Las mujeres y niñas enfrentan mayor pobreza de tiempos para dedicarse a cualquier otra tarea que no sea la de afrontar la responsabilidad de los cuidados. La insuficiencia de servicios de cuidado las perjudica y sobrecarga y reduce de manera considerable el tiempo que podrían utilizar para estudiar, jugar o trabajar.

En este marco, emerge un nuevo conjunto de políticas de cuidado infantil y particularmente de infraestructura del cuidado, que aborda el acceso a servicios esenciales, estructurales y prioritarios para la niñez y, a la vez, incide en las brechas entre los géneros. Esta agenda novedosa y ciertamente disruptiva requiere de una intervención coordinada por áreas estatales dedicadas a la cuestión social.

El concepto de "infraestructura del cuidado" comprende a toda aquella infraestructura orientada a garantizar el bienestar y el ejercicio efectivo de los derechos, no sólo de quienes reciben cuidados, como infancias, adolescencias, personas mayores o personas con discapacidad, sino también de quienes los brindan: trabajadoras y trabajadores que, en su gran mayoría son mujeres.

La definición anterior corresponde a la Resolución 252 del 2021 del Programa de Infraestructura del Cuidado del Ministerio de Obras Públicas. Se trata de una respuesta de parte del Estado argentino que es referencia para la región. En el desarrollo de la "infraestructura del cuidado" se destacan varios hechos.

Hospitales modulares

En primer lugar, se construyeron Hospitales Modulares para hacer frente a la primera ola de la pandemia y así recomponer el sistema de salud, frente al ostensible estado de deterioro en que se encontraba en diciembre de 2019. La medida contó con el apoyo internacional de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Aunque la situación de emergencia habilitaba la contratación directa, cada obra fue licitada: 12 Hospitales Modulares de Emergencia, 49 Centros Modulares Sanitarios en 16 provincias, 37 Centros de Aislamiento Sanitario (CAS) y 15 Centros Modulares Sanitarios de Frontera en 9 provincias. El 69 por ciento de quienes usan el sistema de salud son niños y personas mayores.

CDI

En segundo término está la creación de 322 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en una tanda inicial y luego otra complementaria con la que se llegará a 600, geográficamente localizados a partir del Índice de Inequidades en la Primera Infancia (IPI), generado por la Red de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas. 

De la primera tanda de 322 CDIs, ya hay 55 obras en ejecución, 228 a iniciar y 39 proyectos en desarrollo. Los CDIs, además de garantizar los derechos de la primera infancia, liberarán a las mujeres de menores recursos de una importante carga de trabajo doméstico no remunerado, permitiendo su incorporación o reincorporación al mercado laboral o a la educación formal. 

En la actualidad, el 82 por ciento de los niños menores de dos años no asiste a ninguna institución y su cuidado recae básicamente sobre las mujeres. Ellas dedican en promedio 6,4 horas diarias al trabajo doméstico, el cual representa un aporte del 15,9 por ciento al PBI, frente a las 3,4 horas diarias en promedio de los varones. Por este mismo motivo, se mantiene la brecha de género también en la etapa actual de recuperación del empleo a la salida de la pandemia. 

El índice de Inequidades utilizado para localizar esta infraestructura es una herramienta metodológica orientada a hacer coincidir la inversión pública con las necesidades ciudadanas reales, reduciendo la discrecionalidad en los procesos de decisión y transparentando el uso de los recursos públicos. Por ello todas estas obras en ejecución y proyectos están disponibles en la plataforma mapainversiones.obraspublicas.gob.ar para que la ciudadanía conozca donde están y controle la inversión. Ya más de 1,2 millones de ciudadanos ingresaron a dicho portal.

Presupuesto

El Ministerio de Obras Públicas se comprometió a destinar un piso del 8,5 por ciento del presupuesto anual a un Fondo de Infraestructura del Cuidado dirigido a la ejecución de obras destinadas a la infancia, la salud, los géneros y las juventudes, que promuevan este derecho y garanticen estándares básicos de calidad de vida de la población. 

Esto implica un compromiso institucional, no sólo para lo que resta de la presente gestión sino también para las siguientes. Finalizado el ejercicio 2021, la ejecución total de estas partidas fue de 10,5 por ciento del presupuesto, superando el objetivo planteado.

Centros territoriales

Los Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad, impulsados desde el Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad (MMGyD), forman parte de los compromisos asumidos. 

Se prevén 20 nuevos centros en 15 provincias, de los cuales 10 serán financiados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y ejecutados por las jurisdicciones y 10 serán ejecutados por el MOP y financiados por el MMGyD. Cada uno de ellos contará con Áreas de Atención al Público abiertas a la comunidad y de acceso común, conformadas por el equipo de abordaje interdisciplinario. Contarán con un área de Niñez, de Esparcimiento, de Talleres y de Alojamiento en algunos casos, destinada a la protección de las personas en situación de violencias por motivos de género.

Nuevo pliego

El Nuevo Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas con perspectiva de género del Ministerio de Obras Públicas incluye lenguaje inclusivo y desagregación de la nómina de personal por género y funciones. Registra cuál es la política de género o paridad de la empresa contratista y establece la adhesión al Código de Ética de la Obra Pública. 

Plantea la obligatoriedad de contar con servicios sanitarios por géneros y también la necesidad de tener talles y números de indumentaria y de calzados correspondientes al personal. Se trata de una de las políticas resultantes del trabajo colectivo del Observatorio de la Obra Pública. Fue coordinado desde la Dirección Nacional de Transparencia del MOP y participaron Cippec, Uocra, Camarco, Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral y la UBA. Del MOP también participaron las Direcciones de Relaciones Institucionales, la Dirección de Contrataciones y AySA.

*Directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Coordinadora Académica del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de FLACSO- Argentina.