La Justicia cordobesa ordenó a un profesor de informática, denunciado por acosar sexualmente a una alumna de 5to año durante la clase, que asista  a actividades psico-socio- educativas en el Centro Integral de Varones. La decisión de la titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia, Familia y de Género de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba incluyó, además, la orden de que el colegio donde ocurrieron los hechos -y que desoyó la denuncia de la alumna, pero también las de otras dos jóvenes y de una preceptora-  desarrolle un protocolo de intervención temática e instancias de capacitación, e instale una placa con un texto de la joven denunciante que recuerde lo sucedido. 

En su resolución, la jueza Mariana Wallace consideró acreditado que la adolescente "L." fue víctima de violencia de género de tipo sexual por parte de su profesor. Además, consideró que también fue víctima de violencia de género de tipo psicológica y simbólica por parte de la institución escolar de gestión privada, por la manera en que el cuerpo directivo abordó la situación una vez que la chica y su madre denunciaron lo sucedido.

“Con extraordinaria determinación y temple, 'L' soportó estoica los embates que las directivas le dirigieron para disciplinarla. Pese a los esfuerzos institucionales, no pudieron doblegarla y, por esta noble adolescente, otras adolescentes van a poder transitar sus estudios secundarios sabiendo que ningún profesor puede tomarles del busto y ninguna persona del cuadro directivo puede omitir adoptar todas las medidas para preservarla de semejante atropello”, indicó la jueza en su fallo.

La adolescente, que cursaba el quinto año del secundario, estaba en clase cuando su profesor le tocó el busto en medio del gabinete de informática. Ella contó lo que sucedió a su mamá y juntas concurrieron a una reunión con la directora y la vicedirectora del colegio, quienes terminaron sancionándola y no investigaron la denuncia, ni apartaron al docente agresor.

La joven, advirtió la jueza Wallace, fue revictimizada. Las autoridades escolares no sólo la obligaron a contar repetidamente lo que había ocurrido, sino que también le exigieron que pidiera disculpas a su agresor y, luego, debió seguir compartiendo espacios con él.

Otras dos alumnas y una preceptora relataron episodios similares en relación con ese docente, pero la institución tampoco tomó medidas al respecto. Por eso, la adolescente y su familia resolvieron demandar judicialmente al profesor y al colegio.

En su resolución, la jueza Mariana Wallace ordenó que el agresor asista obligatoriamente a actividades psico-socio-educativas en el Centro Integral de Varones y remitió el expediente a la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 2° Turno. También ordenó al colegio que desarrolle un protocolo de intervención temática e instancias de capacitación.

Por otra parte, como reparación simbólica, el colegio deberá colocar una placa de material perdurable con un texto elaborado por la víctima que sirva como recordatorio del hecho.

En la resolución, la jueza Wallace señaló que la chica “a su costa y cargo” detonó un sistema en el que quienes intervinieron en los roles docente, administrativo y directivo priorizaron la “pseudoimagen de la institución por sobre el resguardo de la integridad psico, física y sexual de los miembros que la componen”.

La magistrada consideró que la escuela estaba obligada a denunciar este tipo de actos (conforme al art. 5, de la ley provincial 10.401, de Protección Integral a las Victimas de violencia de género) y, por eso, considera responsables a quienes intervinieron de “una u otra forma en su funcionamiento”.

Para Wallace, lo que hizo el colegio al desatender las denuncias de acoso sexual presentadas por las alumnas y sus familias "configura el ejemplo de todo lo que no debe haber en materia de violencia de género, ya que retardaron, obstaculizaron o impidieron el ejercicio de los derechos por parte de 'L en lo personal y en su contexto, por lo cual se configura la violencia de género, tipo psicológica y simbólica”.