Vanesa Soledad Celma murió el 22 de noviembre de 2010. Había sufrido cuatro meses de agonía tras ser rociada con alcohol y prendida fuego por su pareja. El hijo, de 5 años, pudo relatar en Cámara Gesell lo ocurrido, pero la causa fue caratulada como incendio, y los únicos procesados, con el correr del tiempo, fueron tres policías por incumplir sus deberes de funcionario público al no proteger las pruebas. La causa judicial fue archivada en 2016 y la familia de Vanesa recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se investigue la responsabilidad estatal, ya que "la investigación estuvo colmada de irregularidades, malas prácticas, estereotipos y acciones deficientes, con total falta de perspectiva de genero, que derivaron en la resolución de archivo, significando un acto de injusticia e impunidad", expresó la familia de Vanesa en un comunicado, en el que reclaman al estado provincial una respuesta clara en la negociación que llevan adelante para arribar a una solución amistosa.
"A pesar del dolor y la desesperanza, esta familia no bajó los brazos y, en febrero de 2017 recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las graves violaciones cometidas por los Poderes Judicial y Ejecutivo de Santa Fe a las obligaciones de carácter internacional, relativas a investigar, juzgar y sancionar con debida diligencia la violencia contra las mujeres", relata la familia de Vanesa. Tras el femicidio, Eva Domínguez, la cuñada de Vanesa, tomó el pedido de justicia en sus manos: hoy es parte de Familiares Atravesados por el Femicidio, una organización nacional.
La denuncia de la familia de Vanesa está dirigida al Estado Argentino, que es el responsable ante los organismos internacionales que se ocupan de sancionar el incumplimiento de los Tratados sobre Derechos Humanos. "Una vez notificada la presentación de la denuncia al Estado por parte de la Comisión, se inició un periodo de negociaciones entre las partes para intentar arribar a un acuerdo de solución amistosa, que permitiera establecer acciones de reparación y no repetición a cargo del Estado. En las reuniones participaron representantes del Estado Nacional y también de la provincia de Santa Fe, que fue convocada por ser la implicada directa en el asunto", sigue el relato.
Como si no fuera suficiente con la impunidad, tras una primera reunión esperanzadora, empezaron las evasivas y dilaciones. "Creímos que finalmente el Estado reconocería su responsabilidad y se haría cargo de responder, especialmente frente a les hijes menores de edad de Vanesa. Sin embargo, toda esa expectativa se ha transformado en una profunda desilusión, puesto que hace mucho que estamos esperando definiciones de parte del Estado, sobre todo de la provincia de Santa Fe, sin que hasta el momento tengamos respuestas que concreten los anuncios que se nos hicieron", continúa el relato de la familia. Les llevó un enorme esfuerzo presentar una propuesta de agenda reparatoria, pero hasta ahora, nada se concretó. "El efecto ha sido el de perpetrar nuestra desazón y angustia", afirman.
Y dicen, doce años después del crimen: "Hemos esperado suficiente. Pero a esta altura, cada día que pasa es más pesado. Pedimos encarecidamente que el Estado de la provincia de Santa Fe se pronuncie en forma efectiva sobre las medidas de reparación y así frenar la incertidumbre de esta familia, lo que nos permitirá decidir sobre el futuro de la denuncia presentada a la Comisión Interamericana". Ya sufrieron demasiado. "Es momento de que se deje a esta familia poner fin a la impunidad y comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Por la memoria de Vanesa. Por el presente y futuro de sus hijes", afirman.
