3.9 es una mala noticia, es matemática, es economía, es política, y en conjunto es una bola de nieve, un grito de alarma roja para el Gobierno que no acierta a encontrarle la vuelta a la alta inflación que heredó de Mauricio Macri. Como si fueran salvadores, los economistas ortodoxos que fueron los causantes de esta crisis, reclaman las mismas medidas que la provocaron. Pero los andariveles diferentes que ensayó el Gobierno tampoco funcionaron hasta ahora. Para los golpes de tensión existen estabilizadores, un aparato que se instala entre los enchufes y los electrodomésticos. Y en sectores del Gobierno ya se empieza a hablar de que el mercado de comestibles es tan sensible a los golpes de tensión, que necesita un estabilizador entre productores y consumidores, una empresa estatal de alimentos.

La idea fue lanzada el jueves por la vocera oficial, Gabriela Cerrutti.

Como fueron los alimentos y, en especial, las hortalizas, frutas y verduras las que empujaron el índice, explicó que la empresa sería una herramienta para subvencionar a los pequeños y medianos productores y mejorar el transporte.

La derecha no tardó en reaccionar. Los mismos economistas ortodoxos que llevaron la inflación a este nivel, gritaron “¡Argenzuela!” Venezuela es un productor importante de petróleo cuyo precio se hundió y le provocó una fuerte crisis. Argentina es procutora de alimentos cuyos precios no cayeron sino que subieron hasta un nivel récord. Venezuela tiene inflación porque le fue mal con el precio del petróleo. Argentina tiene inflación a pesar de que le fue muy bien con los precios internacionales de los granos. Suena más razonable lo de Venezuela.

Están los que afirman que es especulación, están los que acusan a la emisión, los que apuntan a la devaluación, o al incremento de costos y salarios, a los intermediarios y al transporte. Hay consenso de que se trata de un fenómeno multicausal, pero ningún diagnóstico hasta ahora pudo frenarlo. Las políticas del macrismo de devaluación y aumentos astronómicos de los servicios y las naftas alimentó el proceso de inflación que en el 2015 había llegado al 24 por ciento anual y lo llevó a más del 50 por ciento. Pueden opinar pero no tienen autoridad moral ni técnica para el dedito levantado.

"Normalmente el aumento de precios de los alimentos está por encima de la media inflacionaria, eso quiere decir que hay un ensañamiento con los hogares argentinos y una enorme transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía". Así habló el director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer. El funcionario explicó que "una Empresa Nacional de Alimentos, directamente asociada con los productores, permitirá impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos”.

Pero en el entorno del ministro Martín Guzmán descartaron rápidamente la posibilidad de crear la Empresa Nacional de Alimentos y se indicó que el secretario de Comercio, Roberto Feletti, mantendrá la política de concertación. En la Secretaría de Comercio estiman que los factores estacionales hicieron estallar los precios que arrastraron al índice general. La idea de la Empresa Nacional de Alimentos no es eje de divisiones en el Gobierno. En cambio, sonó como un globo de ensayo lanzado como advertencia a las grandes corporaciones de alimentos que transgreden sin pudor los acuerdos. Fue una forma de avisarles que la idea circula por el Gobierno como último recurso si los precios concertados no funcionan.

Estas corporaciones que monopolizan la producción de alimentos operaron contra leyes como la ley de góndolas o la de etiquetado frontal que fueron rechazadas también por el macrismo. Y hay un juego sincrónico entre esa fuerza política y este sector del poder económico, a pesar de que tres de las cinco grandes corporaciones del sector (Molinos, Arcor y Mastellone, acumularon más de diez mil millones de pesos de pérdida durante el macrismo).

Durante toda la pandemia, los precios de los productos de estas tres corporaciones aumentaron por encima del índice de inflación por lo que en apenas ese primer año tan duro que provocó la crisis económica planetaria más grande en cien años, Molinos, Arcor y Mastellone recuperaron lo que habían perdido con el macrismo.

Los economistas que operan en sincronía con los intereses de estas empresas proponen las mismas políticas por las cuales perdieron fortunas, para oponerse al gobierno que les permitió recuperarse de esas pérdidas. Son políticas que les reconocen su hegemonía, pero que las hacen perder plata. Prefieren las políticas que reconocen sus privilegios, aunque vayan contra el consumo del cual dependen.

Junto con el índice inflacionario, el Indec informó que el consumo había aumentado el 6 por ciento con relación al mes anterior. Y que la industria está funcionando con el 64 por ciento de ocupación de su capacidad instalada, un récord para los últimos años, en los que el macrismo la había reducido a su mínima expresión.

Parecen cifras contradictorias. Por lo menos expresan un proceso desparejo donde lo que se gana por un lado, se pierde por el otro. Sectores populares a los que llegan las políticas distributivas y otros que son más golpeados por la inflación. Cuando los precios que más suben son los de alimentos, los más afectados son los más vulnerables, porque es lo que más consumen. Pero incluso los que se han favorecido, sienten que pierden.

Mucha gente en la calle no conoce la saga de la deuda, y menos cuestiones como el lawfare, pero puede dar clase sobre precios. Los que van a comprar al chino o al verdulero con un papelito para sumar y restar pueden dar cátedra sobre inflación. Además de ser una calamidad para el pueblo que vive de un salario o recibe un plan o la AUH, la inflación también se convierte en la cara visible de un gobierno, aún más que la deuda o un Poder Judicial anacrónico, temas que también son básicos pero no tan visibles.

El gran contrasentido de esta serpiente que se come la cola es que como protesta contra la inflación, un sector amplio de las clases populares se vuelca electoralmente a los que causaron el problema y lo van a profundizar o lo van a reemplazar por otro peor, como hizo Domingo Cavallo con la convertibilidad del uno a uno.

En un contexto donde la inflación no cede, surge el aumento a los servicios. Después de dos años de mantener las tarifas congeladas, la tarifa de la luz aumentó el 9 por ciento el 2021 y ahora el aumento sería del 20 por ciento, con una inflación de más del 50 por ciento. En otra situación, sería un aumento razonable, muy por abajo de la inflación. Pero con una inflación que no se puede controlar es incorporar otro factor que empuja los precios hacia arriba.

Los tiempos de la economía ya no se corresponden con los de la política. La multicausalidad de la inflación no se resuelve de la noche a la mañana ni con una sola medida. Es un proceso progresivo y que lleva tiempo, dicen los economistas. Pero al gobierno le queda sólo este año, no ya para eliminarla, sino para bajarla a niveles más manejables por el gobierno, por las empresas y por las personas. Después entrará de lleno en un año electoral y no será un buen escenario para el oficialismo si no consigue una disminución sensible en la disparada de los precios.