El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador coincidió con el postura reaccionaria del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, quien en el tedeum por el 25 de mayo en esa ciudad cuestionó ayer la reciente promulgada ley bonaerense que precisa que los desaparecidos fueron 30 mil y que el carácter de la dictadura fue cívico-militar. “El hecho de que se pueda establecer una verdad con una ley me parece que no corresponde y es algo que no comparto bajo ningún punto de vista”, afirmó el radical que secunda a María Eugenia Vidal, en sintonía con el referente de la corriente más conservadora de la Iglesia católica.
Ayer, Aguer calificó de “número mágico” la cifra de 30 mil desaparecidos de la última dictadura y criticó a los legisladores bonaerenses por votar dicha la ley, que establece que en los documentos oficiales que refieran a ese tema se debe citar esa cantidad de desaparecidos y también que los dictadores tuvieron la complicidad de civiles. El arzobispo platense cuestionó además al Congreso por limitar el alcance del 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad y le reprochó al gobierno de Mauricio Macri haberse despegado del fallo pro genocidas de la Corte Suprema.
Si bien Salvador no fue tan lejos como el otros representantes de Cambiemos que enarbolan el discurso negacionista -dado que reconoció la existencia de un plan “sistemático y siniestro” de secuestro, tortura y desaparición-, el funcionario sentó postura al no responder sobre el número de desaparecidos y esquivar la pregunta. “De todas maneras, sea un numero u otro imponerlo por una ley me parece que no es el camino”, evadió el tema el radical, en declaraciones a la radio Cooperativa, en el marco de la línea del actual Gobierno que en múltiples declaraciones relativiza el peso del terrorismo de Estado en el país.
El primero en instalar la discusión sobre la cantidad de desaparcidos fue el ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido, quien afirmó que “no hubo 30 mil" y que esa cifra era “una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios por parte de los familiares de las víctimas”. Poco después, empujado por los nuevos aires negacionistas y las políticas del Gobierno que marcan un retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el ex jefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión también negó que haya existido durante la última dictadura un plan genocida y sistemático para exterminar dirigentes políticos, sociales y sindicales. "No es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras", dijo, provocador, en un programa televisivo.
En la misma línea negacionista, el cuestionado fallo pro genocidas de la Corte Suprema -que se interpretó como una nueva amnistía para los torturadores- intentó modificar la doctrina en derechos humanos para aplicar un beneficio a la condena como si se tratara de un delito común. La respuesta fue un claro y contundente rechazo social generalizado.
Salvador reconoció que si bien no está de acuerdo con la reciente ley bonaerense –propuesta por el diputado del Frente para la Victoria Darío Díaz Pérez para poner fin al discurso que relativiza la gravedad de la dictadura- “no tenía sentido tener un enfrentamiento con la decisión casi unánime de la Legislatura”.
La ley fue promulgada por Vidal, ante quien Aguer formuló ayer sus críticas durante el tedeum, aunque el vicegobernador no descartó una futura marcha atrás. “A través de la misma vía se podría cambiar el criterio”, especuló Salvador en referencia a la posibilidad de que en el futuro un nueva ley que revise el número de desaparecidos y la reemplace.
