Entre septiembre y noviembre de 1976, varios pueblos del sur de la provincia de Buenos Aires fueron escenario de episodios similares: durante toda una noche y todo un día, las fuerzas de seguridad locales habilitaban los territorios para que patotas del Ejército desplegaran allí su cacería, secuestraran a vecinos y vecinas previamente “marcados” y se los llevaran para Bahía Blanca, el punto neurálgico de la represión ilegal de aquellos años en esa zona. Así, grupos de trabajadores y trabajadoras, sindicalistas, militantes de Tres Arroyos, Médanos, Coronel Dorrego, Villarino, Pedro Luro, Algarrobo, Mayor Buratovich y Huanguelén, entre otros, habitaron el centro clandestino que funcionó en el Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército. Personal de esa división militar, parte del V Cuerpo del Ejército, junto a otros de Inteligencia y de Sanidad; militares de Neuquén, policías bonaerenses y de Río Negro y penitenciarios comenzaron a ser juzgados ayer por crímenes de lesa humanidad comentidos durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.

Los modos en que la última dictadura aplicó el terror en los pueblos del sur de la provincia de Buenos Aires y cómo esto repercutió en la vida cotidiana de vecines, de quienes fueron secuestrades, llevades a Bahía Blanca y allí torturades, o no, las marcas identitarias que la esos operativos dejaron, “las historias no contadas, relegadas, que marcaron mucho la vida allÍ”, es uno de los “ejes novedosos” de este megajuicio, indicó el fiscal auxiliar de Bahía Blanca Pablo Fermento.

Historias nunca difundidas

Se trata del octavo debate oral y público que se desarrolla en la ciudad, y el más imponente. Llevará a juicio a 38 imputados, acusados por violaciones a los derechos humanos de 334 personas que fueron secuestradas, mantenidas cautivas y torturadas en centros clandestinos como el batallón de Comunicaciones 181, la Compañía de Combate My. Keller, y el emblemático La Escuelita, entre otros. Los dos nacimientos que ocurrieron en ese campo de concentración –los hijos de María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero de Metz– también serán parte del juicio.

Los casos fueron recogidos de los testimonios que integraron el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se llevó a cabo en Bahía Blanca, en 2010, “gente que fue testigo por los delitos sufridos por otras personas”, y luego de las denuncias de personas “que se acercaron para iniciar trámites reparatorios, gente que había estado secuestrada en la escuelita y nunca lo había contado en su vida”, recordó el fiscal auxiliar.

El de Alicia Partnoy no es de los "nuevos casos". Estuvo secuestrada en La Escuelita, fue "blanqueada" en la cárcel de Devoto y, desde entonces, no paró de contar su historia. Sin embargo, los delitos que sufrió siguen hallando responsables, a 45 años de ocurridos. La última vez que declaró en un debate oral de lesa humanidad fue en el que se llevó a cabo en Neuquén, que culminó a fines de 2021 con condenas a casi todos los acusados. Aunque no sabe todavía si declarará en este, lo celebra: "Todo juicio es necesario porque con cada uno descubrimos nueva información y habla gente que no había sido escuchada hasta el momento. Es neesario validar la voz de cada sobreviviente, de cada familiar que ha venido sufriendo todos estos años tratando de descubrir qué fue exactamente lo que pasó con sus seres queridos, en busca de justicia para los responsables de su sufrimiento", señaló a este diario desde Estados Unidos, donde vive desde que la dictadura la obligó al exilio.  

Los hay oriundos de Bahía Blanca, Como Partnoy, de los pueblos del sur de la provincia que fueron especialmente “barridos” por las fuerzas de seguridad, pero también habitantes de la Patagonia: Gente que fue secuestrada en Río Gallegos, Trelew, Comodoro Rivadavia, Neuquén y ciudades de Río Negro terminaron siendo encerradas y torturadas en el Batallón o en La Escuelita. Del total de los casos que serán revisados en el juicio, 248 lo serán por vez primera. 27 fueron asesinadas, de las cuales nueve permanecen desaparecidas.

“El desafío es total”, aseguró Fermento, que integra el equipo del fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia en el marco del debate cuyas “dimensiones no tienen comparación con ningún otro juicio que se haya llevado a cabo en el interior de la provincia”.

En relación con los testigos y los casos que serán núcleo del proceso, la expectativa que maneja la Fiscalía se vincula con “poder contar las historias individuales sin que se licúen en la problemática total, poder explicar los procesos represivos del sur de la provincia”, puntualizó el fiscal. Y además, “darle visibilidad a un montón de aspectos no han sido suficientemente considerados previamente, como la violencia sexual”. El juicio revisará, por primera vez en el proceso local de judicialización de crímenes contra la humanidad, los abusos sufridos por dos mujeres en el marco de su secuestro en centros clandestinos. “Para ellas, para las mujeres en general, para el proceso en total, esto es muy importante, es una lucha que costó mucho”, remarcó Fermento.

Los imputados y la impunidad biológica

La otra faceta del desafío que propone este megadebate la jurisdicción bahiense tiene que ver con los imputados. El juicio unifica unos ocho requerimientos de elevación a juicio. El primero fue en 2015. Desde entonces, unos 15 imputados quedaron fuera de juicio. 13 fallecieron, otros dos no están en condiciones de afrontar el debate, y hay uno más que solicitó seguir ese camino, cuestión que deberá definir el Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido.

En ese sentido, apuntó Fermento, “es necesario que este juicio no se prolongue más allá del año. Y para eso es necesario que se pongan a disposición todos los recursos de parte de todos los actores”. El objetivo de la Fiscalía es realizar audiencias con la mayor cantidad de testigos, que no haya interrupciones y sea lo más fluido posible. No se logró, en tanto, sumar más de una jornada por semana.

De los 38 imputados, unos 13 llegan a juicio por primera vez. Hay militares del V Cuerpo de Ejército, del Destacamento de Inteligencia 181, del Batallón de Comunicaciones 181 –los que nunca antes habían sido juzgados–, de la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén, un miembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires, dos oficiales de la Policía Federal de Viedma y el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.

Entre los imputados militares, se encuentran el médico Humberto Luis Fortunato Adalberti y el enfermero Adalberto Osvaldo Bonini, ambos ex integrantes del departamento de Sanidad del V Cuerpo del Ejército, acusados de realizar tareas en La escuelita que permitieron prolongar el cautiverio y las prácticas de torturas sobre las víctimas. Esto es importante, también, ya que ambos gozaron de la falta de mérito durante largo tiempo antes de llegar adónde están hoy.