El viernes último las abogadas que representan a la médica residente Miranda Ruiz, quien se desempeña en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, presentaron un nuevo pedido de sobreseimiento de su representada. La profesional fue imputada por el fiscal penal de esa ciudad norteña, Gonzalo Vega, quien le atribuye haber realizado un “aborto sin consentimiento informado”, según la ampliación de acusación que presentó ante el juez de Garantías Héctor Mariscal Astigueta.

Ruiz, quien asegura haber realizado el procedimiento en el marco de la ley, fue encausada y apresada por asistir una Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), en cuyo caso actuó un equipo interdisciplinario. Sin embargo, el direccionamiento en su contra provocó que fuera encerrada por algunas horas el 3 de septiembre de 2021, situación que se revirtió el mismo dia gracias a la movilización y manifestación de organizaciones de mujeres en todo el país exigiendo su libertad.

Sin embargo la causa penal continuó, y cuando se presentó el primer pedido de sobreseimiento le fue denegado ya que la Fiscalía se encontraba ampliando la imputación.

“El consentimiento informado está firmado por mí y por la paciente en la Historia Clínica”, volvió a recordar la médica al sostener que incluso consta en el instrumento administrativo que el tratamiento fue autoadministrado “le damos las pastillas y ella las toma. La paciente tenía las pastillas y las usaba según un cronograma de horarios. Cuando se produce el aborto yo no estaba en el hospital, ya que mi turno había finalizado. Todo lo dicho consta en el legajo de investigación”. 

Sin embargo, en la acusación, el fiscal Vega insiste en que la médica “provoca la expulsión del feto”. La profesional sostiene que la fiscalía “no puede explicar cómo le provoco el aborto, cómo hago para obligar a una persona a usar pastillas”.

Frente a la continuidad del proceso judicial, para el próximo miércoles 23 a las 18 horas, se realizará una concentración en la Plaza Italia de Tartagal en apoyo a Ruiz bajo el lema “Garantizar Derechos no es Delito”.

Repudios de las asociaciones

Distintas entidades médicas repudiaron la situación que atraviesa Ruiz en Tartagal y apuntaron al peligro de que haya una persecución a quienes deben garantizar derechos.

En un comunicado, la Sociedad Argentina de Medicina recordó que “obstruir, negar o dilatar una IVE/ILE es un delito”, al momento de valorar la “acción de una profesional que, habiendo hecho una especialidad como la medicina interna/clínica médica y una segunda como medicina familiar, está realizando su actividad en zonas desfavorables en lo que respecta al acceso a la salud, aportando todas las competencias adquiridas en la primera especialidad desarrollada”. El escrito firmado por su presidenta, Adriana Romani, añade que esa organización está "en contra de la persecución ideológica, religiosa, judicial y de la condena mediática, y a favor de las leyes que garantizan el bienestar de los ciudadanos, no solo en este caso sino en general”.

La Federación Argentina de Medicina General (FAMG) también se solidarizó con Ruiz e indicó que “este accionar de la Justicia, que intenta poner barreras en el acceso al aborto, representa un claro atropello a los equipos de salud que, de manera comprometida, acompañamos los procesos de atención vinculados a IVE/ILE, así como también configura una vulneración en los derechos de las personas con capacidad de gestar”. 

En el comunicado, que fue rubricado por Víctor Orellana, se agrega la preocupación del sector ante “estos intentos de amedrentamiento y persecución a los equipos de salud que garantizamos este derecho, ya que la médica detenida es una de las pocas profesionales que no objeta la práctica de la IVE en Tartagal y alrededores”. Por eso, la Federación solicitó que se detengan estas persecuciones, más cuando hay normativas vigentes.

En un sentido similar se manifestó también la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar (AMMF).