". 

Por ello consideró que el municipio tenía que tener un servicio público de cremación, no sólo para ese sector que no podía afrontar el pago de cuotas, sino también para quienes querían acceder a la cremación como primera opción. En ese sentido, el proyecto estuvo acompañado por una serie de estudios de costo e impacto ambiental y sugería que el crematorio se ubicara a la altura de la zona de La Pedrera, al norte de la Capital. 

Castillo recordó que en la Carta Orgánica de la Municipalidad se deja asentado que el gobierno tiene competencia para fijar el servicio de cremación y los lugares para ello, pero faltaba una ordenanza que los regule. Esa norma era la propuesta del ex edil, pero tampoco avanzó. 

Castillo no se mostró disconforme con la concesión que otorgó el actual gobierno de Romero a Pieve, "tiene que haber un servicio privado, pero también un servicio público municipal", sostuvo. Expresó que en su tiempo de edil "la Municipalidad ya cumplía con un servicio importante en materia de sepelios, por lo que resultaba importante que también se pueda agregar el servicio de cremación". 

Aún así, le pareció afortunado que desde el municipio se habilite el servicio privado. "El departamento Capital es amplio y me parece que es una materia pendiente, más allá del buen paso que dio la Municipalidad (con la concesión con Pieve), ahora tenemos que ir por lo público", reiteró.