La Corte Suprema de Justicia ordenó suspender una medida preliminar dictada por un juzgado civil a pedido de Mariano Macri por la que se pretendía obligar al periodista Santiago O’Donnell a entregarle al hermano del ex presidente Mauricio Macri los audios de las entrevistas en las que desmenuzó la trama de poder, política y negocios detrás del clan familiar, que fueron la fuente principal –pero no la única– del libro Hermano. La jueza Andrea Alejandra Imatz tomó nota y decretó la suspensión del proceso hasta que el máximo tribunal dicte un pronunciamiento de fondo sobre la libertad de expresión y la indemnidad del secreto periodístico. El periodista de Página/12 dijo sentir “un gran alivio”, manifestó su convicción “de que debía pelear hasta el final, incluso a riesgo de recibir multas millonarias o allanamientos o intentos de secuestro de mi material”, y se mostró esperanzado en que la medida sea “el paso previo a una sentencia ejemplar en defensa de la inviolabilidad de las fuentes y los materiales de trabajo de los periodistas”.

Luego de dar su consentimiento para grabar las entrevistas, Macri se arrepintió e hizo un intento en sede judicial para impedir la publicación del libro, que fue rechazado en dos instancias. Ante su inminente salida, en diciembre de 2020, hizo otra presentación y logró que la jueza subrogante Marta Gastaldi intimara al periodista a entregar copia de las grabaciones de los encuentros que mantuvo con su fuente, en el marco de una medida preliminar destinada a “brindar certeza” para la preparación de un ulterior juicio por daños y perjuicios.

Los abogados Damián Loreti y Cristian del Rosario pidieron que se revoque esa decisión y argumentaron que contraría disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la Nación y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, en mayo, finalizada la subrogancia de Gastaldi, la jueza Imatz confirmó la decisión y luego rechazó un recurso extraordinario de los aobgados, que el 25 de octubre recurrieron en queja a la Corte Suprema alertando sobre el peligro concreto que la pretensión de Macri implica para la libertad de expresión.

El jueves, con las firmas digitales de Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, la Corte dispuso la “suspensión del procedimiento de ejecución” de la medida y declaró “formalmente procedente el recurso de queja”. “Los argumentos expresados en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja podrían, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal y eventualmente la decisión recurrida podría generar un perjuicio de imposible reparación ulterior, por lo que la queja es procedente, sin que esto implique pronunciamiento sobre el fondo del asunto”, señalaron. Imatz, 24 horas después, decretó “la suspensión de este proceso hasta tanto se emita pronunciamiento sobre el recurso extraordinario interpuesto”.

“Lo resuelto por la Corte pone un poco de orden a cuestiones que veníamos planteando”, afirma Del Rosario, y recuerda que “durante un año estuvimos litigando para que se comprenda la gravedad que representa la entrega de material periodístico por orden judicial, en una diligencia preliminar, para un juicio que todavía no se inició”. “Es como ver qué es lo que hay para ver si se hace un juicio, una excursión de pesca legitimada por el Poder Judicial”, graficó. “Ahora el tratamiento del recurso está en manos de la Corte y confiamos en que se va a dejar sin efecto esa resolución”, añadió.

El abogado explicó que el material registrado en las 18 horas de entrevistas “contiene muchísimo más de lo que fue publicado y hace a la propiedad intelectual y material del periodista, con otras líneas de investigación que están en desarrollo”. Obligarlo a entregar esos audios “sentaría un precedente tremendo” ya que cualquier persona que sienta que puede llegar a ser agraviada por una publicación podría exigir ver el material con el que el periodista trabaja. El pedido es aún más llamativo “cuando el libro que teóricamente le causa un daño ya fue publicado, con lo cual lo que el actor tendría que demostrar es la falacia o falta de verosimilitud de lo publicado, no necesita otra prueba”, explicó Del Rosario.

La advertencia que los abogados de O’Donnell plantearon sin suerte ante tribunales inferiores es que entre los dos derechos en pugna, la posible conformación de un daño y perjuicio choca contra un supra-derecho como es la libertad de expresión. “Los tribunales inferiores no hicieron caso a los varios remedios procesales que pusimos, y es la Corte la que rápidamente advierte que hay una cuestión federal y una cuestión grave institucional”, destacó el abogado. Aclaró que “es muy difícil que en procesos preparatorios haya una cuestión federal constitucional”, como en este caso, y destacó que “al abrir el recurso la Corte fija un precedente de que, aun estas cuestiones, que parecen menores, se puede esconder o albergar un posible perjuicio constitucional”. “La gran pregunta es por qué esto llega a la Corte. Y es por la falta de respuesta con una mirada constitucional de los tribunales inferiores. Hicieron una interpretación civilista del problema y no vieron la trascendencia institucional que tenía”, concluyó.

“Para mí es un gran alivio”, confesó O’Donnell. “No quería convertirme en el primer periodista de la historia en entregar a la justicia sus grabaciones de entrevistas y así crear un antecedente nefasto para el ejercicio del oficio y la libertad de expresión. Estaba convencido de que debía pelear hasta el final, incluso a riesgo de recibir multas millonarias o allanamientos e intentos de secuestro de mi material”, expresó. “Agradezco mucho a los colegas y juristas que me acompañaron en esta pelea y espero que la valiente actitud de la Corte Suprema de suspender las medidas en mi contra sean el paso previo a una sentencia ejemplar en defensa de la inviolabilidad de las fuentes y los materiales de trabajo de los periodistas, atento al derecho humano a la libertad de expresión de los individuos y el derecho a ser informada de la sociedad en su conjunto”.