A la espera de lo que acuerden el Ejecutivo provincial con las centrales sindicales que representan a docentes y trabajadores de la administración pública, ya son muchos los municipios que anticipan un tope en los aumentos salariales. Una sutuación que comienza a inquietar a los trabajadores quienes amenazan con medidas de fuerza en caso de no respetarse los acuerdos. En algunas localidades del norte, ATE exige autonomía para negociar por fuera de los términos provinciales.

Mientras la docencia solicita un aumento que supere el 40% para la primera paritaria del año, se sabe que el gobierno intentará negociar no más allá del 45%, y algunos jefes comunales como el de Tartagal o la de Salta, adelantaron que los topes locales estarán en el 24% y el 40% respectivamente.

El departamento San Martín fue el primero en comenzar el diálogo motorizado por su delegado regional, Fermín Hoyos, que desde hace semanas viene organizando asambleas de municipales solicitando formalmente a sus ejecutivos rondas de negociaciones.

En diálogo con Salta/12, Hoyos contó que en el caso de algunas localidades como Salvador Mazza y Tartagal exigen la autonomía “que siempre se manejó” con respecto a lo que arregle provincia, “porque tienen una recaudación que les permite hacer frente a esas erogaciones” y no dependen exclusivamente de la centralidad provincial.

Ante el reclamo se encontraron con la negativa de los mandatarios comunales. En la localidad ubicada en la frontera con Bolivia, Salvador Mazza, su interventor, Adrián Zigarán, les contestó que esperarán los términos del acuerdo con la administración pública provincial para comenzar a hablar de los aumentos municipales “algo que en asamblea se rechazó de plano”, expresó el dirigente gremial, que aseguró que en ese municipio “históricamente se discutió paritarias autónomas porque son municipios ricos que tienen sus propias recaudaciones”.

El delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado recordó que allí no reclamaron el bono extraordinario de fin de año porque ya se había acordado uno propio al cierre del 2021 “y ahora se quieren regir por los parámetros provinciales”, exclamó. “Él mismo (por Zigarán) salió a denunciar que cuando estaba Rubén Méndez declaraban $1 millón de ingresos de peaje y ahora como está él ingresan $2 millones ¿qué están haciendo con la plata?”, preguntó.

Lo que pretenden desde el sector que representa a los trabajadores es un 50% hasta el 31 de julio “más regalías de 30.000 para fin de año”. En tanto en Tartagal la negociación resulta aún más complicada, ya que allí Mario Mimesi, intendente de Tartagal, acercó una oferta de apenas el 24%  a pagar en cuotas: un 10% en marzo, otro 7% en mayo, y el 7% final recién en julio. Esto “también lo rechazamos de pleno ya que es una vergüenza que nos vengan a ofrecer un incremento de esa índole cuando la planta política se subió entre el 46 y el 120% de un plumazo” expresó Hoyos y exigió “que midan con la misma vara a los trabajadores”.

Por otro parte acentuó que en esa ciudad hay “más de 1.000 trabajadores eventuales que no tienen ni siquiera una obra social, aportes ni asignaciones y reciben pagos mínimos por jornada trabajada”. Situación por la que también plantean la firma de al menos 100 contratos nuevos “que ya estaba acordado a través de un acta para el primero de enero, pero como no cumplieron, queremos que se concrete a partir del primero de marzo”. Si esto no sucede anticipó que “seguramente vamos a tener conflicto y vamos a terminar con paro y movilización”.

Respecto a las demás localidades del departamento, como Aguaray, General Mosconi, Ballivián o Embarcación, reconoció que ahí si deberán esperar la negociación provincial “porque ellos adhieren a los términos de la provincia y respetan todos los aumentos porque tienen bajos recursos”, basicamente dependen de las arcas del gobierno central. De igual manera aclaro que “vamos a discutir también otros ítems” como pases a planta y otras mejoras laborales.

Capital con techo del 40

En la ciudad de Salta la situación no es muy distinta. Allí esta semana comenzaron las conversaciones entre funcionarios y representantes gremiales, donde si bien acordaron que esperarán para ver cómo concluyen las paritarias provinciales, la secretaria de Gobierno, Frida Fonseca, afirmó que el tope de la negociación no superará el 40% teniendo en cuenta la proyección de inflación que realiza el gobierno nacional para este año.

Ese techo, si es que la docencia salteña obtiene una mejora que lo supere, terminará resquebrajando un diálogo que por ahora se mostró ameno entre municipio y bases trabajadoras. El delegado de ATE Capital, Edgardo Guaymas, fue cauto al contestar y dijo que habrá que esperar, aunque comentó que exigirán lo mismo que reciba la administración pública provincial “no vamos a aceptar menos que ellos”.

Los gremios municipales solicitaron además que se contemplen las horas extras, modificaciones en cargos y la mejora de insumos de trabajo, entre otros ítems.

Por otra parte César Molina, de ADEMuS, sostuvo que pedirán que en el acuerdo “los aumentos sean en cuotas cortas para poder percibir la mejora". 

"Hemos hablado de la inflación en la Argentina y pedimos aumentos semestrales con cláusula gatillo para poder rever los acuerdos más adelante”, agregó el secretario adjunto de SIMUSA, Luis Rodríguez.

Silencio en el resto

Mientras que en el resto del territorio provincial reina la incertidumbre a la espera del acuerdo entre el gobierno y los docentes, muchos se preguntan cómo harán los intendentes para enfrentar nuevos aumentos, cuando tuvieron que acudir desesperados a pedir un rescate para hacer frente al aguinaldo primero y al bono extraordinario después.

Desde los ejecutivos de La Caldera y Vaqueros reina el silencio, solo se limitaron a contestar que esperarán la resolución provincial. En este sentido los representantes sindicales adelantaron que reclamarán “el mismo porcentaje de aumento que reciban los docentes”.

En la misma situación se encuentran otros municipios como el de Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Cafayate y Orán, aunque en este último caso se sumarían al pedido de Tartagal “veremos qué se resuelve, pero como mínimo vamos a pedir el 50%, que es lo que tuvimos de inflación el año pasado”, manifestó la delegada de ATE, Cristina Guzmán.