Las presiones sobre dos fiscales que investigan a un senador por su complicidad en un organización de juego clandestino llegó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery podrán exponer el 18 de marzo las situaciones vividas luego de acusar al senador Armando Traferri por participar de una empresa criminal que regenteaba juego ilegal con el capitalista Leonardo Peiti a la cabeza. La decisión del organismo de derechos humanos se da al mismo tiempo que la Corte Suprema de Santa Fe debe determinar si los legisladores santafesinos pueden ser investigados penalmente mientras mantienen sus fueros. En diciembre de 2020, la Cámara de Senadores de Santa Fe rechazó el pedido de desafuero de Traferri, presentado por los fiscales que desde entonces tratan de investigarlo. Entre las presiones los fiscales rosarinos presentaron la denuncia en su contra que hizo el propio senador peronista.
En rigor las situaciones también se acoplan con otro hecho delicado que incluyó a otros dos fiscales desplazados de sus lugares cuando investigaban el manejo de fondos a de otros legisladores. Se trata de los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack, denunciados cuando investigaban el manejo de los subsidios de los senadores en 2017. Ambos fueron denunciados y hostigados cuando investigaban el manejo arbitrario de subsidios de legisladores en épocas electorales, el desvío presunto de fondos públicos de parte de un senador mientras se desempeñaba como intendente de un municipio y una causa de lavado por estafas inmobiliarias que involucraban a empresarios locales ligados a medios de comunicación.
Las denuncias fueron formalizadas a través de la Asociación de Fiscales de Santa Fe , que calificó los hechos como una grave situación de violación a su independencia de parte de otros poderes del Estado. La aceptación de llevar al máximo tribunal interamericano ese planteo no se circunscribe a situaciones en la provincia sino que engloba denuncias de fiscales de otras regiones del país. Tal el caso de la fiscal Cecilia Goyeneche que investigaba en Entre Ríos al ex gobernador Sergio Urribarri y fue desplazada del cargo.
La presentación ante la CIDH para plantear estas situaciones fue elevada por Marcelo Omar Varona Quintián, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), y Gisela Paolicelli, presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe.
En octubre del año pasado, el procurador general de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, dictaminó que es admisible el pedido de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) respecto del artículo del Código Procesal Penal de la provincia, que trata sobre los obstáculos legales para conseguir el desafuero de legisladores que se encuentran en ejercicio del cargo.
En la presentación se plantea claramente que desde el momento en que los fiscales vincularon a Traferri con el juego ilegal, tuvieron que soportar todo tipo de intimidaciones e intentos de intromisión en la investigación, tanto de parte del senador involucrado como de sus abogados. Inclusive uno de ellos dijo públicamente que el gobernador Omar Perotti no terminaría su mandato y que los fiscales que investigan al legislador “hacen inteligencia y no derecho procesal”.
Por último también se detallarán ante la CIDH los cambios sucesivos al régimen disciplinario sobre inconductas de los fiscales que quedó en manos de los legisladores como una forma de presión y control político de las investigaciones.
La audiencia se realizará por zoom el próximo 18 de marzo a las 11(hora de Washington) que es donde la CIDH tiene su sede. Participarán como peticionantes Varona Quintián y Gisela Paolicelli.
