El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, que cumplía prisión preventiva domiciliaria por la causa que lo tiene como imputado por proteger desde la Justicia una red de juego clandestino, quedó en libertad ayer a la espera del juicio. Tras una audiencia de la Cámara de Apelaciones de Rosario y con la firma de Guillermo Llaudet se le concedió el beneficio que había solicitado la defensa con algunas condiciones: deberá depositar una caución de 10 millones de pesos, no podrá salir de Rosario ni del país y deberá entregar su pasaporte a las autoridades judiciales. El abogado Ignacio Carbone, que defiende a Serjal, explicó que la libertad estuvo basada en que “no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de pruebas”. Sin embargo los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, se mostraron disconformes con el fallo.
"No estamos de acuerdo con la resolución. De hecho nosotros pedimos que se mantenga la situación de prisión preventiva. Estamos en tal vez el caso más grave de corrupción política y judicial de la provincia de Santa Fe, con implicancias que llegan a todos los sectores del poder estatal: políticos, policiales y judiciales. Estamos frente a la persona que estaba a cargo de la Regional de una ciudad como Rosario que tiene índices de violencia altísimos, y frente a esto el Fiscal Regional se dedicaba a colaborar para que el negocio de Leo Peiti y de Armando Traferri se mantuviera incólume. A cambio de plata. De eso se trata el caso", razonó contundente Edery ante la consulta de Rosario/12. "Es raro que se lo libere faltando tan poco para el juicio, y más aún cuando el senador Traferri fue el que demoró y dificultó la investigación. Y no se puede desconocer que ambos actúan de forma muy similar", agregó Schiappa Pietra.
-¿Este fallo tiene un trasfondo político, en sintonía con nuevos escenarios en la provincia? -preguntó este cronista.
-Esperemos que no, porque cuando se politizan los fallos, la justicia comete graves errores. Cuando el Poder Judicial empieza a fallar en función de lo que intuye sobre los cursos de la administración política de los estados, se sale del cauce donde tiene que dictar sus fallos -contestó Schiappa Pietra.
Con la firma del juez Llaudet, el fallo revoca la decisión de la magistrada Eleonora Verón. Serjal estará en libertad mientras avanza el proceso pero deberá cumplir con algunas restricciones: deberá abonar una caución de 10 millones de pesos, no podrá salir de Rosario y deberá entregar su pasaporte a las autoridades judiciales. También se le impuso evitar todo tipo de contacto, acercamiento o reunión –personal, telefónico o por cualquier otra vía de comunicación– con los otros coimputados o testigos de cualquiera de las causas en las que está involucrado.
El defensor de Serjal recordó que su cliente hace meses cursaba arresto domiciliario “por cuestiones médicas” y que ya había obtenido permisos para tener salidas para tratamientos terapéuticos, psicológicos y psiquiátricos. Carbone aseguró que el ex funcionario subsiste económicamente de “la comida que hace en su domicilio y luego vende”, y que incluso familiares y amigos también le prestan dinero mensualmente.
Pero quienes estuvieron en contra de la resolución fueron sus acusadores, quienes recordaron que Serjal tiene un pedido de pena de 12 años por cohecho e integrante de una asociación ilícita. "Por eso -dijo Edery- creemos que corresponde aplicar el mismo criterio de cualquier imputado por un delito grave con una solicitud de pena de 12 años y cuya situación ha sido revisada por varios jueces. Cualquier persona presa en estas circunstancias llega a juicio en prisión preventiva. Salvo que pertenezcas a determinada clase social o determinado círculo de poder. No es el mismo criterio que se aplica con algunas personas que llegan al marco de la persecución penal. Si queremos construir un sistema penal que no sea selectivo tenemos que tratar a todas las personas de la misma forma. Sea quien sea".
