El parlamento de Nueva Zelanda aprobó casi por unanimidad una ley que prohíbe las "terapias de conversión" usadas para cambiar por la fuerza la orientación sexual de personas homosexuales y transgénero. La nueva norma contempla penas de hasta cinco años de cárcel, en el caso de que cause un daño grave a los individuos, cualquiera que sea su edad; y de hasta tres años si se aplican estas terapias a menores o personas incapacitadas para tomar decisiones.
"Este es un gran día para las comunidades arco íris de Nueva Zelanda", dijo el ministro de Justicia, Kris Faafoi, y agregó que "las prácticas de conversión no tienen cabida en la Nueva Zelanda moderna". El proyecto de ley, presentado por el gobierno el año pasado, fue aprobado con 112 votos a favor y 8 en contra.
Según un estudio realizado por la Universidad de Waitako en Nueva Zelanda en 2018, una de cada seis personas transexuales o no binarias de Nueva Zelanda manifestaron que un psicólogo o consejero intentó cambiarles su identidad sexual. Las terapias de conversión, aún legales y en uso en muchas partes del mundo, se practican para tratar de realizar cambios en la orientación sexual o identidad de género de las personas.
A partir de la nueva legislación será delito realizar prácticas de conversión sobre un menor de 18 años, o sobre una persona con capacidad de decisión reducida. En este caso, el delito será sancionado con hasta tres años de prisión.
La ley aprobada también define lo que no es una práctica de conversión y protege el derecho a expresar opiniones, creencias religiosas o principios que no tengan por objeto cambiar o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. Asimismo, también será penado realizar prácticas de conversión a cualquier persona, independientemente de su edad, donde las prácticas causen un daño grave, y en este caso, los infractores se exponen a penas de hasta cinco años de prisión. La nueva legislación también abre una vía para que las víctimas puedan reclamar en los tribunales civiles una indemnización por haber sido sometidas a una terapia de conversión.
En el resto del mundo
Mientras tanto,en Australia crecen las peticiones para que las terapias de conversión sexual, que la ONU considera como una forma de tortura contra la comunidad LGTBIQ, sean prohibidas después de que los estados de Queensland y Victoria las ilegalizaron en 2020.
Las leyes contra las terapias de conversión vienen ganando terreno en todo el mundo. El Parlamento canadiense votó por unanimidad el año pasado la prohibición de las mismas y Francia lo hizo el pasado enero.
Por su parte, desde Naciones Unidas (ONU) reclaman el fin global de la terapia de conversión sexual para homosexuales y transgénero, actualmente prohibida sólo en cinco países, y destacaron que "puede equivaler a la tortura". La práctica, actualmente, está prohibida en cinco países: Alemania, España, Suiza, Países Bajos y Noruega.
En nueve países del mundo, incluyendo tres latinoamericanos, existe una protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual , sea de forma explícita o por decisión de la justicia: Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, México, Nepal, Portugal, Suecia, Fiyi y Suiza.
