El gobierno de Salta tomó la decisión administrativa de aprobar el funcionamiento del  Comité para la Prevención de la Tortura con cuatro integrantes: Cristina Cobos y Rodrigo Solá, como miembrxs designadxs por las organizaciones de derechos humanos; Ramón Corregidor, por la Cámara de Diputados, y Marcelo Robles, como interino por la Cámara de Senadores. No se oficializó aún el nombramiento del abogado Ricardo Nioi, designado por el Poder Ejecutivo.

El presupuesto anunciado desde el gobierno para el Comité es de $10 millones. También se conformó el Consejo Consultivo como parte del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura creado en 2017 mediante la ley 8024.

Además de la publicación de la decisión administrativa en Boletin Oficial, hubo un acto en la Casa de Gobierno encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada.

La ley 8024, que establece la creación del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fue sancionada en julio de 2017 y reglamentada en 2018.

Esta ley crea el Comité provincial y su efectivización tuvo grandes demoras, debido a la espera en los concursos del Ejecutivo. En tanto, las organizaciones de derechos humanos realizaron sus designaciones en 2019; el representante de la Cámara de Diputados fue designado en 2020 y la Cámara de Senadores aún no lo resolvió y envió un miembro interino. En relacion a los retrasos, otro inconveniente fue la falta del presupuesto así como la publicación de la decisión administrativa para el funcionamiento del Comité que recién se publicó ayer, 16 de febrero de 2022.

En la resolución se informó que lxs comisionadxs tendrán una remuneración equivalente a la de Director del Poder Ejecutivo Provincial. Excepto Robles, quien cumple la función "en carácter provisorio y Ad-Honorem" hasta que la Cámara de Senadores concluya con el procedimiento concursal convocado por la resolución Nº 133/2020.

Según informó el gobierno a Salta/12, analiza la designación de Nioi, y si es que habría incompatibilidad de funciones con otro cargo. En caso de que no esté en condiciones de asumir, considerarán nombrar a otra persona, aunque no se especificó si será mediante un nuevo concurso público o designando a quien quedó en segundo lugar cuando se realizó el concurso en 2019.

Consultado por Salta/12, Nioi dijo que no fue consultado sobre su situación y aclaró que su designación en el Comité terminó el 31 de diciembre del año pasado. Consideró que la decisión administrativa "estaba mal lograda" ya que en los considerandos se lo nombra y "no así en la parte resolutiva", y también entendió que el hecho de que sea empleado de planta permanente en el Ministerio de Gobierno no es un impedimento para integrar el Comité, porque puede "pedir la retención" de este puesto por asumir un cargo superior.

Dos años de espera 

A pesar de esta falta, lxs miembrxs ya nombradxs, comenzarán con sus primeras acciones. Corregidor dijo a Salta/12 que lo primero que realizará desde el Comité será la designación de autoridades así como notificar a las instituciones para luego iniciar las funciones propias del organismo. 

"Hoy comenzamos una tarea bastante difícil y lógicamente, esperada. Hemos esperado dos años para poder empezar con el mandato de la ley. Es una lucha que ya tiene su tiempo desde los organismos de derechos humanos para que se haga realidad", dijo por su parte la comisionada Cobos.

Además, Cobos señaló que les asignaron un presupuesto de 10 millones para este año según le comunicó el ministro de Gobierno. "Es algo cercano a lo que pedimos en 2019. No es lo óptimo pero vamos a ir viendo", indicó.

El espacio donde funcionará el Comité se ubica en la calle Santiago del Estero 2091, en el segundo piso, que lxs comisionadxs conoceran el próximo jueves. "A partir de allí comenzaremos. Esto fue tan sobre la hora que en el caso de Solá no está en Salta, tendremos que esperar a que esté en la ciudad. Nosotros igual vamos a ir trabajando con Corregidor y Robles, quien tendrá que desempeñar sus funciones hasta que tenga su reemplazante", sostuvo Cobos. También podrán designar a alguien para el cargo de secretarix ejecutivx mediante un concurso de antecedentes y oposición.

La comisionada dijo que esperan trabajar un cronograma de tareas y realizar un listado de las instituciones a las que tienen que pedir informes sobre las personas privadas de la libertad, entre ellas mencionó al Ministerio de Seguridad, las Fiscalías y el Poder Judicial. Las solicitudes de información serán, adelantó, respecto de la "estructura edilicia, situación judicial, si (quienes están privados de su libertad) tienen prisión preventiva, o están condenados".

Las funciones del Comité serán las de "observar" y si detectan irregularidades podrá informarlas a las conducciones de esas instituciones para que las corrijan. Entre sus competencias, pueden visitar lugares donde hay personas privadas de la libertad, tanto en las unidades carcelarias, centros de menores, comisarías u hospitales psiquiátricos.

El organismo tiene como tarea fortalecer el monitoreo de los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, haciendo recomendaciones a las autoridades provinciales, magistrados y funcionarios judiciales para la adopción de medidas especiales urgentes, para el cese de cualquier maltrato que pudiese surgir en las instituciones de reclusión y su investigación inmediata para la protección de la víctima. También deberá trabajar en la elaboración de protocolos de actuación sobre la base de la inspección de los establecimientos de detención.

El Comité es autárquico, aunque el gobierno sostuvo que "deberá trabajar de manera coordinada, complementaria y en cooperación con entidades públicas, estableciendo instancias de diálogo permanente", si bien reconoció que "Tendrá independencia funcional y autónoma y un presupuesto propio para su pleno funcionamiento en la provincia".

El Sistema Provincial para prevenir la tortura, además del Comité, está compuesto por un Consejo Consultivo como "órgano interministerail e interinstitucional de consulta y asesoramiento" que quedó conformado por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Publico, la Cámara de Diputados, el Senado, el Ejecutivo Provincial, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS) y el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y la Universidad Nacional de Salta (UNSa), "que colaborarán en el diseño, implementación y monitoreo de recomendaciones generales o específicas de prevención de la tortura. Su participación será ad honorem", según informó el gobierno.

La adhesión de Argentina a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue firmada en 1985 y aprobada mediante la ley 23.338, el 30 de julio de 1986, y ratificada el 24 de septiembre de 1986.

La Convención adquirió jerarquía constitucional a partir de su incorporación en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional reformada en 1994. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura fue aprobado en Argentina por ley 25.932 y ratificado el 15 de noviembre de 2004; establece un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

En 2013 se instituyó en Argentina el “Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” acorde al Protocolo, mediante la ley 26.827. Este sistema nacional está conformado por órganos provinciales, la Procuración Penitenciaria y dos órganos coordinadores y rectores: el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de mecanismos locales.